Revisarán el traslado de jueces y podría impactar en Entre Ríos

31/07/2020

El Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió por mayoría consultar a la Corte Suprema sobre los traslados de un puñado de jueces federales de un cargo a otro. También dará intervención al Poder Ejecutivo, lo que habilitaría la intervención del Senado. Un juez que debería estar en Entre Ríos en la mira. Escuchalo en Audionoticias.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Hay temas que no aparecen usualmente en la discusión pública pero que resultan reveladores de un estado de situación. El traslado de jueces es uno de esos temas que contribuye al desprestigio del sistema judicial.

El “pase” de jueces de un tribunal a otro es un mecanismo previsto por el Consejo de la Magistratura y es una práctica, aunque excepcional, que se realiza desde hace más de veinte años. Los magistrados pueden solicitar su traslado a otro tribunal que se encuentre vacante cuando “no se haya resuelto la convocatoria a un concurso público de antecedentes y oposición para cubrir el cargo (…) condición que no regirá cuando se trate de un mismo tribunal colegiado” y que la vacante a la que se solicita el traslado corresponda a la misma jurisdicción, competencia en materia y grado que el cargo que el juez ocupa.

Se requieren algunas condiciones para el “traslado”: el juez debe dar su consentimiento, debe darse siempre dentro del ámbito de la justicia federal y tiene que ser autorizado por un decreto del Poder Ejecutivo. Y otro más: el magistrado tendrá que tener una antigüedad no menor a cuatro años desde la fecha de posesión de su cargo.

Para decirlo en términos simples y coloquiales, un juez concursa para ocupar un cargo en un tribunal de juicio, por ejemplo, en Entre Ríos y, una vez que ha sido designado, pide su traslado a un tribunal de la provincia de Chaco. Eso efectivamente ocurrió.

El juez Juan Manuel Iglesias fue designado en el año 2015 para integrar el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, aunque todavía no estaba habilitado, pero nunca ocupó ese cargo porque en 2017 hizo una presentación ante el Consejo de la Magistratura solicitando su traslado al Tribunal Oral Federal de Resistencia bajo el argumento de que su familia se radicaría en la República del Paraguay.

El caso de Iglesias es uno de diez que se produjeron en los últimos años y que el Consejo de la Magistratura se dispone a revisar. En ese listado aparece también otro magistrado entrerriano, el juez Germán Castelli, de La Paz, que pasó de un tribunal oral de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, a un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires.

Lo que se cuestiona es que el mecanismo se ha desnaturalizado a partir de algunos incumplimientos, especialmente la falta de intervención del Poder Legislativo mediante el acuerdo del Senado.

El Consejo de la Magistratura resolvió, por mayoría, consultar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los traslados de diez magistrados, incluido Iglesias; y correr vista al Poder Ejecutivo sobre la situación individual y todos sus antecedentes de cada uno, lo que habilitaría la intervención del Senado para completar el tratamiento.

Pulgar para abajo

La discusión en el Consejo de la Magistratura, que es el organismo encargado de la designación y remoción de jueces a nivel nacional, surgió a partir de una iniciativa del representante del Poder Ejecutivo, Gustavo Ustarroz.

En una nota que presentó en la Comisión de Selección de Magistrados planteó la necesidad de revisar algunos traslados que se produjeron durante el macrismo y que el organismo “fije parámetros claros y precisos sobre el instituto del traslado de magistrados”.

La revisión hace foco en diez jueces: Zunilda Niremberger, Juan Manuel Iglesias, Leopoldo Bruglia, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Pablo Bertuzzi, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata. Lo que plantea el representante del Poder Ejecutivo es que el traslado de estos magistrados viola principios constitucionales, en primer lugar, porque no recibieron acuerdo del Senado para ocupar el nuevo cargo; y, en segundo término, porque considera que el Consejo de la Magistratura se excedió en sus atribuciones al autorizar los “pases”.

Abierto el debate, algunos consejeros admiten que actualmente no existe normativa que regule los traslados, aunque la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha fijado algunos parámetros en dos acordadas que dictó en 2018.

Lo que dice la Corte Suprema es que el mecanismo de traslado de jueces nacionales a federales es “un sistema de marcada excepcionalidad” y “en ningún caso podría desnaturalizar el procedimiento constitucional de selección de magistrados”. Pero aclaró que no es necesario el acuerdo del Senado para que se concrete el “pase” porque esos jueces ya tenían acuerdo previo.

Lo cierto es que más allá de las discrepancias internas, los consejeros coinciden en la necesidad de avanzar con una normativa que ponga fin al debate.

¿Qué podría pasar entonces? Si se determina que alguno de los traslados estuvo mal hecho se podría volver atrás, es decir, el juez tendría que regresar a su tribunal de origen, siempre y cuando la vacante no haya sido cubierta. Es una posibilidad y algunos de los jueces cuyo traslado estará en revisión adelantaron que si eso pasa judicializarían la decisión. Por lo pronto, cualquiera fuera la resolución del caso, la Corte Suprema invocó un “principio de preclusión” procesal, por el cual se declaran válidos los actos procesales realizados por los jueces aun aquellos cuyo traslado se considere irregular, precisamente para evitar cualquier reclamo de las personas que han sido sometidas a proceso.

Ahora bien, ¿por qué el traslado de jueces vuelve a la discusión pública? Es un tema que debe leerse en clave política, en medio de la anunciada reforma judicial y con la designación de Daniel Rafecas como procurador todavía en veremos. Para ambos casos el Gobierno deberá negociar con la oposición y como la mayoría de los traslados son de jueces del interior país, se abre ahí una vía de negociación.

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