Empresa proveedora del Estado reconoce delito y sigue

05/03/2020

Una constructora admitió una irregularidad en una obra y lo dejó sentado en un convenio municipal. La firma tiene otros asuntos pendientes en la Justicia. La patria contratista entrerriana y la reiteración permanente de estafar al Estado.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

Con el Estado como principal promotor de la inversión y un Poder Judicial raquítico al momento de aplicar la ley sobre el sector, la provincia pareciera convertirse en un paraíso para la construcción.

Lo sucedido en Larroque en las últimas horas da un paso más sobre la idea de que el sistema está cada vez peor, pero ahora sus operadores se muestran de cara a la sociedad, lo que supone que la sinceridad es un aliciente. No lo es.

El Concejo Deliberante de esa ciudad, en la sesión de este miércoles, aprobó un convenio suscripto entre la empresa constructora OICSA (Organización Industrial Construcciones SA) y la Municipalidad para resolver la discusión económica entre ambos, vinculada con una obra de catorce cuadras de asfalto cuyos presuntos ilícitos por sobreprecios se investigan en sede judicial de Gualeguaychú.

En el acuerdo aprobado en el ámbito legislativo, ambas partes reconocen la existencia de irregularidades en la contratación y que hubo sobreprecios en la obra. El contrato celebrado en junio de 2015 fue por 12.466.760 pesos. El mismo lo firmaron el entonces intendente Raúl Riganti (PJ) y su secretario de Gobierno, Leonardo Hassell, actual jefe comunal. Ese año asumió Darío Benedetti (Cambiemos), quien decidió devolver la plata de la obra al gobierno nacional por entender que el contrato firmado por la gestión saliente era irregular. Paso seguido hizo una denuncia penal por sobreprecios. La empresa, por su parte, promovió una demanda ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Concepción del Uruguay con el objetivo de cobrar ese monto.

Mientras el fuero penal avanza, la cuestión civil (o económica) se resolvió con la firma del convenio que los concejales del oficialismo aprobaron este miércoles. Según el acuerdo, al que tuvo acceso Página Judicial, ambas partes coincidieron en que el costo de la obra no era 12.466.760 pesos sino de 7.798.830,80 pesos. A ese número arribó una pericia oficial, realizada por Beltrán Raúl Uranga. Ambas partes esto reconocen -es una genialidad- que los vicios e irregularidades detectados por la auditoría han sido parcialmente determinados judicialmente en el juicio contencioso administrativo. En resumen: el entonces secretario de Gobierno, y ahora intendente, acordó con la empresa que hace cuatro años cometieron un ilícito y decidieron resolverlo con otro objetivo: seguir trabajando juntos.

La empresa OICSA cobrará finalmente casi 8 millones de pesos más intereses, en lugar de los 12 millones que pretendía, y continuará siendo proveedor del Estado si se toman en cuenta las palabras del presidente del Concejo Deliberante, Oscar Viale, antes de aprobar el convenio con el voto del oficialismo: “Hay que seguir trabajando”.

Del acuerdo se desprende que existieron irregularidades en la contratación y que existió un sobreprecio cercano al 40 por ciento reconocido, ya que el costo originario era de algo más de 21 millones de pesos y la empresa cobrará algo más de 15 millones.

Lo maravilloso del caso es que el reconocimiento del delito lo hace la actual administración municipal, cuya máxima autoridad puso la firma en aquel contrato que la Justicia investiga y que tendrá el próximo miércoles la audiencia de remisión a juicio.

Sigue

OICSA ha sido una de las empresas más beneficiadas en los contratos de obra pública durante la gestión de Sergio Urribarri. Incluso, formó parte del selecto club que se llevó la friolera de 38 millones de pesos por servicios prestados en la organización de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que tuvo lugar en Paraná en diciembre de 2014. Su titular, Daniel Hereñú, está siendo investigado en esa causa.

La firma también bajo sospecha por una causa de sobreprecios con la Municipalidad de Seguí durante la gestión de Cristian Treppo. En su momento, el entonces intendente les respondió en conferencia de prensa a los concejales opositores que lo habían denunciado: “Esta obra no fue hecha en una libreta de almacenero, sino con un presupuesto serio y que se ha llevado a cabo en un montón de municipios en Entre Ríos”. Y agregó: “No es una casualidad que el municipio más pequeño de la región sea hasta hoy prácticamente el que más hace con tan poco dinero y sin gastar un solo peso de más”.

En 2018 Sergio Varisco, en su última gestión, adjudicó setenta cuadras de pavimento en Paraná por 80 millones de pesos. El costo era de 11.428 pesos el metro. En Larroque, en junio de 2015, fue de 17.948 pesos el metro. La adjudicataria de la obra en los dos casos fue OICSA.

Un año antes, en la sana localidad de Villa Libertador General San Martín, departamento Diamante, se hicieron obras de saneamiento que consistieron en la ejecución de desagües pluviales. La obra, con una inversión del tesoro provincial de 7.108.232,75 pesos, fue ejecutada por la empresa OICSA.

Estos ejemplos demuestran que el empresariado que opera con el Estado, sin distinción de colores partidarios, sigue siendo el mismo.

Sigue… sigue

En marzo del año pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó el sobreseimiento de Miguel Marizza, ceo de Caballi SA, por un delito de fraude fiscal, a través de una compleja maniobra contable que consistía en la presentación de certificados truchos de retención a distintas empresas para la cancelación de obligaciones fiscales mediante el sistema de compensaciones. Se trató de una gran estafa estimada en 84 millones de pesos en perjuicio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pergeñada por una asociación ilícita integrada por abogados, contadores y una procuradora del organismo recaudador. Marizza estaba acusado por el delito de simulación dolosa de pagos, es decir, por haber pergeñado una maniobra para evadir el pago de 386.855,35 pesos que le reclamaba la AFIP en concepto de IVA.

Iván Szczech, sin embargo, tiene pendiente una causa similar en la Justicia. Es un caso parecido al de su amigo Marizza. La Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento del empresario en una causa donde se lo investiga por haber pergeñado una maniobra para evadir el pago de impuestos a través compensaciones truchas y ordenó continuar con la investigación por el delito de simulación dolosa de pagos. En su caso, está acusado por el delito de simulación dolosa de pagos, en una causa que se inició a raíz de una denuncia formulada por la AFIP, en la que dio cuenta de que el empresario de la construcción había pergeñado una compleja maniobra contable para generar un saldo de libre disponibilidad con el objetivo de no pagar al fisco con dinero real sino por compensación, y evadir el pago de 340.602,56 pesos e intereses por 125.569,27 pesos en concepto de IVA por el período octubre de 2009.

El sistema no parecería recaer en el sistema, que puede ser perfectible, sino en los operadores del mismo. Se repiten las empresas. Se repite la dirigencia. Se repite la corrupción.