Se cae la Ley de Enganche otorgada por el kircherismo

03/02/2020

El gobierno provincial estudia la derogación de una ley que fijaba una paritaria automática para los integrantes del Poder Judicial. Se trata de una norma aprobada por el más puro de los gobierno K en la provincia. Las posibilidades que se estudian.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

Gustavo Bordet anunció el día que asumió su segundo mandato una reforma judicial. La iniciativa estuvo acompañada de cuestiones que resultan impracticables en Entre Ríos porque la Constitución reformada en 2008 se lo impide.

El Gobernador habló de un límite en la edad de los funcionarios judiciales, pero cuando se quiso fijar en el texto magno la iniciativa se rechazó. Otro punto que marcó el mandatario, pero que es imposible de llevar adelante sin una nueva reforma constitucional, es la exigencia que un integrante del Poder Judicial tenga que revalidar su cargo a través de un concurso como ocurre en el ámbito docente.

Sin embargo, hay un punto sensible para el Poder Judicial que está en estudio según supo Página Judicial. Derogar la Ley de Enganche, lo que hace automático el incremento que se auto otorga la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los integrantes del Poder Judicial de la provincia, incluido los empleados y jubilados.

En el Poder Ejecutivo se estudian dos posibilidades: suspender la ley 10.068 por un plazo o, directamente, derogarla. En torno a la primera posibilidad surgen preguntas que aún no se han respondido. ¿Qué sucede si se suspende la norma y la Corte se otorga un aumento? ¿Se bonifica una vez terminada la suspensión de la norma?

Cuando Página Judicial publicó que esta ley podía ser uno de los puntos a introducir en la reforma judicial anunciada, dos magistrados expresaron que el caso se podría judicializar por tratarse de un derecho adquirido. Otro tuvo una mirada diferente y locuaz: “Si se avanza con eso, nos cagan”.

La Ley de Enganche es una especie de paritaria para quienes se desempeñan en el Poder Judicial. Hasta que fue promulgada la ley 10.068, los representantes de ese poder (vocales) negociaban los incrementos salariales con el Poder Ejecutivo (gobernador y ministros) en un ámbito similar al de los estatales y docentes. Sacando los períodos de Sergio Montiel y Mario Moine no hubo demasiadas tensiones entre magistrados y el gobierno.

La promulgación de la ley automatizó la paritaria provincial al incremento propuesto por la Corte. La enganchó, de ahí el nombre. En este caso Entre Ríos paga salarios sin participar de la negociación.

La rosca

La decisión de avanzar con la suspensión o derogación de esta ley tiene como marco el ajuste (solidario al decir del oficialismo). Alberto Fernández, hace una semana, reveló haber escuchado de boca de los propios gobernadores las asimetrías que se producían en sus territorios en materia salarial con la Ley de Enganche entre el Poder Judicial y otros sectores de la administración pública.

Sectores políticos, básicamente peronistas enfrentados al kirchnerismo y de buena relación con la Justicia, soltaron una teoría. Aducen que terminar con la Ley de Enganche sería una herramienta para domesticar al Poder Judicial y que detrás de esa idea está el kirchnerismo.

La norma que se pretende suspender o derogar la hizo aprobar el paladín de la bandera K por estas tierras, Sergio Urribarri, quien la impulsó y la Legislatura la aprobó en diciembre de 2011. El país lo gobernaba Cristina Kirchner.

Lo que se pretende con la derogación de esta ley es armonizar el sistema paritario entre todos los sectores públicos. No se trata de un ajuste, porque en términos financieros es inexistente. ¿Para que serviría entonces una suspensión momentánea?

Este debate debe ser visto, también, con la idea de una reforma previsional y la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos, otro de los temas de fondo que la política no quiere mencionar, pero que en la agenda que se discute a puertas cerrada es excluyente.