A Canosa le confirmaron la condena y le dieron un coscorrón

17/02/2020

La Cámara de Casación Penal rechazó el recurso interpuesto por los abogados defensores y, por lo tanto, confirmó la condena a Juan José Canosa, ex presidente de Sidecreer por haber contratado a empresas de familiares y allegados. El ex funcionario está siendo investigado por enriquecimiento ilícito. El fallo completo.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

La Cámara de Casación de Paraná confirmó la condena a Juan José Canosa, ex presidente de Sidecreer, por haber direccionado contrataciones con empresas que pertenecían a personas allegadas o parientes. El ex funcionario había sido condenado a tres años de prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

El tribunal integrado por los jueces Hugo Perotti, Marcela Badano y Marcela Davite rechazó el recurso de casación que habían presentado los defensores de Canosa y, por lo tanto, confirmó la condena que recibió el 12 de septiembre de 2018.

En su apelación, los abogados Raúl Barrandeguy y José Candelario Pérez, defensores de Canosa, habían insistido en planteos efectuados ante el tribunal de juicio: que hubo defectos en la imputación que impidieron realizar una defensa eficaz (“el hecho así imputado es atípico”) y que Canosa no era funcionario público. Ambas cuestiones fueron en su momento rechazadas por el tribunal de juicio y también por los jueces de la casación.

Pero el fallo dedicó también un apartado crítico para responder a los cuestionamientos que hiciera Canosa en la audiencia celebrada el 12 de diciembre. El ex funcionario dijo entonces que dudaba de la independencia de los jueces, que notaba cierta tendencia a favorecer a los criterios del Ministerio Público Fiscal y lo vinculó con el lawfare.

Perotti lo calificó como una “ofensa gratuita” que “roza lo injuriante”. Pero Badano fue especialmente dura e irónica en su réplica: “Llama la atención la recurrencia al concepto del lawfare, sobre todo en el caso del imputado, que no admite ser político, ni llevar a cabo ninguna política pública; es más, ha negado su calidad de funcionario público”.

Badano también extendió su respuesta a su réplica a los defensores: “Lo que correspondía –en todo caso, por la gravedad institucional inserta en su suspicacia– es utilizar los mecanismos de recusación que la ley le brinda, y no hacerse eco irresponsablemente de enunciados falaces, sostenidos por intereses particulares y desapegados de la verdad, que livianamente se dicen contra jueces constitucionalmente designados”.

Por lo demás, Perotti sostuvo: “Por supuesto que todo ciudadano merece tener una Justicia penal justa y digna (…) Por eso, hablar aquí, en la Justicia entrerriana y en esta Cámara en particular, de la existencia de una ‘guerra jurídica’ (conocida mediáticamente como ‘law fare’), también roza lo injuriante, porque el suscripto –y puedo hablar en nombre de mis dos colegas– jamás hemos recibido presiones, injerencias ni influencias del Gobierno, factores de poder, de instancias judiciales superiores, de los medios periodísticos, ni de nadie; siempre hemos decidido las causas con absoluta libertad, independencia e imparcialidad –valores que defendemos a ultranza porque impregnan no sólo nuestra conducta profesional, sino nuestro modo de vida–. El respeto y defensa de los ‘principios’ se encuentra en las entrañas de nuestro quehacer jurisdiccional, porque eso es lo que nos impone el actual Estado de Derecho Constitucional”, señaló el magistrado.

Los amigos de Canosa

Canosa fue condenado por haber direcccionado 32 contrataciones a favor de empresas regenteadas por familiares, amigos y allegados, mientras era presidente de Sidecreer, entre 2007 y 2015. Lo hizo a través de licitaciones públicas, privadas y adjudicaciones directas mediante las cuales benefició a Excelcom SA, Texmer y JDR Construcciones.

Excelcom SA es una empresa a la que Sidecreer le pagó 1.629.337, 33 pesos y 105.664 dólares por la provisión de insumos informáticos en dieciséis adjudicaciones que se concretaron entre 2009 y 2015. El director comercial de la firma radicada en Santa Fe era Diego Urba, amigo personal de Canosa; y la presidenta era María José Cuestas, pareja de Urba y, a la vez, concuñada del ex funcionario.

También contrató en siete ocasiones a la empresa Texmer, cuya cara visible era Mirta Graciela Gueler, aunque los responsables ocultos eran su yerno, Carlos Alberto Canosa, hermano del ex funcionario, y su esposa, Alicia Cuestas, que es hija de Gueler. En el período en que Canosa fue presidente de Sidecreer, Texmer se vio beneficiada por adjudicaciones en forma directa por 1.127.286 pesos para la confección y venta de uniformes para el personal, remeras, shorts de fútbol, cofias y delantales que eran donados a clubes e instituciones.

El tercer hecho por el que fue condenado Canosa fue por la contratación directa de su tío, José Daniel Romero, responsable de la firma JDR Construcciones, que fue beneficiada en nueve oportunidades para realizar tareas de construcción, electricidad, pintura y carpintería para Sidecreer por 107.949 pesos.

El tribunal de casación admitió que “la forma en que se redactó la intimación delictiva dista de ser la ideal”, pero aclaró que “los hechos enrostrados fueron descriptos e intimados de manera clara, precisa, circunstanciada y específica” y “no hubo sorpresas en la intimación, que permaneció invariable desde sus inicios hasta el final del proceso”. Más aún, Canosa se interesó “en las contrataciones que realizaba con varios familiares suyos, que se beneficiarían económicamente con tales operaciones, siendo parte contratante el organismo (Sidecreer), y en las que intervenía en forma personal y directa”. Entonces, no hubo, a criterio de los jueces, una vulneración del derecho de defensa.

También descartó el tribunal la pretensión de que Canosa no fuera considerado funcionario público, por cuanto Sidecreer era una sociedad anónima conformada con capital estatal, estaba bajo la órbita de control de legalidad de la Fiscalía de Estado y estaba sometida a los controles del Tribunal de Cuentas, como cualquier organismo público; y Canosa fue designado por los socios (Iafas e Instituto del Seguro) “para ejercer funciones públicas”.

Desde ese rol, dice el tribunal, Canosa tuvo un “innegable interés” en que las empresas de sus familiares y allegados fueran contratados por Sidecreer “en miras de (obtener) un beneficio propio o de un tercero (…) en razón de su cargo”.

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