El barrio privado Amarras, otra vez a la Corte Suprema

19/05/2020

Un fallo del Superior Tribunal de Justicia hizo lugar al recurso extraordinario federal para recurrir nuevamente al máximo órgano de justicia. El abogado peticionante cargó en duros términos contra los vocales por los episodios de los últimos días.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

El 12 de julio de 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo de enorme trascendencia para la protección de los humedales y el medio ambiente al disponer el cese de las obras de construcción de un barrio privado Amarras en la ribera del río Gualeguaychú.

Sin embargo, este martes, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) resolvió hacer lugar al recurso extraordinario federal presentado por la Municipalidad de Pueblo General Belgrano –donde está emplazado el barrio privado– para recurrir nuevamente a la Corte Suprema, que ya había rechazado los recursos de apelación interpuestos por las partes demandadas, confirmando la sentencia de la primera instancia y, en consecuencia, hizo lugar a la acción colectiva de amparo ambiental promovida por Julio Jesús Majul contra la Municipalidad de Pueblo General Belgrano y la empresa Altos de Unzué SA.

La firma –propietaria del emprendimiento inmobiliario Amarras de Gualeguaychú–, junto a la Municipalidad de Pueblo General Belgrano, fueron habilitados por el STJ para avanzar en la última instancia posible para recurrir la resolución que ordena el desmantelamiento del complejo habitacional cerrado. El fallo lo firmaron Emilio Castrillón, Claudia Mizawak y Juan Ramón Smaldone. En disidencia lo hizo Miguel Giorgio.

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La Corte Suprema y el enojo de Majul

Hace un año, el máximo tribunal, con la firma de los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, dejó sin efecto la sentencia del STJ que había rechazado la acción de amparo promovida por el ex senador provincial Julio Majul para que cesen las obras y se reparen los perjuicios ambientales producidos por la construcción del barrio privado. En lo concreto, la Corte Suprema ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento.

El fallo, además, aportaba cuestiones novedosas: por un lado, destacó la importancia del cuidado de las cuencas hídricas y los sistemas de humedales, como también el derecho a vivir en un ambiente sano; y por otro lado, resaltó dos principios de precaución y prevención a favor de los recursos naturales: “in dubio pro natura” e “in dubio pro aqua”, es decir, priorizar la defensa de la naturaleza y el agua en caso de duda.

También mandó a los supremos entrerrianos a estudiar la legislación provincial. Es que el proyecto inmobiliario se desarrolla sobre una zona de humedales denominada “Reserva de los Pájaros y sus Pueblos Libres”, que está protegida como área natural por la Ley Número 9.718, sancionada en tiempos en que Claudia Mizawak era fiscal de Estado, algo que no podía pasar por alto. Mizawak, precisamente, había rechazado el recurso extraordinario ante la Corte Suprema.

El peticionante, Majul, se expresó en su red social Facebook al conocerse el fallo. Lo hizo con picardía al meterse en los episodios ocurridos en los últimos días en que vocales se denunciaron a través de la prensa poniendo al Poder Judiciañl nuevamente en el ojo de la tormenta.

El Barrio Náutico Amarras de Gualeguaychú es un emprendimiento inmobiliario desarrollado en un área natural protegida, en jurisdicción de la localidad de Pueblo General Belgrano, justo frente a la ciudad de Gualeguaychú. Está emplazado sobre una fracción de terreno de 445 lotes, con la proyección de construir 200 viviendas de lujo –algunas de ellas con frentes náuticos– y un hotel de 150 habitaciones.

El complejo pertenece a la empresa Altos de Unzué SA, constituida el 26 de marzo de 2008, con domicilio en calle Teniente General Juan Domingo Perón 1410, cuarto piso, en la Ciudad de Buenos Aires. Como socios figuran Claudio Gabriel García Tricoli y Carlos Alberto Mica, aunque se sospecha que son apenas la cara visible del emprendimiento, hombres de paja de un alto funcionario del gobierno nacional.

Las obras se iniciaron en 2012, a pesar de no contar la empresa con las correspondientes autorizaciones –aunque tiempo después recibió un certificado de aptitud ambiental emitido por la Secretaría de Ambiente–, primero con tareas de desmonte que provocaron la destrucción del monte nativo y daños a la flora y al ambiente; y luego con la construcción de enormes diques que alteraron el curso del río. Es que el proyecto se emplaza dentro del valle de inundación del río Gualeguaychú, que forma parte del curso de agua y le permite evacuar los importantes caudales que pueden sobrevenir en épocas de creciente.