El concurso del Tribunal de Cuentas, en llamas

12/06/2020

Se deciden los cargos más importantes en el organismo de control. El proceso de selección quedó empantanado en una serie de impugnaciones susceptibles.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

El concurso por el Tribunal de Cuentas debería recoger más atención de la que recibe. En el vapuleado organismo de control, con toda la razón, se está por definir quiénes lo presidirán y ocuparán los cargos más relevantes de esa estructura capaz de complicarle la vida a un gobernante o funcionario.

Se cumplieron dos de las tres etapas del proceso. Es decir, antecedentes y oposición. Resta la entrevista. Para la presidencia del organismo, la diferencia entre el primero y el segundo es mínima. El diputado justicialista Diego Lara se impuso por 0,15 puntos al presidente interino Federico Tomas, según publicó la agencia APF.

El 13 de julio el Tribunal de Cuentas cumpliría cuatro años con un presidente interino, luego de la salida de Guillermo Smaldone tras una larga polémica en el Poder Judicial que no se resolvió. Desde aquella salida hubo idas y vueltas para que se constituyera un jurado. El primer escollo fue, precisamente, aprobar una ley que reglamente el concurso, como lo establece la Constitución, que fue el motivo por el cual el caso Smaldone fue judicializado.

En Casa de Gobierno, cuando eligieron a Tomas para presidir el organismo tras la salida de Smaldone, el criterio fue acudir al abogado más antiguo de la casa.

Pasaron tres años y se abrió finalmente el concurso. Días antes se conoció una reglamentación del Ministerio de Gobierno que fue comentada por los interesados para titularizar cargos. A través del Decreto Número 2.664, se modificó el régimen en el ítem “Antecedentes Profesionales”. Hasta ese momento, los candidatos debían presentar sus antecedentes en cargos públicos y en el ejercicio libre de la profesión. La norma actual incorporó una nueva clase: “Antecedentes en el ejercicio de funciones inherentes al control y juzgamiento de funcionarios públicos, desarrolladas en organismo de naturaleza constitucional”. En el Tribunal de Cuentas lo decodificaron de la siguiente manera: la reforma está hecha para alguien que haya integrado un organismo de control o juzgamiento. Por ejemplo, el Jurado de Enjuiciamiento. ¿Quién se favorecería entonces? Lara.

La advertencia quedó en el mundillo que convive en el edificio de Andrés Pazos y Corrientes.

Conocidos los resultados en el Consejo de la Magistratura –a los que tuvo acceso Página Judicial– se puede observar una ola de impugnaciones a los puntajes que se otorgaron por antecedentes. Varios integrantes del propio Tribunal de Cuentas que están concursando, entre ellos, Tomas y Ricardo Genolet. A ambos, que tienen varios años en el organismo, se les otorgaron menos puntos que a la trayectoria profesional de Lara y Héctor Bergara, quienes no tienen desempeño en lo que respecta al control público. Los perjudicados impugnaron. Otro ejemplo se dio en el ítem puntaje por especialidad. Miguel Ángel Arrúa Gobo, que figura como director y coordinador de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno, obtuvo más puntos que Nanci Vinagre, que es asesora jurídica del Tribunal de Cuentas. Ésta última también impugnó. Pareciera que integrar el organismo de control es una tragedia para quienes quieren concursar por un lugar en donde se desempeñan. Exactamente al revés que lo que sucede en el Poder Judicial.

Las impugnaciones prometen estirar más los plazos y el organismo de control finalmente apagará la cuarta velita con su interinato. Mientras tanto, en el Tribunal de Cuentas crece el malestar.

El entorno de Gustavo Bordet no ha dejado trascender la inclinación por un candidato. Lo que está en juego es trascendente. El Tribunal de Cuentas suele ser un aportante de pruebas determinante en causas judiciales, básicamente las de corrupción.

En la esquina de Andrés Pazos y Corrientes el candidato es el viejo amigo. En Plaza Mansilla reina el mutismo. Y las sospechas.