Las fiscales pidieron prisión condicional para Varisco

18/02/2020

Cecilia Goyeneche y Patricia Yedro pidieron que el ex intendente sea condenado a dos años de prisión condicional e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos por haber supuestamente beneficiado a una mutual. También solicitaron condenas para el concejal Walter Rolandelli y el presidente de la Mutual Modelo.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

“Había una clara connivencia”, dijo la fiscal Patricia Yedro. ¿Para qué? “Picazzo quería 1.500.000 pesos para ingresarlos al mercado financiero sin ningún costo, porque no se habían pactado intereses e iba a devolverlos en diez cuotas sin ningún tipo de interés; pero a los empleados municipales que iban a pedir un préstamo a la Mutual Modelo les cobraban una tasa del 40 por ciento”, disparó la fiscal en su alegato.

“Había una clara connivencia”, dijo, entre el entonces intendente Sergio Varisco, el funcionario Walter Rolandelli –que sería el encargado de dar sustento legal a la operación de adelanto financiero– y el presidente de la Mutual Modelo, Miguel Picazzo.

Las fiscales pidieron que los tres sean condenados, pero introdujeron una novedad en la calificación legal: los acusaron por tentativa de peculado, es decir, un intento por apropiarse de fondos públicos; y no por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y fraude a la administración pública, como habían llegado al juicio. Pidieron para Varisco una pena de dos años de prisión condicional (no efectiva) e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos; solicitaron además que Rolandelli sea condenado a un año y ocho meses de prisión condicional e inhabilitación para ocupar cargos públicos y que Picazzo reciba una pena de un año y diez meses de prisión condicional.

De acuerdo con la acusación, apenas un mes y medio después de haber asumido como intendente, Varisco firmó un convenio por 1.500.000 pesos con la Mutual Modelo, en concepto de adelanto de las retenciones que el municipio haría en los siguientes dos años a empleados municipales que tenían créditos con la entidad.

“La maniobra tuvo como único propósito detraer dinero de las arcas municipales para favorecer a la Mutual Modelo, bajo el eufemismo de anticipo financiero”, dijo Goyeneche, designada por el procurador a cargo de la Fiscalía Anticorrupción.

El pago, sin embargo, no se efectivizó, según las fiscales, “por la intervención de funcionarios administrativos” o, mejor dicho, luego de que el contador general del municipio hiciera una serie de “observaciones” que planteaban el riesgo para el recupero de los fondos, es decir, “riesgo de que la mutual no pagara”, dijeron.

Clientes cautivos e intereses de usura

Pero la controversia en este juicio no estaba dada en torno a la existencia o inexistencia del adelanto financiero a la mutual, sino respecto de que si la maniobra era lícita. Las fiscales dicen que no lo era.

“La compensación no estaba motivada, no tenía justificación y, por lo tanto, no puede ser considerada lícita. La mutual no atravesaba una situación de crisis financiera, no estaban suspendidos los códigos de descuento ni había atrasos en los pagos de los empleados municipales –clientes cautivos de las mutuales–. El objetivo era entones detraer fondos públicos del municipio”, aseguró Yedro.

La fiscal hizo una cuenta: si se aceptaban las condiciones iniciales ofrecidas por la mutual, es decir, la devolución de 1.500.000 pesos en diez cuotas iguales y consecutivas, el municipio no tendría ninguna retribución, pero sí la mutual, que lo prestaría a empleados municipales con una tasa del 40 por ciento anual y, entonces, al cabo de los diez meses habría ganado 500.000 pesos. La segunda propuesta de la mutual fue devolver el dinero con un interés del 0,25 por ciento, equivalente a la tasa pasiva que pagaba el Banco Nación en operaciones de caja de ahorro, lo que le hubiera significado a la Municipalidad un ingreso de 3.125 pesos en diez meses. También esa propuesta era ventajosa para la mutual porque si hubiese solicitado un crédito bancario, el interés que tendría que haber pagado sería del 2,5 por ciento, lo que hace un valor de 31.250 pesos.

Incluso señaló que el municipio tenía una línea de crédito a microemprendedores, con un interés del 1,25 por ciento anual, de modo que si cualquier empleado público accedía a un préstamo de 1.500.000 pesos, al cabo de diez meses tendría que devolver 1.531.250, es decir, más de lo que ofrecía la mutual.

Pero el adelanto se autorizó a pesar de las observaciones del contador general y, según las fiscales, sin atender a sus planteos. “Todos los funcionarios de carrera del municipio tenían dudas sobre la cobrabilidad del anticipo financiero”, insistió Yedro. “El pedido era absolutamente inviable y es lógico que tuvieran dudas”, agregó.

Entonces, dijo, “cobra relevancia el Secretario Legal y Técnico: su dictamen fue esencial para destrabar el trámite. El contador general le pidió a Rolandelli que dijera si había alguna forma de que el municipio recuperara ese dinero y el trámite avanzó porque Rolandelli dijo que se podía avanzar”, aseveró Yedro.

¿Qué dijo Rolandelli? Que como el municipio “opera como agente de retención de la asociación mutual, y siendo que se cuenta con el fondo de ayudas económicas, cuyo monto resulta suficiente para garantizar el anticipo otorgado, cabría retener el proporcional del adelanto convenido en concepto de garantía”. Según Yedro, “el contador general emitió la orden de pago a la mutual basado en la opinión del Secretario Legal y Técnico, aunque dejó a salvo que, a criterio del cuerpo de contadores, subsisten los riesgos de cobrabilidad”.

Ese pedido de asistencia financiera, sin embargo, no se concretó porque mientras tramitaba ese expediente se inició un segundo trámite con las correcciones que se hicieron en función de las advertencias que habían hecho los organismos de control. Pero tampoco el segundo pedido se concretó porque el trámite fue archivado y no se le concedió a la Mutual Modelo el adelanto financiero que había solicitado. “Pero la orden de pago se emitió y por eso se concretó el fraude”, aseguró Goyeneche.

Según Yedro, “se trató de una maniobra ilícita, pergeñada y consensuada por Varisco, Rolandelli y Picazzo que no llegó a consumarse por cuestiones ajenas a su voluntad” y, agregó Goyeneche, “la connivencia surge desde la primera hoja del expediente, donde aparece la firma de una concejal”, en alusión a María Marta Zuiani, la pareja de Adrián Bruffal, el mandamás de la Mutual Modelo. “Su intervención no estaba dirigida a ahorrarse los gastos de sellado, como se dijo, sino que tenía otro sentido.