Se suspendió el juicio del “sueño entrerriano”

06/08/2020

Era esperable la suspensión del juicio contra el ex gobernador Sergio Urribarri y otros ex funcionarios, por el criterio que viene llevando adelante el Poder Judicial de Entre Ríos. El planteo de las defensas y la voltereta en tribunales para que no haya debate: acumulación de causas.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

Con el correr de los días se iba confirmando lo obvio. El almanaque fijaba el 18 de agosto como el día de inicio del juicio oral y público sobre lo que se dio en llamar “sueño entrerriano”, en alusión a la campaña presidencial que emprendió Sergio Urribarri en 2014. Allí se unificaron tres causas: la que refiere al parador que se instaló en Mar del Plata, el pago de una solicitada en diarios nacionales y la contratación de una empresa publicitaria.

Como sucedió con el juicio abreviado a José Allende y los nombres de los conjueces, la noticia fue revelada con bastante anterioridad por la naciente productora de contenidos Primera Toma, en la charla semanal que hacen dos periodistas.

Ese día, 24 de julio, se anunció que la causa del “sueño entrerriano” no iba a comenzar cuando estaba previsto. Mientras circulaba el video empezaron a aparecer noticias que daban cuenta que el Ministerio Público Fiscal estaba analizando la manera en que se iba a desarrollar el juicio. Al mismo tiempo, Urribarri aparecía en Infobae mostrándose en Israel, donde se desempeña como embajador argentino, interesado con que una droga que se usa habitualmente para tratar el colesterol podría ser de gran ayuda para combatir el COVID-19.

En la resolución, a la que tuvo acceso Página Judicial, se rechaza el comienzo del juicio. Los abogados defensores habían esgrimido la irregularidad que significaría llevar adelante un juicio sin los imputados en la sala de audiencias. El Tribunal de Juicio y Apelaciones integrado por Alejandro Grippo, Gustavo Pimentel y Rafael Cotorruelo debía resolver esta situación y el pedido de unificación de tres causas en las que coinciden como imputados Urribarri y Báez. Es decir la causa del sueño entrerriano con el legajo que también involucra a Germán Buffa, en el que se investiga el delito de negociaciones incompatibles en el ejercicio de la administración pública; y la vulgarmente llamada “causa de la vaca”, donde se investiga el desvío de contratos de publicidad en vía pública entre 2010 y 2015 por un monto de 24.204.918,69 pesos.

Los jueces se excusaron para intervenir porque ya lo han hecho instancias anteriores en las otras causas y, por lo tanto, remitieron las actuaciones a la Oficina de Gestión de Audiencias para que conforme un nuevo tribunal que deberá analizar esos pedidos para ser apartados del juicio.

En resumen: el juicio que debía comenzar el 18 de agosto no se desarrollará.

El sueño entrerriano

En esta causa, en la que ya se habían acumulado tres legajos, a Urribarri se le atribuye el uso de fondos públicos para la publicación, en junio de 2014, de una solicitada en 18 diarios nacionales para que todos los sectores se unan contra los fondos buitres, titulada “Acuerdo de Compromiso para la Reafirmación Democrática Argentina”, por la que se pagaron 4.308.500,23 pesos; también por la contratación que hizo con la productora Nelly Entertainment SA, por un monto de 28,4 millones de pesos, en el marco de la Cumbre del Mercosur que se desarrolló en Paraná en diciembre de 2014; y por la instalación del parador playero en Mar del Plata, en el verano de 2015, por el que se pagaron 14.561.870 pesos.

En la causa también están imputados los ex ministros de Cultura y Comunicación y de Turismo, Pedro Báez y Hugo Marsó, respectivamente; y Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, que habría cobrado, según los fiscales, una coima por la instalación del parador playero; la contadora Corina Cargnel, de las empresas TEP SRL y Next SRL, a través de las cuales se habría triangulado el dinero de esas coimas; y el empresario Gerardo Caruso, que montó el parador en Mar del Plata.

También están imputados los ex funcionarios Hugo Félix Céspedes, ex coordinador de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur; y Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de esa comisión especial, acusados por las contrataciones de publicidad.

Las partes solicitaron que se convoque a casi un centenar de personas a declarar. Entre los testigos se cuentan el ministro de Economía Hugo Ballay, el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, el contador general Aurelio Miraglio, los ex presidentes del Tribunal de Cuentas Guillermo Smaldone y su antecesor Hugo Molina e integrantes de los organismos de control, entre otros funcionarios y ex funcionarios provinciales.

También están citados algunos intelectuales de la talla de Horacio González, ex director de la Biblioteca Nacional; y Eduardo Rinesi.

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