Violaron el aislamiento, recibieron probation y tuvieron que pagar

16/04/2020

Dos personas acordaron la suspensión del juicio a prueba luego de haber incumplido con el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus. También aceptaron el pago de fuertes multas que serán destinadas a un hospital público para atender a la pandemia.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

El aislamiento social es una de las medidas más efectivas para reducir la circulación del coronavirus (COVID-19) a nivel local. Es una medida de excepción para preservar la salud, para evitar la propagación de una epidemia. Y es obligatorio. Entonces, no cumplir con la cuarentena implica, no solo un riesgo para la salud, sino también un delito.

Decenas de personas han sido detenidas por violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, e imputadas por los delitos de incumplimiento de las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la propagación de la epidemia y desobediencia a un funcionario público.

Uno de ellos es un joven oriundo de Concepción del Uruguay, aunque residente en Andorra, que llegó al país el 8 de marzo, no respetó el aislamiento de catorce días que se había establecido para viajeros provenientes de países donde hay alta circulación del coronavirus y el 13 de marzo fue testigo de un casamiento –su firma quedó estampada en los registros oficiales–. No solo eso, también salió de bares y lo mostró en las redes sociales. Se convirtió así en el primer entrerriano detenido por violar el aislamiento.

El joven quedó bajo arresto domiciliario, se le realizó el hisopado de garganta y finalmente se confirmó el resultado negativo, no tenía coronavirus.

Hace unos días, la fiscal federal Josefina Minatta aceptó la suspensión del juicio a prueba por seis meses. El joven deberá cumplir con ciertas reglas de conducta (por ejemplo, el compromiso de resguardarse en su domicilio, no consumir drogas ni alcohol y no volver a cometer delitos) y ofreció una donación de 100.000 pesos a favor del Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay, como reparación del daño que produjo con su conducta. “El ofrecimiento del dinero resulta de gran utilidad para la institución médica a fin de hacer frente a la grave pandemia”, explicó la fiscal tras el acuerdo logrado.

También se acordó la probation para un hombre de 60 años que había sido sorprendido paseando en su camioneta por la costanera de Federación y mintió a la Policía diciendo que trabajaba en un aserradero –por lo cual su actividad estaría entre las exceptuadas del aislamiento obligatorio. En su caso, se fijaron las mismas reglas de conducta (entre ellas, el estricto cumplimiento de la cuarentena), y debió pagar una multa de 30.000 pesos, que también serán destinados al Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay.

En ambas situaciones, Minatta fundamentó el pedido de la probation en función de una resolución de la Procuración General de la Nación que instruye a los fiscales a inclinarse por “la denominada tesis amplia” que “en materia de aplicación del instituto de suspensión del proceso a prueba se ha constituido en una respuesta racional frente al grave congestionamiento de expedientes que sobrellevan los órganos jurisdiccionales que celebran juicios orales y, además, ha coadyuvado a evitar la estigmatización del delincuente primario no reiterante, favoreciendo en forma notoria el acercamiento de la víctima a la resolución del conflicto y conformando una salida de mayor calidad del sistema”, entre otros aspectos.

También se apoyó en otras resoluciones que establecen que “lejos de prestar un consentimiento automático, el fiscal deberá tener en cuenta a la hora de expedirse el sentido del instituto como solución alternativa de conflictos y contemplar los intereses de las partes involucradas, a cuyo efecto deberá considerar particularmente las características del caso”.