Moyano fue inhabilitado para ejercer como médico

18/05/2020

El Ministerio de Salud suspendió la matrícula del médico Hugo Mario Moyano, condenado por delitos cometidos durante la dictadura. En la resolución se consignó que “la administración pública siempre tiene que actuar teniendo en cuenta las exigencia y las necesidades del interés público”. El represor deberá cerrar su consultorio.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

El Ministerio de Salud de Entre Ríos decretó la suspensión de la matrícula profesional del médico Hugo Mario Moyano, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, e instó al represor a cerrar su consultorio y abstenerse de ejercer la profesión.

La Resolución Número 1.369, que lleva la firma de la ministra Sonia Velázquez, señala que “la administración pública siempre tiene que actuar teniendo en cuenta las exigencias y las necesidades del interés público” y “si este principio fuera transgredido, los actos dictados con violación del mismo aparecerían como viciados e injustificados como resultado de una sustancial desviación del poder”.

Moyano fue condenado a diez años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua por la imposición de severidades, vejaciones y apremios ilegales en perjuicio de cuatro víctimas e imposición de tormentos agravados de otros tres detenidos políticos durante la dictadura. Cumplió esa condena, pero está imputado en otra causa que está a despacho de la jueza para que se dicte sentencia, con un pedido para que sea condenado a veinte años de prisión.

En diciembre de 2019, habiéndose agotado la pena, el represor hizo un planteo ante la justicia federal solicitando que se le permita volver a matricularse como médico y sostuvo que “no existe impedimento legal para ejercer el arte de curar” (sic); e inexplicablemente el Registro Nacional de Reincidencia le otorgó un certificado en el que dice que carece de antecedentes penales.

En la provincia no existe un colegio médico, por lo tanto, el único organismo que concede matrícula profesional a los médicos es el Ministerio de Salud y los profesionales deben hacer una actualización cada cinco años. Moyano está registrado desde 1973 pero tenía la matrícula suspendida por haber sido condenado por delitos de lesa humanidad. En febrero de 2020 completó los trámites ante la Coordinación de Registro y Fiscalización de Profesionales de la Salud del Ministerio de Salud para rehabilitar su matrícula y volver a ejercer, y había sido rehabilitado.

Moyano también estaba habilitado según los registros de profesionales del Ministerio de Salud de la Nación, donde se consigna que tenía la matrícula activa.

En las cartillas de prestadores de las obras sociales el nombre de Moyano aparece como profesional que atiende en los Consultorios Médicos Paraná, en calle 9 de Julio 329, donde tenía su consultorio hasta que fue detenido el 5 de junio de 2009. Así lo denunció la Obra Social del Personal de Prensa de la República Argentina (Osppra).

Según pudo saber Página Judicial, el represor también hizo trámites ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, un organismo que relaciona a los profesionales con las obras sociales y empresas de medicina prepaga. Entre los meses de febrero y marzo, Moyano concurrió personalmente a la sede del organismo nacional en Paraná al menos en tres ocasiones para informarse sobre qué documentación debía presentar para actualizar su matrícula (por ejemplo, un certificado de ética) y ser incluido en los listados de prestadores. Pero no presentó ningún papel ni completó el trámite.

De igual modo lo hizo ante el Círculo Médico de Paraná –aunque desde la entidad tomaron distancia–, que se encarga de tramitar el cobro de los honorarios de los profesionales ante las obras sociales y empresas de medicina prepaga.

El doctor en la tortura

Moyano nació en Santa Fe hace 71 años. Llegó a Paraná en 1973, con 24 años, se matriculó y enseguida comenzó a trabajar como médico de la Fuerza Aérea Argentina, según dijo, “por la sola razón de una necesidad económica”. La misma motivación lo llevó, en 1976, ya consumado el golpe militar, a ingresar al Servicio Penitenciario como médico de las cárceles paranaenses. “Era muy joven, recién recibido, necesitaba trabajar, hacerme de un buen nombre en la sociedad”, diría hace unos años ante la justicia.

Atravesó la etapa más dura de la represión ilegal como agente civil de la Fuerza Aérea, hasta 1979, y abandonó su tarea en las unidades penales recién cuando el gobierno constitucional lo obligó a optar entre eso y su trabajo en los hospitales públicos. Llegó a ser jefe de clínica médica del Hospital San Martín y también cumplía funciones en el Hospital Materno-Infantil San Roque.

Ex presos políticos contaron que mientras estaban en cautiverio eran retirados de las cárceles de Paraná y trasladados al centro clandestino de detención que funcionó en el Batallón de Comunicaciones, a una casa de torturas que había en cercanías de la Base Aérea o dentro mismo de la unidad penal, donde también eran sometidos a tormentos. La presencia de Moyano ha sido señalada con frecuencia en esos lugares e incluso en los libros de guardia del Servicio Penitenciario constan también las salidas de los detenidos políticos para ser atendidos en el Hospital Pasteur, donde trabajaba Moyano.

Por esos hechos fue condenado a diez años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer un empleo o cargo público. Esto supone que Moyano no podría trabajar, por ejemplo, en un hospital público. Las leyes argentinas contemplan, además, una inhabilitación especial, como pena complementaria a la prisión, cuando para los casos en que hubiera una incompetencia o abuso en el ejercicio de una profesión cuyo desempeño requiera de una habilitación especial, como es el caso de la medicina. Pero no es la pena que se le impuso a Moyano en la denominada megacausa Área Paraná.

Sin embargo, en la resolución ministerial se aclara que la inhabilitación absoluta que se le impuso a Moyano “exhibe una total falta de adecuación actual al ordenamiento provincial vigente e impone la necesidad de suspender la matrícula hasta que siga vigente la manda judicial”.

Pero la historia no termina aquí. En el plenario de la megacausa Área Paraná, Mariana Fumaneri, ex detenida política, contó que estando en la cárcel, una compañera de cautiverio, Gloria Tarulli, debió ser atendida por una descompostura. El médico de la unidad penal era Moyano, a quien Fumaneri describió como un hombre alto, bien peinado y con “olor a limpio”, como si acabara de salir de la ducha. “Sentí que era la misma persona” que la había revisado mientras la torturaban en los calabozos del Escuadrón de Comunicaciones del Ejército.

Precisamente por las torturas que sufrió Tarulli, entre agosto y octubre de 1976, es que Moyano está procesado y a la espera de que se dicte sentencia en la causa Área Paraná II.

La ex detenida política dijo haber visto a Moyano cuando era torturada en la casita de la Base Aérea. Relató que le aplicaron picana eléctrica en distintas partes del cuerpo y en las encías, mientras estaba desnuda y atada de brazos y piernas a un camastro. Después volvió a verlo en la casita, en la casa del director –otro sitio de torturas– y también la cárcel de mujeres, donde la atendió por un ataque de epilepsia y le dijo que no tenía nada, por lo que no le dio ninguna medicación ni tratamiento.

En agosto de 2019, la jueza Beatriz Aranguren, que tiene a su cargo la etapa del plenario de esa causa, dispuso la excarcelación de Moyano. La medida fue recurrida y revocada por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, y ahora se encuentra pendiente de resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Y entonces? Los abogados Lucía Tejera, Sofía Uranga y Marcelo Boeykens, que representan a las víctimas, pidieron a la Cámara Federal que aclare si el médico está en libertad o debe permanecer detenido, en cuyo caso, advierten, habría violado la prisión domiciliaria.