Denuncian la entrega de títulos truchos en una escuela secundaria

07/02/2020

La justicia investiga si una preceptora y la secretaria de una escuela de Hernandarias falsificaban documentos y emitían títulos a personas que no tenían aprobadas las materias de la cursada. El caso era conocido en el Consejo General de Educación.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Alberto Williams era un pianista excelso, reconocido como uno de los precursores de la música argentina, con un trabajo compositivo dedicado, principalmente, a introducir elementos folklóricos en sus canciones y danzas para piano.

Nació en Buenos Aires en 1862, inició su educación musical siendo niño y a los 20 años fue becado por el gobierno para estudiar en el conservatorio de París. Esa experiencia europea le resultó altamente positiva y a su vuelta, siete años después, la música de Williams comenzó a incorporar los sentires criollos y la idealización de la vida rural. Tanto que la mayoría de sus composiciones para piano de estilo nacional están inspiradas en formas folklóricas de milonga, vidalita y huella.

Opinaba, sin embargo, en forma despectiva de la gente que vive en el campo y de los pueblos originarios: “Los pueblos deben tener como axioma el no mezclarse con las razas inferiores. La América debe rechazar toda tentativa de colonización de la raza negra y amarilla; reservando sus amplios territorios para la raza superior que la descubriera y poblara. El indio se extingue en América porque no se adapta a la civilización europea que la penetra, porque su mentalidad no se ductiliza al golpe de las ideas, porque su alma carece de alas para remontarse al divino azur, y no acepta beber en la copa sagrada de la ciencia, ni a comprender al hada, de éter vestida, que entona el epinicio a la victoria de las artes”, escribió sin sonrojarse en 1951, un año antes de su muerte.

Alberto Williams es también el nombre de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos Número 108, de la ciudad de Hernandarias, en homenaje al pianista reconocido en algunos círculos como “el patriarca de la música argentina”.

La escuela comenzó a funcionar en 2012, en horario nocturno, con una modalidad de cursado de tres años y destinada a la formación de adolescentes, jóvenes y adultos que no hayan completado la escolaridad en la edad establecida. La currícula se mantiene en alrededor de noventa alumnos.

Es precisamente la escuela, y no la música, lo que atrapa la atención en estos días, a raíz de una denuncia que involucra a dos integrantes del plantel directivo por la presunta expedición de títulos de estudios completos a personas que no habrían cursado ni aprobado las materias del bachillerato en economía y administración.

El senador Raymundo Kisser presentó la denuncia el 19 de marzo de 2019 y en ella menciona, entre otras irregularidades, la emisión de títulos truchos, la inscripción de alumnos en cursos para los cuales no cumplían los requisitos y la confección de actas de exámenes apócrifas y planillas de calificaciones donde se daban por aprobadas las materias a alumnos que no cursaron ni se presentaron a las mesas examinadoras.

La fiscal Paola Farinó inició una investigación penal preparatoria, solicitó medidas de prueba e imputó a dos directivas de la entidad, a quienes convocó a que presentaran abogado defensor, aunque todavía no han sido citadas a declarar.

Previamente, se había puesto en conocimiento a la entonces presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Marta Landó, sobre las irregularidades y amenazas sufridas por el denunciante, lo que motivó el inicio de un expediente administrativo, en el Departamento de Sumarios, en el que han declarado docentes y ex docentes de la institución.

Títulos truchos, malos tratos y amenazas

La investigación fue promovida, primero ante la Dirección de Jóvenes y Adultos del CGE, por un preceptor que elevó documentación que probaría las irregularidades en la institución, e involucró, concretamente, a la secretaria a cargo de la escuela, María Laura Gabás; y a la preceptora Susana Yacomo.

Decía, por ejemplo, que al esposo de la secretaria le dieron por aprobadas todas las materias de primero y segundo año sin asistir a la escuela y ni siquiera presentarse a rendir en las mesas evaluadoras.

Las notas habían sido volcadas en las planillas calificadoras que lleva cada docente, transcriptas en los libros calificadores que confeccionan los preceptores y también en un libro matriz, que lleva la secretaria –y solo la secretaria–, en el que consta el detalle de las materias que cada alumno ha cursado en la institución, para luego otorgar los certificados analíticos, pases a otras escuelas o títulos.

Según consta en la denuncia presentada por el senador Kisser, la supervisora de la escuela “constató que el libro matriz estaba todo tachado con corrector” e insistió en que “el libro matriz es confeccionado solo por la secretaria María Laura Gabás”.

En la denuncia se mencionan otros casos similares, que fueron advertidos por el preceptor. En uno de ellos, dijo haber visto a la preceptora Yacomo repartiendo planillas para que los docentes consignen las notas de los alumnos y, respecto de uno de ellos, luego corregía los aplazos. “Las borraba y le ponía seis, dando la materia como eximida o aprobada en ese trimestre, si no, tachaba y cambiaba ella las notas o procedía exigiendo a los docentes la aprobación”, sostuvo el preceptor.

En otra ocasión, la misma Yacomo le habría dado por aprobadas siete materias que un alumno adeudaba del último año. El estudiante pretendía que le expidieran una constancia de lo que había cursado para presentar en otra institución; pero la preceptora, en lugar de eso, dijo que le daría el título sin que se presentara a rendir las materias previas, para lo cual habría falsificado actas de los tribunales de evaluación y, se presume, la firma de al menos un docente que integró esas mesas examinadoras.

A estas irregularidades –y otras que constan en la denuncia–, se sumaron el mal clima laboral, malos tratos y amenazas hacia el preceptor que advertía de las anomalías, hasta que finalmente renunció cuando el asunto comenzó a generarle problemas de salud.

La secretaria Gabás y la preceptora Yacomo no han sido citadas a declarar, pero designaron a Sergio Avero como abogado defensor en la causa penal; y la fiscal Farinó espera por algunas medidas de prueba que solicitó para determinar si las irregularidades denunciadas encuadran en delitos de falsedad ideológica, falsificación de documentos públicos u otro.

Para determinar si las docentes incurrieron en algún delito, además, la fiscal pidió copia del expediente administrativo y que el CGE le informe si se han expedido títulos a las personas sospechadas; también un detalle de la cantidad de papel moneda –que se utiliza para la confección de los títulos– que le entregó a la escuela, cuánto utilizó en el período bajo investigación, la documentación de los títulos entregados a los egresados y datos del sobrante que la institución debió reintegrar al organismo público. Espera respuesta.

Por otro carril corre el expediente administrativo en el CGE. Mientras tanto, las docentes denunciadas continúan cumpliendo funciones en la institución.