El Colegio de Abogados pide abrir la discusión sobre la reforma judicial

04/08/2020

El Colegio de Abogados de Entre Ríos reclamó que se convoque a un debate amplio para discutir la reforma judicial impulsada por el Gobierno nacional. “Una vez más un proyecto nace del poder político sin haber sido precedido de un profundo y transparente debate social”, remarcaron desde la entidad.

De la Redacción de Página Judicial

 

El Colegio de Abogados de Entre Ríos planteó algunos cuestionamientos al proyecto de reforma judicial impulsado por el Gobierno nacional y pidió que se habilite un debate amplio para abordar la crisis en que se encuentra la justicia argentina.

A través de un comunicado, la entidad cuestionó que el proyecto “nace del poder político sin haber sido precedido de un profundo y transparente debate social” e insistió en “ponerse a disposición de los legisladores nacionales entrerrianos a los fines de aportar institucionalmente la perspectiva desde la abogacía con especialistas en cada materia”.

Respecto del proyecto oficial, la institución señaló que “se concentra en la reconfiguración de la justicia penal federal de la ciudad de Buenos Aires, la creación de nuevos juzgados federales con competencia penal en las restantes provincias argentinas y la conformación de una comisión especial para estudiar el funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y el instituto del juicio por jurados” y agregó que “la comisión creada tratará el funcionamiento del Ministerio Público, siendo ésta la parte que asume la investigación y la acusación y la que necesitaría ineludiblemente una transformación cuantitativa importante”.

En la provincia de Entre Ríos, el proyecto plantea la creación de nuevos juzgados federales con competencia penal y, mientras tanto, está en marcha la implementación en forma escalonada del sistema penal acusatorio a través del nuevo Código Procesal Penal Federal.

“La crisis económica de nuestro país también afecta a su servicio de justicia. En octubre pasado el Consejo de la Magistratura declaró la emergencia judicial en los aspectos edilicio y tecnológico, rubros esenciales para brindar un adecuado servicio. La abogacía organizada lleva décadas reclamando mejoras presupuestarias para personal, para edificios y para renovar la tecnología, hoy tan imprescindible. La suspensión de obras en la futura sede del Juzgado Federal de Paraná (ex Comando de Brigada) sirve como un ejemplo de la inexistencia o escasez de fondos suficientes. La pregunta que nos hacemos todos los operadores del sistema judicial es de dónde provendrán esos necesarios rubros presupuestarios”, advirtió el Colegio de Abogados en el comunicado.

También reclamó la necesidad de realizar cambios en el Consejo de la Magistratura de la Nación: “Nuestra Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) ha impugnado constantemente la desequilibrada composición que afecta su diseño constitucional, a través de acciones judiciales y también con la presentación de un proyecto de ley. Hace más de diez años que el Consejo es el campo de batalla de los circunstanciales sectores oficialistas/oposición que se alternan para dominar la selección de candidatos a magistrados y funcionarios, para analizar la conducta de los mismos y para administrar el presupuesto de la justicia nacional y federal. Su composición y su parsimonioso funcionamiento es una deuda con la ciudadanía argentina”, señaló la entidad que preside Alejandro Canavesio.

“Nuestra pretensión es que haya una reforma a todo el sistema judicial con la finalidad de lograr esencialmente el acceso a la justicia, fundamentalmente a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad social y jurídica; la tutela judicial efectiva, continua y expeditiva que brinde seguridad a la ciudadanía; y el respeto al principio de independencia de los magistrados y funcionarios judiciales; como garantías a los argentinos de una justicia democrática. Con esos fines, ineludiblemente se debe convocar a participar a la abogacía argentina organizada, a la misma Corte Suprema, a las asociaciones de magistrados y funcionarios y a los trabajadores judiciales, entre otros sectores más, quienes deben realizar sus aportes en base a la experiencia diaria del funcionamiento del sistema judicial”, agregó el Colegio de Abogados.

Por último, la entidad llamó a “reconstruir la real independencia de los magistrados y funcionarios, como garantía de justicia y lograr revertir esa desconfianza con la que hoy se defiende la ciudadanía”, a la vez que confió en que “solo el diálogo transparente e inclusivo y la razonabilidad argumentativa pueden obtener el necesario consenso constitucional para mejorar el sistema de justicia argentina”.