El fiscal patotero que fue denunciado y manda en Nogoyá

09/08/2020

Hace unos días se dio por terminado un caso en que una abogada había denunciado a un fiscal por acosarla. Los episodios narrados, que no se investigaron, muestran a un funcionario judicial con un manejo importante de los resortes de un Estado. Por caso la Policía.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

El 20 de marzo, horas después que se dictaminara la cuarentena en el marco de la pandemia por Covid-19 que empezó a castigar en la Argentina, una abogada de Nogoyá se animó a denunciar a un fiscal de la ciudad. Se trata de María Florencia Alberto. El denunciado es Federico Uriburu.

El hecho comenzó una noche en el bar Nicéforo, donde la abogada pretendía sacarse una foto con amigas y el fiscal gentilmente no solo ofreció hacerlo, sino que puso a disposición su teléfono para luego enviársela. Les había dicho a las mujeres que ninguna de ellas tenía “un buen celular”. Esa actitud no cayó muy bien. No sólo las incomodó por el comentario, sino por la intromisión. Uriburu insistió con sacarle el número a la abogada, que se negó. Ante la negativa, y para continuar la charla, arrancó por el lado de la actividad laboral.

Pasaron los minutos y María Florencia fue al baño. Mientras esperaba que se desocupe, se apareció Uriburu y se le puso atrás. Se dio el siguiente diálogo, según consta en la denuncia policial a la que tuvo acceso Página Judicial:

-Decí que te estoy cuidando.

-Cuidando de qué.

Uriburu ofreció una cerveza y María Florencia la rechazó. Le dijo: “Yo no necesito que me cuide de nada”, a lo que el fiscal, arrinconándola, le contestó: “Vos sos muy linda y sos mujer, yo soy hombre y fiscal”. En ese momento una mujer salió del baño y María Florencia se metió y cerró la puerta. Afuera se empezaron a escuchar gritos. La pareja, Martín Quinodoz, lo encaró a Uriburu y le espetó: “Te querés creer que no me doy cuenta que te estás encarando a mi mujer”. El funcionario volvió a sacar chapa: “Te callás la boca pendejo, soy el fiscal de la ciudad y hago lo que quiero”.

Las tensiones siguieron en el bar, hasta que la pareja decidió retirarse. En el ínterin hubo un forcejeo. Uriburu lo tomó por el cuello a Quinodoz, que estaba sentado frente al volante de su auto para retirarse. Éste se bajó y en el medio lo frenaron para evitar el enfrentamiento corporal con el fiscal.

Cuando llegaron a su casa, María Florencia se percató que tenía mensajes de Uriburu (¿cómo consiguió el número?) en la que le propone que diga que le habían “tocado el pelo” y que él la quiso defender.

Al día siguiente, el domingo 17 de marzo, personal de la Policía se apersonó en el domicilio para notificar a Quinodoz de que había sido denunciado, pero la causa no tenía caratula. Mientras tanto Uriburu había comenzado con una operación que consistía en llamar a la suegra de María Florencia solicitándole una reunión. Lo mismo con Marianela Álvarez, jueza de Paz de Lucas González, jefa de Quinodoz, para preguntarle “qué represalias iba a tomar” contra su empleado. La repuesta fue “ninguna”, porque el asunto estaba enmarcado en el ámbito de lo personal.

Uriburu le propuso a Jonathan Mignola, dueño del bar, que diga que Quinodoz tenía una restricción hacía un mes. Nuevamente encontró una negativa, “porque no era cierto”, contestó el comerciante, según se desprende de la exposición de María Florencia.

Un archivo y un suicidio

La causa de violencia de género es uno de los delitos que no alcanzó a imputarse porque Uriburu y María Florencia no tienen una relación. Por eso la misma se radicó en el fuero Civil y no de Familia.

La denuncia recayó en el juzgado de Andrea Cantaberta, quien dispuso restricciones pero se excusó por la relación con el denunciado Uriburu.

El legajo pasó al juez de Garantías, Gustavo Acosta, que decidió darle intervención a la Fiscalía para que se inicie una investigación y envió una fotocopia del caso al Colegio de Abogados de Nogoyá por entender que había una desprotección de la víctima.

Las excusaciones siguieron, entre ellas las del propio Acosta, y el caso terminó en un abogado del foro que debió actuar como conjuez. ¿A quién le cayó la bolilla? A Maximiliano Navarro, ex asesor de José Ángel Allende cuando éste presidía la Cámara de Diputados. Navarro desestimó la denuncia.

Lo mismo hizo el fiscal coordinador, Gamal Taleb, que cuestionó a Acosta porque debió hacer una denuncia y no enviar copias como hizo al Ministerio Público Fiscal y al Colegio de Abogados. Al mes siguiente, su resolución, fue ratificada por el procurador general, Jorge Amílcar Luciano García.

Acosta pudo haber incurrido en errores procesales, pero ante la posibilidad de episodios de violencia de género, según lo indica la jurisprudencia internacional, los hechos están por encima de las formas. El silencio del Colegio quizás se entienda si se revisan las autoridades. Su presidente es Mariano Navarro, hermano del conjuez que archivó.

¿Algún miembro del Ministerio Público Fiscal peritó el teléfono de Uriburu, del que –según su denunciante – salieron mensajes de textos? ¿Se le tomó testimonio al dueño del bar, a las amigas que estaban con María Florencia? ¿Avanzó la denuncia en contra de Quinodoz? ¿O por lo menos tiene una carátula? Estas preguntas sin respuestas constituyen la zona más grave de toda la historia y que la Cámara Segunda de Apelaciones Civil y Comercial integrada por Valentina Ramírez Amable, Alejandro Galanti, Andrés Manuel Marfil, debe resolver luego de que el abogado de la víctima, Carlos Laferriere, solicite la anulación del archivo y que se le permita aportar prueba y testigos.

Uriburu no sólo pareciera manejar buena parte del Estado municipal, sino que también se lo ha escuchado jactarse de la buena relación que tiene con buena parte de la prensa local e incluso capitalina.

Su nombre se conoció en Paraná a raíz de su inmediatez en los allanamientos en el Convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá.

Luego, en la ciudad, montó un show mediático en un allanamiento en el domicilio de una empleada municipal que aparentemente se quedaba con parte de un contrato de 10 mil pesos. Luego de una jornada de publicidad del procedimiento solo comparable con el Lava Jato, al otro día se encontró su cuerpo colgado de un árbol.

Uriburu se desempeña en carácter de interino. No cuenta, por ahora con el respaldo institucional de haber sido evaluado por el Consejo de la Magistratura, ni el acuerdo del Senado como lo dispone la Constitución.