En Entre Ríos no hay renuncias tras la reforma del régimen jubilatorio

06/04/2020

La reforma del régimen previsional de jueces parece haber quedado desplazada de la agenda por la irrupción de la pandemia; pero resurgirá cuando haya pasado. Qué pasará en la provincia. Quiénes son los magistrados en condiciones de jubilarse y qué piensan hacer.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

No habrá un éxodo judicial en Entre Ríos, al menos no por la reforma del régimen especial de jubilaciones de los empleados del Poder Judicial promulgada este lunes en el Boletín Oficial. De hecho, nada cambiará en la jurisdicción.

El nuevo régimen jubilatorio establece, entre los puntos más salientes, que los magistrados federales y nacionales se jubilarán a los 65 años, y no a los 60, como hasta ahora (excepto las mujeres, para quienes queda fija esa edad); que su haber inicial se calculará a partir del 82 por ciento móvil del promedio de los sueldos de los últimos diez años a valores actualizados, aunque se modificará el acceso al régimen de acuerdo con la cantidad de tiempo trabajado, ya sea con diez años seguidos o quince interrumpidos en el Poder Judicial, siempre respetando los treinta años de aportes al sistema; también se elevará el índice de aportes del 11 por ciento actual al 18 por ciento; y que al jubilarse pierden el estado judicial, es decir, no pueden ser más convocados como subrogantes, algo que ocurre actualmente para suplir vacantes o excusaciones.

Según datos que han dejado trascender las asociaciones de magistrados, desde que se anunció el proyecto oficial se produjeron decenas de renuncias de jueces, fiscales y defensores a lo largo y ancho del país. Ninguno en Entre Ríos. Ni jueces ni fiscales. Ningún defensor público está en condiciones de jubilarse.

De dieciocho magistrados federales que cumplen funciones en la provincia, solo cinco estarían en condiciones de jubilarse por haber alcanzado la edad y los años de aporte –todos de Paraná–; aunque cada caso tiene sus particularidades, una de ellas es que ninguno ha alcanzado los 75 años, por lo que podrían continuar años trabajando.

Aceptan que los sueldos que cobran son altos, que las jubilaciones serían igualmente elevadas y comparten el concepto de “solidaridad” que esgrime el Gobierno. En definitiva, parecen estar de acuerdo en que, ante la emergencia, hay que emparejar para abajo. “En la decisión de continuar en el cargo o jubilarme no considero cuánto voy a ganar”, dijo un magistrado ante la consulta de Página Judicial.

Repasemos. Roberto López Arango y Lilia Carnero cumplen con los requisitos de edad, años de aporte y llevan más de diez años seguidos como integrantes del Tribunal Oral Federal de Paraná, por lo tanto, podrían continuar en sus cargos y no serían afectados por los cambios en el régimen jubilatorio. Llevan más de veinte años en el cargo y en algún momento ambos manifestaron cierto cansancio, propio de la ajetreada agenda del tribunal –tiene audiencias programadas para varios años hacia adelante–, pero la habilitación del nuevo tribunal de juicio en Concepción del Uruguay les dio aire y por ahora no tienen intenciones de retirarse.

Distinta es la situación de Noemí Berros, la tercera integrante del tribunal, quien asumió en el cargo en 2013 –antes ejercía la profesión en forma autónoma–. Si bien cumple con los requisitos de edad y aportes, no ha alcanzado los diez años ininterrumpidos en el Poder Judicial. Tampoco ha expresado intenciones de jubilarse.

La situación de Daniel Edgardo Alonso es tal vez la más particular de todas. Fue conjuez a cargo del juzgado federal de Formosa entre 1999 y 2002; integró el Tribunal Oral Federal de Formosa durante catorce meses entre 2004 y 2005; en 2008 juró como juez federal de primera instancia de Paraná e inmediatamente fue designado como subrogante en la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná y se mantuvo en ese cargo hasta fines de 2017, en que volvió al juzgado. Tiene 62 años y quince años en los que alternadamente ocupó cargos en la justicia, aunque no en el mismo lugar, por lo tanto, su situación quedaría sujeta a la revisión de la Anses. De todos modos, tampoco ha manifestado interés en jubilarse.

Hace un año, Ricardo Alvarez, fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones, contaba los días para el retiro. Les refería a sus allegados el cansancio que tenía después de casi veinte años en el cargo y más de treinta en el Poder Judicial; el hastío por el modo en que había sido desplazado el procurador general Esteban Righi, de quien era amigo personal; y manifestaba cierta incomodidad con la política de seguridad. Su refugio sería la universidad. Pero la situación cambió en los últimos meses y a pocos días de cumplir 60 años parece haberse replanteado la situación y seguiría en el cargo.

Así las cosas, parece que nada cambiará en la grilla de magistrados en la provincia.

Donde sí puede haber movimientos es por debajo de la superficie. Es que el nuevo régimen jubilatorio comprende también a los secretarios, prosecretarios y jefes de despacho; y la Cámara Federal de Apelaciones intimó recientemente a que todos aquellos que ocupan las partes bajas del escalafón y ya tienen la edad y los años de aporte se acojan a la jubilación. Aunque todo quedó suspendido por la pandemia.