Fuertes críticas y un pedido de absolución para Hernández

20/12/2019

Los defensores del ex concejal Pablo Hernández solicitaron su absolución lisa y llana, pero lanzaron durísimas críticas a la investigación realizada por la Policía Federal. También se pidió la absolución del agente de tránsito Alan Viola y de los dueños del campo donde aterrizó la narcoavioneta.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

El pedido concreto fue para que se decretara la absolución lisa y llana del ex concejal Pablo Hernández, pero en el camino sus abogados defensores lanzaron durísimas críticas a la “desastrosa” investigación de la Policía Federal, dijeron que se falsificaron documentos y sugirieron que detrás de la imputación a los funcionarios hubo “una cuestión política”.

El elemento más fuerte del alegato tal vez haya sido cuando el abogado Emilio Fouces puso en duda que los testigos civiles que participaron del allanamiento en la casa Luciana Lemos, donde se encontró el cuaderno donde se menciona a los funcionarios públicos como compradores de cocaína, se hubieran quedado hasta el final del procedimiento. Sugirió entonces que pudieron haberse falsificado sus firmas.

La abogada Milagros Serra Cullen, además, hizo una reinterpretación de las escuchas telefónicas, que constituyen una pieza fundamental para la acusación, y pidió la exclusión probatoria del secuestro del teléfono hallado en la celda que ocupaba Daniel Celis en la unidad penal, el 6 de septiembre de 2017, y que da origen a la causa. La letrada dijo que el procedimiento había sido “irregular” y que “el análisis de los datos contenidos en el aparato se hizo violando garantías constitucionales a la intimidad personal”. El impacto de la medida es tal que tendría como consecuencia la absolución de todos los acusados.

Fouces dijo también que el acta de allanamiento del domicilio de Luciana Lemos, el 2 de mayo de 2018, es “un monumento a la irregularidad” y pidió que sea declarada nula. Sostuvo que los policías federales pudieron haber falsificado las firmas de los testigos civiles, que se menciona la presencia de un perro detector de narcóticos al que nadie vio y puso en duda la presencia del juez federal y el secretario del juzgado.

El letrado cerró su alegato manifestando “el espanto por la liviandad con la que se está llevando adelante la acusación en la causa más importante de narcotráfico de la historia de Entre Ríos por la gravedad institucional y por las personas que están involucradas”.

También se pidió la absolución del agente de tránsito Alan Nicolás Viola, señalado como intermediario en la relación entre Daniel Celis y el intendente Sergio Varisco.

Del mismo modo, se solicitó la absolución de los hermanos José y Omar Ghibaudo, los dueños del campo donde aterrizó la avioneta cargada con más de trescientos kilos de marihuana.

Otra forma de ver las cosas

En el comienzo del alegato, Serra Cullen se ocupó de reinterpretar las escuchas telefónicas que sostienen la acusación contra Hernández y planteó que el ex concejal desconocía las supuestas actividades relacionadas con el narcotráfico a las que se dedicaba Celis.

La abogada citó una conversación en la que Hernández le dice a Celis:
–’Te ensucian con cosas que no son tuyas, Daniel.

También contextualizó un intenso cruce de mensajes que Hernández tuvo con la ex funcionaria Griselda Bordeira, el 14 de febrero de 2018, donde ella le dice:
–Vos y Sergio metieron la droga en el partido, no te olvides.
Pero la abogada hizo hincapié en la respuesta que le ofrece el ex concejal:
–Yo desconocía lo que pasó, y vos nunca me dijiste nada, ni en campaña… vos lo llevabas a comer a tu casa.

Como se dijo, los defensores solicitaron que no se tenga en cuenta la prueba obtenida del teléfono celular que Celis tenía en la cárcel y del que salió el mensaje que le envió a su pareja, Fernanda Orundes Ayala, el 5 de septiembre de 2017:
–Por fin una buena, arreglé con el intendente –escribió y luego borró el mensaje.

Los investigadores toman ese mensaje como el reconocimiento de un nuevo acuerdo político que significó, de parte de Varisco, el compromiso de financiar el relanzamiento de Celis en sus actividades de comercialización de cocaína.

Sin embargo, la abogada Serra Cullen le da otro sentido a ese mensaje a partir de relacionarlo con una serie de reclamos que por esos días Celis le hacía a Hernández por el incumplimiento del compromiso de asignarle contratos a personas allegadas que habían militado en la campaña electoral, entre ellas, Orundes Ayala. “Durante ocho años te presté plata, no merezco que me hagas esto, y menos con mi gente”, se queja Celis a través de un mensaje de texto que le envió al ex concejal. Dice la defensora: “¿Por qué no pensar que el mensaje donde Celis dice ‘arreglé con el intendente’ refiere a este pedido por un contrato?”.

A su turno, Fouces aseguró que “la Policía Federal interpretó mal queriendo hacerlo”, agregó que “no está en duda la capacidad de los funcionarios policiales, sino que hubo mala fe”. El letrado afirmó que hubo una motivación política para involucrar a los funcionarios públicos, aunque no identificó a nadie.

No obstante, aseveró que “la Policía Federal nunca quiso investigar a los políticos porque sabían que iban a pasar un papelón; entonces generaron un estado de sospecha sobre la base de interpretaciones a terceras personas, porque no tienen ningún diálogo directo”.

En el mismo sentido, sostuvo que “durante el juicio declararon alrededor de cien testigos y una sola persona se animó a decir que Varisco, Hernández y Bordeira financiaban a Celis, y no lo dice porque lo haya visto sino porque lo interpreta. En tres renglones los sienta a Varisco, Hernández, Bordeira y Viola; interpreta que Hernández es Varisco y que el dinero que la Municipalidad le entregaba a Viola o a Celis era para comprar estupefacientes y que a partir de que empezaron a recibir ese dinero, comenzó a llegar la droga desde Buenos Aires. Por eso están sentadas estas cuatro personas”, reseñó Fouces.

Pero el abogado afirmó que la acusación se sostiene “en pilares endebles”, que serían las interpretaciones de las escuchas telefónicas, la declaración de Luciana Lemos y sus anotaciones en los cuadernos.

Fouces afirmó que Celis y Lemos comenzaron con las actividades de narcotráfico en septiembre de 2017 y la única entrega de dinero de parte de los funcionarios que ha sido probada se produjo en abril de 2018”, cuando Hernández admitió haberle entregado 20.000 pesos a Luciana Lemos (ella dice que fueron 30.000). “Esa entrega de dinero no fue probada por la Policía Federal sino que la reconoció el propio Hernández. Con esos 20.000 pesos Hernández posibilitó un negoció de 2 millones”, ironizó el letrado.