Tambalea el acuerdo de Allende

18/06/2020

La presentación de la ministra Sonia Velázquez en sede judicial pone en jaque el acuerdo entre la defensa del ex diputado José Ángel Allende y la Procuración General. ¿Cuál es la política criminal en materia de género que estableció el Ministerio Público Fiscal?

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

El acuerdo de juicio abreviado de José Ángel Allende entró en un túnel del que se desconoce la salida. Esa es la noticia. La certeza de que no había otra posibilidad que ratificar lo acordado entre la Procuración General y la defensa comenzó a empañarse en los últimos días.

El ex diputado provincial tiene cerrado un acuerdo que implicaría una condena de dos años y ocho meses de prisión condicional, entregar su casa del Parque Urquiza valuada en 720.922 dólares; y otra en el centro de Paraná que tiene un valor de 378.289 dólares. También deberá pagar una multa de tres millones de pesos. Todo eso por el delito de enriquecimiento ilícito en más de un millón de dólares; por haber agredido a la ministra de Salud, Sonia Velázquez, lo que se constituyó en una causa de violencia de género con el testimonio de otros funcionarios; y por las amenazas al periodista Martín Carboni. En este último caso, el fiscal Álvaro Piérola ya había elevado la causa a juicio y adelantado que pediría una pena de dos años de prisión condicional.

Tras conocerse el acuerdo, luego de la publicación de Página Judicial, la ministra manifestó en la prensa su malestar por la propuesta de la que se beneficiaría Allende. Esa expresión, sin embargo, se plasmó en una presentación judicial en la que Velázquez rechazó el acuerdo al entender que la unificación de las causas no tiene un criterio que permita juzgarlo en un solo acto.

El tribunal integrado por José María Chemez, Carolina Castagno y Alejandro Cánepa deberá refrendar o rechazar ese acuerdo que alcanzaron Leopoldo Lambruschini, en representación de Allende; la procuradora adjunta Cecilia Goyeneche, el fiscal de género Leandro Dato y los fiscales Laura Cattáneo y Piérola.

No hay demasiados antecedentes en la jurisdicción de que un tribunal rechace lo acordado por las partes. Sucede que en este caso, Velázquez y Carboni se manifestaron en desacuerdo y poco o nada pueden hacer, ya que no se habían presentado como querellantes.

Velázquez y Carboni quedaron presos de un sistema que, quizás, debería corregirse. ¿Por cuestiones técnicas pueden las víctimas tener que aceptar algo que los ofende?

Por directivas de la Procuración General, en los casos de violencia de género, los fiscales toman como vinculante la opinión de la víctima. Esto no surge de la ley, sino de la política criminal establecida por el procurador Jorge García. Esto, posiblemente, sea una conquista social producto del contexto y la nueva sensibilidad ante el machismo milenario que en el siglo XXI se han propuesto a remediar.

Con la negativa de la víctima, en este caso, Velázquez, el fiscal Dato puede levantar el pedido de abreviado en lo que incumbe al delito de género. De no hacerlo, la última palabra la tendrá el tribunal. El 1° de julio.