Detenidos, vehículos secuestrados y locales clausurados por violar la cuarentena

02/04/2020

Treinta y nueve personas se encuentran bajo arresto domiciliario por violar la cuarentena en la provincia. También hay vehículos secuestrados y los fiscales avanzarán en la clausura de locales comerciales que no estén entre los exceptuados del aislamiento.

De la Redacción de Página Judicial

 

La salud pública es un concepto que trasciende al bienestar individual; sino que representa un conjunto de condiciones tendientes a garantizar el bienestar general de la población. En esa idea se sustenta el aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus.

Por eso, aquel que no cumple con esa cuarentena obligatoria estaría cometiendo un delito. Como el uruguayense que llegó de Andorra y salió a pasear por la ciudad o los paranaenses que fueron sorprendidos dos veces en un mismo día deambulando en una plaza.

En lo que va del aislamiento, y hasta el 1 de abril, en Entre Ríos, fueron detenidas 39 personas que no pudieron justificar por qué estaban en la vía pública, por lo que se les impuso arresto domiciliario y se iniciaron causas por el incumplimiento de las medidas adoptadas para impedir la propagación de la epidemia. De ellas, 27 quedaron a disposición de la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta; y 12, a cargo del fiscal federal Carlos García Escalada, que tiene a su cargo las fiscalías de Paraná y Victoria. En tanto, el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, intervino en 106 casos con 132 personas detenidas al efecto de notificarlas de la formación del sumario; y todas recuperaron su libertad.

No obstante, los fiscales destacan el alto grado de acatamiento al aislamiento entre la población.

Las personas detenidas fueron acusadas por el incumplimiento de las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la propagación de una epidemia y desobediencia a un funcionario público; y permanecerán bajo arresto domiciliario, lo que implica, por ejemplo, que pierden la posibilidad de ir a la farmacia o al supermercado.

En algunos casos se dispuso también el secuestro de los vehículos –automóviles, motos y hasta una lancha–, los que quedarán bajo custodia de la justicia mientras dure el aislamiento y, eventualmente, podrían ser decomisados.

El secuestro de vehículo, e incluso el cierre de locales comerciales de actividades y servicios que no estén entre los exceptuados del aislamiento, son medidas cautelares patrimoniales tendientes a garantizar que se cubran los gastos de los operativos y posibles indemnizaciones al Estado. En esa línea, el procurador interino, Eduardo Casal, emitió hace unos días una instrucción general para que los fiscales federales soliciten las diligencias que aseguren el decomiso de los vehículos utilizados en infracción a las normas destinadas a proteger la salud pública. En eso también se trabaja en Entre Ríos.

En tanto, alrededor de 5 mil personas han sido notificadas de la infracción al decreto nacional que impone el aislamiento, según datos que registra el Gobierno provincial. En algunos casos, incluso, se dispuso el arresto preventivo por resistencia a la autoridad y se notificó a los fiscales provinciales, independientemente de lo que pueda disponer la justicia federal en cada caso.

Las personas en situación de calle constituyen una excepción (“no se puede criminalizar un problema social”, explicó un funcionario judicial), y la instrucción que han dado los fiscales a las fuerzas de seguridad es que sean ubicados en refugios.