Cambiemos no quiere vacaciones de invierno en los tribunales

12/05/2020

El presidente de la bancada de la oposición en Diputados presentó un proyecto para que no haya receso en el Poder Judicial. Por otra parte, otro legislador advirtió sobre la causa de los “contratos truchos” en la Legislatura.  

De la Redacción de Página Judicial 

 

El receso judicial extraordinario dispuesto por la cabeza de Poder Judicial y las restricciones impuestas desde mediados de marzo trajo cuestionamientos desde la comunidad judicial, pero también política.

El presidente del bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados, Gustavo Cusinato, sostuvo que el receso judicial extraordinario dispuesto por la cabeza de Poder Judicial y las restricciones impuestas desde mediados de marzo “significan en los hechos que desde el inicio del año 2020 los Tribunales Judiciales y su personal, con las excepciones dispuestas de la superioridad han prestado servicios durante tan sólo 28 días hábiles”, computando la feria judicial de enero, sábados, domingos y feriados.

El cálculo está contenido en los fundamentos de un proyecto de resolución que impulsa el legislador y que pide la suspensión de la feria judicial invernal como una “adecuada y pertinente medida del Superior Tribunal de Justicia para recuperar jornadas laborales perdidas y regularizar un servicio público esencial como lo es el servicio de justicia”.

La iniciativa se hace eco de un reclamo generalizado de los abogados matriculados de la provincia de Entre Ríos que, a su vez, reciben planteos de sus clientes sobre la necesidad de regularizar la actividad judicial. El Colegio de Abogados de Entre Ríos lamentó “profundamente la prórroga de la suspensión para habilitar la totalidad de los procesos” que dispuso el Superior Tribunal de Justicia (STJ).  “Como lo hemos manifestado desde que comenzó la Emergencia Sanitaria en el país, el servicio de justicia debe ser considerado una actividad esencial del Estado”, se expresó desde la entidad.

“Las sucesivas prórrogas del ASPO (Aislamiento Social Preventivo Obligatorio) repercutió sensiblemente en la actividad judicial debido al Receso Judicial Extraordinario dispuesto por Acuerdo Especial del STJ fechado el 15/03/2020 al mantenerse las restricciones de concurrencia a los lugares de trabajo, la suspensión de plazos procesales y administrativos con prestación mínima del servicio y limitadas excepciones (medidas cautelares, protección de personas, perjuicios irreparables ante la falta de actuación judicial, actuaciones sobre presos y detenidos, amparos y otros), suspensión de audiencias judiciales, subastas y otros trámites, a pesar de la Acordada del 27 de abril que intenta resolver con limitaciones este desajuste mediante pautas de trabajo para que los letrados puedan reiniciar sus actuaciones litigiosas”, se lee en los fundamentos del proyecto que dio a conocer el sitio Página Política.

El jefe del interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados señala que estas disposiciones afectaron y afecta aún hoy la actividad profesional de los abogados y el acceso a la justicia de las personas, que “ven restringido su elemental derecho a la jurisdicción (art. 65 de la Constitución de Entre Ríos) por causas sanitarias que razonablemente justificaron una paralización del servicio de justicia a mediados de marzo de 2020 pero que deben ser equilibradas con un paulatino, ininterrumpido y decidido retorno a la normalidad”.

Contratos truchos

 Eduardo Solari, integrante del bloque que conduce Cusinato, publicó una columna de opinión que lleva su firma con una inquietante interpelación al Ministerio Público Fiscal.

El radical, que requirió información a la Procuración sobre el estado de causas de corrupción, dijo ver con “beneplácito que continúen las investigaciones sobre lo ocurrido” en la causa conocida como “contratos truchos en la Legislatura” y en los que los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro llevan adelante el caso.

“El miércoles último se reanudaron las pericias contables, y continuarán, lo que seguramente acelerará todo el proceso. Esto es auspicioso. Sin embargo, no se entiende cómo se puede pretender que se considere seria, eficaz, completa, profunda e independiente a una investigación que sólo pesquisó e imputó a actores secundarios y de reparto en esta saga, dejando al costado a quienes resultan ser, por acción u omisión, los protagonistas de este enorme e insoportable hecho de saqueo de fondos públicos y quienes más han usufructuado de esos fondos ilegal e ilegítimamente apropiados”, se despachó el radical.

Y agregó: “No es admisible ni tolerable que desde el Ministerio Público Fiscal se diga tan liviana e irresponsablemente que estos imputados serán juzgados en una primera etapa y que luego se hará lo propio con el resto que detentaron mayores responsabilidades. No podrá haber dos juicios. Deberá haber uno solo y con todos los implicados, desde los máximos funcionarios hasta los de menor incidencia. Lo contrario, significaría consagrar un írrito y canallesco acto de discriminación e impunidad contrario a la ética republicana e impropio de un Estado de Derecho”, cerró.