La política, la Justicia y los derechos humanos

27/04/2020

Los reclusos y las prisiones domiciliarias; el accionar político y judicial en tiempos de cuarentena revela la calidad de quienes conducen y controlan el Estado provincial. Los derechos de las personas, depende de quien se trate.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

El único debate político que se instaló en la agenda, durante la cuarentena, fue si había que sesionar o no. Si era urgente o no. Si valía la pena o no. El oficialismo hizo fuerza para mantener el modo zen, es decir que el aislamiento preventivo sea la regla. En la oposición se dijo que en semejante situación un poder como el legislativo no podía estar en aislamiento. Lo mismo reclamó el radicalismo para el Poder Judicial.

En la Cámara de Diputados se terminó imponiendo la sesión on line en el que se articuló de manera eficiente recurso humano y tecnológico luego de que especialistas volcaran en un informe en el seno del Comité de Emergencia los inconvenientes para que las sesiones se realicen de manera presencial.

El tema más destacado, que incluso recogieron las crónicas, fue la fallida interpelación a Rosario Romero por el femicidio de Fátima Acevedo. El hecho había dejado en el ojo de la tormenta al Poder Ejecutivo, sin embargo los errores fueron casi en su totalidad del Poder Judicial. La política pidió interpelar a la ministra de Gobierno. En Entre Ríos nadie interpela a la Justicia. Le tienen miedo.

La funcionaria no se presentará en el recinto porque así lo decidió una mayoría la semana pasada incluso con apoyo de tres opositores, lo que trajo cola los días posteriores. Punto. Se acabaron los temas relevantes para los inquietos parlamentarios.

Por esas horas, mientras se preparaba la sesión virtual, se llevó adelante un allanamiento en la Departamental de Federación de la Policía por presuntos apremios ilegales. Tres oficiales fueron detenidos. El suceso llevó a que el jefe de la fuerza, Gustavo Maslein, ensayara una defensa de sus subordinados con palabras poco felices. Dijo que la acción judicial con la que se había avanzado “deplora la situación sucedida en la ciudad de Federación” y que las lesiones que aparentemente tuvo un interno son “leves”, además de que cuenta con “frondosos antecedentes”. En resumen: por qué tanto escándalo por un escarmiento a alguien que no sería ningún trigo limpio. La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos se solidarizó con la fiscal Josefina Penón y con el juez Sergio Rondoni Caffa, actuantes en una causa e impugnó los dichos de Maslein.

La Legislatura no resuelve, hace años, la constitución del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros tratos inhumanos y degradantes. Se trata de una iniciativa de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos y tiene como objetivo hacer seguimiento sobre el funcionamiento del sistema carcelario, comisarías, el accionar de la Policía y hasta psiquiátricos. En Entre Ríos el pasado reciente es dramático. Seis muertos en la cárcel de Victoria en 2018 y una huelga de hambre en la Unidad Penal en Paraná en diciembre tras el incendio de un pabellón. En la cárcel de mujeres también se realizó una huelga de hambre a fin de año. Sin embargo, para el predispuesto parlamentarismo el tema no requiere urgencia.

Los olvidados

La pandemia del coronavirus puso otra vez a las cárceles y a las fuerzas de seguridad en la mira y en la agenda. Hace tres semanas el Colegio de Abogados de Entre Ríos medió ante otra huelga de hambre en la Unidad Penal de Paraná por el estado de los pabellones y las salidas socio laborales restringidas por la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional. Pero también para que se garanticen los elementos de higiene y prevención.

El Poder Judicial encontró una salida. Dispuso que los reclusos a los que se les debía otorgar ocho horas semanales de salida y no podía acceder a las mismas por la cuarentena, se les otorgarían doce horas en cuanto finalizara la medida extraordinaria que rige en el país.

Finalmente, la población penal se redujo en un 5 por ciento por la excarcelación o el arresto domiciliario de personas detenidas desde que se decretó el aislamiento social. Los tribunales analizan caso por caso. El barrabrava Gustavo Andrés Barrientos, por caso, pidió cumplir la cuarentena en su casa y su petición fue denegada.

Este recurso ha sido sistemáticamente rechazado, pero los jueces han atendido el temor colectivo concediendo prisiones domiciliarias a 129 internos que se encontraban comprendidos en el régimen de libertad condicional, en condiciones de acceder a la libertad asistida y otros que tenían salidas laborales o familiares.

Los legisladores nacionales del radicalismo; Atilio Benedetti, Stella Olalla, Jorge Lacoste y Gabriela Lena; expresaron su preocupación por la liberación de reclusos en el marco de la pandemia.

Mientras el centenario partido pone el ojo en los presos provenientes de clases, el presidente de la entidad de constructores de Entre Ríos, Miguel Marizza, se sienta en despachos oficiales de la Municipalidad de Paraná para aportar una salida a la obra pública. El empresario entrerriano Néstor Iván Szczech, desde su despacho de la Presidencia de la Cámara Argentina de la Construcción, pide transparencia. La empresa constructora OICSA (Organización Industrial Construcciones SA), de Daniel Hereñú, reconoce que quiso cobrar sobreprecios en Larroque pero fue perdonado por el intendente justicialista, Leonardo Hassell, quien deñó la puerta abierta para que continúe.

Los mandamás de la obra pública, todos imputados en casos de corrupción, no son requeridos por la política para que den explicaciones. No acaparan la atención de nadie. El Poder Judicial tampoco se desvive por esas causas, porque, en definitiva, nadie se los pide.