Un interesado

04/03/2020

Un diputado provincial está dispuesto a poner el accionar de la Justicia y los casos contra la administración pública al tope de la agenda. Se trata de temas que en algunos ámbitos se abordan desde el maniqueísmo. Lo que se viene.   

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

El Poder Judicial de Entre Ríos, básicamente la jurisdicción de Paraná, tiene una mala noticia. Un diputado puso como prioridad en su agenda estudiar lo que sucede en los tribunales. Se trata del radical Eduardo Solari, sobre quien no pesa ni pesó una sola sospecha en alguna causa. Currículum inmejorable para los interesados en inmiscuirse en los aconteceres judiciales.

El 10 de diciembre, cuando asumió su banca, su asesor de prensa difundió un correo a periodistas. Allí enumeraba los temas que serían prioridad en su gestión en la Cámara de Diputados. En las primeras líneas aparecieron los casos de corrupción, con la causa de los contratos truchos en la Legislatura; y el accionar de la Justicia. Ese mensaje a modo de presentación, tuvo en las últimas horas su primera demostración. Solari realizó una solicitud por nota al procurador general, Jorge Amílcar García, para conocer el estado de las distintas investigaciones judiciales vinculadas a causas de corrupción en las que estén involucrados funcionarios, ex funcionarios y legisladores provinciales.

La petición, señaló el diputado, fue tras advertir que en la web del Ministerio Público Fiscal hay causas que no figuran. Pidió, entonces, “conocer la fecha de inicio y estado de las investigaciones por supuestos hechos de corrupción que involucren a ex o actuales funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, a ex o actuales legisladores provinciales y a ex o actuales integrantes políticos de Municipalidades de la provincia de Entre Ríos”.

Además reclamó saber “las razones por las que el portal no ha cargado o actualizado la información acerca de estos casos en trámite”.

Solari formalizó el pedido amparado en el artículo 13° sobre acceso a la información pública previsto en la Constitución Provincial; y el inciso p) del artículo 17 de la Ley N°10.407 Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Sostuvo que “la opinión pública tiene derecho a saber, con una periodicidad razonable, sobre las investigaciones que se realizan para llevar a juicio oral y público causas en las cuales quedaron involucrados funcionarios designados o electos; o en su caso, por qué no hay fundamentos para llevar el asunto ante un tribunal”.

El legislador fue funcionario de Sergio Varisco en el área de Derechos Humanos. Cuando el Intendente ocupaba la primera plana de los medios por las causas judiciales que debió enfrentar, Solari fue su principal espada. En plena campaña electoral, el año pasado, apuntó directamente a la Procuración General por la causa de los contratos truchos. Acusó allí a la Justicia de maniobrar para recortar la causa y dejar afuera de la investigación a los que él entiende pueden llegar a ser los principales responsables del desfalco: los presidentes de las cámaras en el período que se investiga. El dardo, en ese momento, era para el entonces presidente del Senado, Adán Bahl, quien competía con Varisco por la Municipalidad.

En su pedido dejó expresado el diputado: “Es imperativo explicar las razones por las cuales algunos procesos pasan años sin conclusiones”. ¿La de los contratos truchos; la de enriquecimiento ilícito de José Allende; cuál?  Su colaborador que lo asesorará en temas judiciales suele acudir a una síntesis jocosa: “Todo está bajo el paraguas del cuentito de los peritajes”. Adivinen quién es el asesor. Una pista: es radical y crítico del sistema judicial. No hay muchos que lo expresen.

En todos los planos

En diciembre, cuando se conoció que Urribarri sería el embajador en Israel, Solari fue lapidario: “La designación resulta escandalosa y agraviante”. Enumeró una por una las causas de corrupción que pesan sobre el ex gobernador. Semanas antes pidió renuncias, en caso de que nadie aclare, los dichos del entonces presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón, quien apuntó al direccionamiento de causas.

Solari, que ostenta la vicepresidencia de la UCR, fue candidato a vicegobernador en la fórmula con Emilio Martínez Garbino, derrotada por el binomio integrado por Urribarri y José Eduardo Lauritto. Esa campaña, la de 2007, también tuvo a Solari con la corrupción en la boca. En la conferencia de prensa, al cierre y sobre la veda, lamentó haber tenido que andar todo el último tiempo de fiscal señalando irregularidades en la gestión pública. El silencio fue en buena parte la retroalimentación del sistema burocrático que termina por desprestigiar la política como consecuencia de unos pocos bolsillos abultados de mala fe.

Solari entiende que el sistema acusatorio no está en crisis. El problema y las culpas las pone en estas palabras: “El oscurantismo de algunos personeros que habitan los tribunales”.

Pretende dotar al Estado, no al Poder Judicial, de herramientas para la transparencia. Presentó un proyecto de ley sobre Ética Pública. Esta norma debe ser de las más importantes para investigar la corrupción. La misma exige que todos los años los funcionarios públicos presenten sus declaraciones juradas. Solari quiere que sean anuales y públicas, no secretas y que queden a expensas de una medida judicial. Conocer el patrimonio periódicamente de quienes administran lo público es interesante, sobre todo en una provincia donde gobiernan los mismos hace décadas.