Mala praxis judicial

03/03/2020

Investigaciones del Ministerio Público Fiscal recibieron cuestionamientos en el seno de tribunales. Qué están pensando en la Mutual Modelo luego del duro fallo que sobreseyó a su contador.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

El concepto no se ajusta a los casos en los que se vienen dando, pero la relativización y manipulación de los procesos es tal que cualquier argumento puede ser tomado como válido para hacer un planteo. Por lo menos para hacer ruido. Empieza a asomar el concepto de mala praxis judicial.

El tono con el que se refirió el tribunal que absolvió a Sergio Varisco, Walter Rolandelli y Miguel Picazzo sorprendió a propios y extraños. Todos esperaban esa decisión, pero no expresada de esa manera.

Gervasio Labriola, que fue quien leyó la sentencia, expuso sin medias tintas un papelón. Tildó la acusación de “frágil” e “inconsistente” y cuestionó que el Ministerio Público Fiscal haya tenido un tratamiento distinto con otras operatorias similares que se dieron en el ámbito municipal durante las gestiones de José Carlos Halle y Blanca Osuna como es el adelantamiento de pagos a las mutuales.  “Según el criterio de la acusación, se mide una operación con una vara y se utiliza otra vara a otras; un trato desigual que no podemos convalidar”, leyó Labriola. Sus palabras también llevan las firmas de Carolina Castagno y Rafael Cotorruelo.

¿Qué palabras más justas pueden escuchar quienes creen que sectores de la política se meten en los tribunales para direccionar causas o anular investigaciones? El viernes, Patricia Yedro y Cecilia Goyeneche escucharon en boca de un par, no de un dirigente político, la peor de las críticas.

Es difícil no conectar los argumentos del tribunal que intervino en la causa de la Mutual Modelo con lo que ocurrió en noviembre de 2018, cuando la Procuración General dejó a Julio Solanas bajo la lupa por una cuestión administrativa en la que no había elementos para judicializar y que se había archivado hace una década. Cuando el ex intendente de Paraná negociaba un lugar en el frente oficialista de cara a las elecciones del año siguiente, la Fiscalía desempolvó el caso que tenía 10 años. La sospecha no debiera existir si – como publicó Página Judicial la semana pasada – los fiscales hubiesen avanzado en la pesquisa. Desde el día que se desarchivó a la fecha no hubo una sola medida en el legajo. ¿Para qué entonces se reabrió?

En el entorno de los sobreseídos en la causa Mutual Modelo se está evaluando hacer una demanda contra los funcionarios judiciales. No precisamente en el caso de Varisco y Rolandelli, sino del lado de la firma. Entienden que durante todos estos años fueron damnificados por un hecho delictivo inexistente en el que los propios jueces dejaron entrever que hubo hasta un direccionamiento al dejar afuera a la concejal María Marta Zuiani –pareja del mandamás de la mutual, Adrián Bruffal– por posible tráfico de influencias; y a la secretaria de Hacienda, Cristina Ruberto.

La presentación, de concretarse, no la harían abogados locales porque ir contra funcionarios judiciales es contraproducente para quienes van a seguir litigando en los tribunales de la ciudad.

No cabe, en esta oportunidad, lo que se conoce como mala praxis judicial. Hubo una denuncia, una investigación  y una sentencia.

Estos casos, sin embargo, invitan a repensar el funcionamiento del sistema que, como todos, es prefectible. Se sabe que los fiscales tienen por función acusar y los jueces de garantías controlar el proceso. ¿Qué hacer entonces con las distintas varas de las que refirió Labriola?

Lo que no se resuelve en una reforma judicial se está resolviendo en los tribunales. El último 12 de febrero, el juez Pablo Vírgala sobreseyó a Cristian Treppo, a quien el procurador Jorge García le inició una causa por falso testimonio en el caso Alanis. En su lectura de sentencia Vírgala también dejó un mensaje. Citó un fallo de Daniel Carubia: “Existe una concepción ciertamente maniquea de la comunidad –hastiada de los actos de corrupción de sus funcionarios públicos- que automáticamente incluye entre los corruptos a quienes se atrevan a desarrollar una crítica contra ella, por más seria y fundamentada que ésta sea, prohijando una maquiavélica actitud tendiente a justificar a cualquier costo el medio empleado para la consecución de un fin intrínsecamente valioso”.