La guerra del STJ que golpeó a trabajadores

15/07/2020

Un vocal envió una nota al presidente del cuerpo para revocar lo actuado en la sentencia por la cual empleados municipales perdieron un litigio en el que se discutía la estabilidad. 

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) está sumergido en internas que se reflejan en los fallos. Esa es la verdadera tragedia del Poder Judicial en Entre Ríos. En los casos que rozan la política lo que se espera no es un acto jurídico, sino un resultado deportivo. ¿Cómo salió equis amparo?. El cuadro es dramático. 

La última disputa fueron los amparos presentados por un grupo de trabajadores contra la Municipalidad de Paraná. La interpretación de esas peticiones, en la que se hacía foco en la estabilidad laboral, fueron disímiles. Esto hizo que el STJ debiera reunirse en plenario para resolver la cuestión. 

Con el voto del presidente del cuerpo, Martín Carbonell, el partido salió en favor de Adán Bahl. Si bien el Intendente personifica una gestión de gobierno, el reclamo fue contra el Estado patronal, que en el marco de esta demanda, sentó una jurisprudencia peligrosa en materia de derechos laborales cuyo argumento es el ingreso a la planta de personal sin concurso.

Es Sergio Varisco quien debería dar explicaciones por las contrataciones en las que, por ejemplo, se obvió el concurso. El radical estuvo al frente de la gestión anterior y contrató personal sin concurso y aparentemente sin presupuesto, de hecho tiene una causa judicial por cuestiones administrativas que no ha avanzado en nada. Lo cierto es que esos empleados mal o bien contratados perdieron en derechos que debería garantizar el Estado. ¿Se están haciendo concursos en la actual gestión? No.

Cuando la política se judicializa los dirigentes ganan o pierden una batalla. Acá perdieron los trabajadores, con un precedente que revisará la Corte Suprema de Justicia.

Guerra 

Las distintas sentencias en el caso derivaron en que las partes, es decir la Municipalidad y los trabajadores, apelaran a la constitución del plenario para resolver la cuestión. La nueva ley de procedimientos constitucionales reformada el año pasado estableció que los amparos no los resolvería la Sala Penal, como lo venía haciendo, pero tampoco el pleno de nueve vocales como había sido en otras épocas. Se optó por una fórmula intermedia que consiste en sortear a cinco vocales.

En el primer fallo, el STJ resolvió favorablemente a la trabajadora Muñoz Manuela con votos de Bernardo Salduna, Emilio Castrillón y  Daniel Carubia. El segundo fue también favorable para Silvana Gómez, con los votos de Miguel Ángel Giorgio, Carubia y Castrillón. Y el tercero favoreció a la gestión de Bahl con votos de Claudia Mizawak, Germán Carlomagno, y Juan Ramón Smaldone.

De los diferentes sorteos se deduce quienes coinciden con uno y otro criterio. Esto hizo que en favor del trabajador estén Carubia, Salduna, Giorgio y Castrillón. Mientras que por lo que pretende el Estado patrón Carlomagno, Smaldone y Mizawak.

Faltaban dos vocales: Susana Medina, que debió votar pero el proceso fue suspendido para que resuelva el plenario de nueve; y Martín Carbonell, que no fue sorteado porque es el presidente del STJ.

Antes de la gran final se filtró un borrador con el voto de Medina en el que favorecía a los trabajadores, cosa que finalmente no sucedió. Esa posible fake news fue descartada por la misma vocal cuando en el fallo final hizo referencia a lo que se había publicado en algunos medios. Se refirió a esa sentencia como “un borrador”. Osea, era cierto, pero evidentemente cambió su postura. ¿Qué la hizo cambiar? 

Todos estos episodios derivaron en una nota que envió Salduna el 2 de julio al presidente del STJ impugnando la conformación del plenario. Solicitó la revocatoria de la última sentencia por la cual se sentó el precedente porque no estaba presente y no había mayoría. La misma fue rechazada por improcedente. 

La falta de concursos en el Estado es un viejo reclamo de los gremios estatales. En rigor de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). El Régimen Jurídico Básico no consiguió que la política, en todas sus expresiones, apruebe la ley en 20 años. Sin marco regulatorio, los trabajadores disputaron la estabilidad en la Justicia. La política fue parte de este litigio afuera y adentro de tribunales. Perdieron los empleados.