Esfuerzos por embarrar la causa de los contratos truchos 

27/07/2020

Una pericia sobre filtración de información sensible puso a la investigación por la causa de corrupción más importante de la provincia bajo la lupa. Un cúmulo de episodios que serán merituados en algún momento del proceso. 

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

La causa de los contratos truchos en el seno de la Legislatura recibe, nuevamente, un golpe. Esta vez a raíz de supuestas filtraciones que partirían del Ministerio Público Fiscal a medios de comunicación. Nadie da nombres. No es necesario. En el círculo rojo alrededor de Plaza Mansilla todos saben quienes son los actores de esta nueva novela. 

El periodista Néstor Bellini reveló este sábado en El Diario que abogados defensores realizaron una pericia informática en la que cuyo resultado muestra que los metadatos de los archivos de dos notas publicadas en un sitio digital el 17 de noviembre de 2018 y el 18 de junio de 2020 se “han sido generados desde el MPF y establece como autor a Cecilia Goyeneche”, es decir la procuradora adjunta y entonces coordinadora de la causa. Esa pericia fue presentada al Colegio de Abogados de Entre Ríos, seguramente para darle un marco de institucionalidad. La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) recibió a un grupo de abogados,quienes manifestaron preocupación por supuesta filtración de información de la que ellos desconocían. 

El modo en que una información llega a un medio de comunicación difícilmente haga incurrir a ese medio o periodista en un delito, en todo caso explicita el marco ético y moral del comunicador. ¿Es delito publicar información proveída por un agente de la Agencia Federal de Inteligencia? No. Diferente es cuando esa información se utiliza para la extorsión. De eso, entre otras cosas, está procesado el periodista Daniel Santoro y espía Marcelo D’Alessio. De todas maneras, lo que los abogados cuestionan es que se enteraron por los medios de información que ni siquiera ellos como representantes legales en un legajo conocían.

El otro nombre con despacho en tribunales que aparece en la pericia como autor de la supuesta filtración es Gustavo Morabes, quien el 15 de abril del 2016 fue designado por Jorge García Oficial Mayor del Ministerio Público Fiscal. Morabes supo trabajar para periodistas. 

La causa de los contratos truchos, la más importante en materia de corrupción en la provincia, cada tanto se empaña por malas praxis judiciales. 

Goyeneche, al frente de la investigación durante el período más importante, decidió arrestos. Página Judicial reveló oportunamente que su esposo, el contador Sebastián Orlando, tenía una relación laboral con uno de los estudios Integral Asesoría cuya cara visible es el imputado Pedro Opromolla, quien no fue detenido pese a tener responsabilidades similares a los integrantes del otro estudio contable que sí estuvieron en la Unidad Penal de Paraná. 

No fue suficiente para que se excusara. 

Luego se conoció que la procuradora adjunta tenía una relación comercial con Opromolla. Ambos, propietario de un departamento, lo tenían en alquiler. Goyeneche lo desmintió en audiencia pública. Y no se excusó. 

Una segunda propiedad a nombre de Opromolla y Goyeneche saltó cuando en el marco de la causa los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry embargaron bienes de los imputados. No quedó lugar para otra cosa que dar un paso al costado. 

Toda la información que se conoció sobre la procuradora adjunta, su esposo y Opromolla no surgió de informes de inteligencia, ni carpetazos de la política, sino del propio legajo que llevan adelante los fiscales. 

Todo esto será expuesto en el juicio oral y público, como así también una tonelada de prueba sobre el sistema por el cual se produjo el desfalco en el Poder Legislativo durante 10 años, del 2008 al 2018.  

La causa llegará a la Sala Penal del STJ. Los vocales de ese organismo, críticos de la Procuración General, analizarán los pedidos de nulidad de las defensas. Todo podría volver a foja cero. 

No solo no habrá segunda parte, la más importante y la que investigaría a la cabeza del poder político, sino que podríamos quedarnos también sin la primera.