No hay policías imputados, pero sí gente del barrio

04/05/2020

Se iniciaron dos investigaciones luego de un hecho en el que agentes policiales ingresaron a viviendas en Villa 351 a los tiros y sin autorizaciones de allanamiento. La Justicia sólo imputó a vecinos por atentar contra los agentes de la fuerza.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

La noche del 1º de Mayo en la Villa 351 de Paraná fue un calvario. También para autoridades estatales que pretendían saber qué había sucedido sobre el final de la jornada del Día del Trabajador.

Habían pasado apenas unos minutos de la medianoche y Anabella Albornoz, de Suma de Voluntades y funcionaria municipal, daba vueltas por la ciudad junto a un puñado de mujeres de la Villa 351. Iban de tribunales al Hospital San Martín y de ahí a la Comisaría Quinta. “Me dicen que están en Tribunales. Ahí nos trataron muy mal. Nos dijeron que no, que están en la Comisaría Quinta. Ahí tampoco”, repasaba, en esos momentos de angustia, la funcionaria en declaraciones a Página Política. Ver crónica y videos aquí.

La noche del viernes se había convertido en una cacería. El hecho se inició cuando policías que seguían a presuntos delincuentes se metieron a la Villa 351 donde en un comedor comunitario se había servido locro. Una vecina lo narró de la siguiente manera a Canal Once: “De golpe, cuando lavábamos las cosas, se sintieron detonaciones. La Policía y fuerzas especiales habían entrado por el lado de la vía. Empezaron a tirar con balas de goma. Tenían problemas con un grupo de vecinos de la otra punta de la villa. Hay mucha gente herida. Entraron dándole tiros a toda la gente que estaba sobre la plaza. Hay mamás heridas, yo tengo una detonación de goma en el ojo, hay chicos heridos”, relató la vecina, Sandra, que aseguró que “la Policía hace lo que quiere con la gente con el asunto de la pandemia”.

La versión de la Policía dice que acudió al lugar tras recibir un llamado que daba cuenta de que había en el barrio un altercado entre dos familias que había terminado a los tiros. Llegados los agentes -según su versión- fueron atacados a tiros, lo que provocó roturas en móviles policiales y heridas en el personal. Decidieron darle intervención a fuerzas especiales que desplegaron armas antitumulto.

Albornoz, mientras tanto, buscaba a medianoche dar con el paradero de seis detenidos, luego de que la Policía reprimiera e invadiera viviendas sin orden de allanamiento, dejando como saldo heridos frente a niños.

Reacciones

La ministra de Gobierno, Rosario Romero, fue la voz oficial y quien informó que se habían abierto dos investigaciones: una por la violencia a los policías y que derivó en la detención de seis personas; y otra por lesiones a vecinos en el marco de la acción represiva.

El comunicado del Ministerio expresó en palabras de la funcionaria que “el uso de la fuerza siempre tiene que tener proporcionalidad con lo que se quiere proteger”. Y agregó: “No convalidamos ningún abuso de autoridad. Debe saberse claramente lo ocurrido y ello surgirá de las investigaciones y los testimonios. Tenemos respeto absoluto por el proceder de Fiscalía y el Juzgado de Garantías en cuyas manos está”.

Los hechos de violencia tuvieron una casi nula atención de los medios de comunicación. Los videos de vecinos, reproducidos por Canal Once, se tornaron virales en las redes sociales. También en las redes se cultiva el peor de los populismos punitivos. Si los resortes del Estado no se activan, lo que venga tras la pandemia puede ser un porvenir violento.

Este domingo se tomaron declaraciones y luego se decidió dejar en libertad a todos los detenidos, en el marco de las medidas que se llevan adelante por la epidemia del coronavirus.

Según supo Página Judicial, el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull les imputó a Fabián Miño, Juan Cruz Mendoza, Nicolás Alem y Oscar Barrios los delitos de abuso de armas, lesiones agravadas, resistencia a la autoridad y tentativa de homicidios. Los representa el defensor oficial Fernando Callejo, quien en la audiencia reprodujo videos escalofriantes en los que se ve a vecinos heridos por balas de goma y golpeados por agentes de seguridad. Tiene también en su poder otras tantas grabaciones que agravarían la situación de los policías.

Miño y su madre, Verónica Mendoza, denunciaron vía telefónica, como lo establece el protocolo pandémico, violencia institucional ante la fiscal de esa la unidad, Laura Cattáneo. No hay novedades. Se solicitó información (libros de guardia) sobre quiénes eran los agentes que estaban en funciones cuando pasaron los hechos.

Lo cierto es que las imputaciones recayeron hasta el momento sólo sobre los vecinos.

La Subsecretaría de Derechos Humanos pretende –según trascendió en sede judicial– intervenir en la causa bajo la figura de amicus curiae.