Defensores pidieron la nulidad de la investigación de la avioneta

19/12/2019

El planteo fue efectuado por los defensores públicos e invocaron dos motivos: que el juez habilitó la investigación sin transmitírsela al fiscal y que se habrían realizado escuchas telefónicas antes de que se habilitara la pesquisa. Pidieron entonces la absolución de todos los acusados por la avioneta.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Los defensores oficiales patearon el tablero y pidieron que se declare la nulidad de la investigación que concluyó el día del aterrizaje de una avioneta cargada con trescientos kilos de marihuana en un campo de Colonia Avellaneda y que significó la primera caída de la organización encabezada por Daniel y Miguel Ángel Celis.

Fue Noelia Quiroga quien explicitó el planteo en representación de Miguel Carmelo Leguizamón, Miqueas Julio Córdoba, José Marcial Caballero, Luis Orlando Céparo, Yamila María José Corradini, Marcos Javier Velázquez, Julio César Vartorelli y Jonatan Iván Romero, todos acusados de integrar la banda de los hermanos Celis.

Según dijo, la Policía Federal recibió una denuncia anónima en la que se mencionaba que un cargamento de marihuana detectado en la casa de un empleado municipal había sido trasladado hasta ese lugar por una persona apodada Cebolla (Leguizamón) en un camión remolcador de la Municipalidad de Paraná. El juez debió transmitir la denuncia inmediatamente al agente fiscal, pero no lo hizo; y el fiscal debió requerir al juez asumir la investigación, pero eso tampoco ocurrió, en abierta violación a las normas, explicó.

Pero la defensora pública fue más allá y dejó entrever que la Policía pudo haber utilizado escuchas ilegales, teniendo en cuenta que la acusación contra los miembros de la organización es por haber realizado actividades de comercio de estupefacientes entre el 16 de marzo de 2016 y 28 de mayo de 2017, pero se habrían incorporado conversaciones de enero de 2016, es decir, antes de la apertura formal de la causa.

Si prosperara este planteo, se caería causa y todos los acusados serían absueltos.

Lo cierto es que más allá de este planteo, los defensores solicitaron la absolución de los acusados. Así lo solicitaron también los abogados de Miguel Fidelina Valde, la madre de los Celis; Carlos Gastón de La Fuente y Miguel Ángel Celis.

Los meses previos

El almanaque marca como un día clave aquel domingo 28 de mayo de 2017, cuando aterrizó la avioneta cargada con 317 kilos de marihuana en un campo de Colonia Avellaneda.

Como se dijo, la investigación se había iniciado el 26 de agosto de 2015, cuando la Policía de Entre Ríos llegó hasta una casa de calle Alemanes del Volga y encontró 1.772 kilos de marihuana en una caja térmica. Fue el dueño de casa, Sergio Daniel Godoy, empleado municipal, quien admitió que la droga se la había llevado Miguel Carmelo Leguizamón, aunque en ese momento solo lo identificó por el apodo de Cebolla.

Su defensora afirmó que el camión que se mencionó, en realidad, había sido vendido a la Municipalidad de Hasenkamp en 2009 y ya no pertenecía a la flota de vehículos de la Municipalidad de Paraná.

Quiroga dijo además que, en realidad, la Policía Federal se valió de un llamado anónimo que mencionaba a Leguizamón y Miguela Valde, como personas vinculadas a Daniel Celis y que éste se dedicaba a la comercialización de estupefacientes. Eso motivó la intervención de los teléfonos de Leguizamón, una medida que la defensora consideró “infundada”, porque, según dijo, “el solo hecho de ser conocido de Celis no da lugar para habilitar una intervención telefónica”. Pero agregó que “lo vigilaron durante cinco meses y no consiguieron ningún dato de interés; las tareas investigativas no probaron el comercio”.

En cuanto a Valde, su abogado, Claudio Berón, dijo que “pasó desapercibida en el juicio oral, no hay ningún hecho que se le pueda atribuir”; aseguró que los fiscales la acusaron de almacenar, comerciar y transportar estupefacientes y explicitaron “que tiene una hija que ha sido condenada por narcotráfico solo para construir una imagen negativa de ella”. Por eso pidió la absolución para la madre de los hermanos Daniel, Miguel y Eduardo Celis.

Llegó la avioneta

Miguel Ángel Celis asumió haber sido quien orquestó el operativo de la avioneta, aunque los fiscales extendieron la responsabilidad también a su hermano Tavi, que en ese momento estaba detenido una cárcel de Paraná.

Sin embargo, su abogado Augusto Laferriere aseguró que las actividades de comercio de estupefacientes que se le atribuyen no llegaron a concretarse, que ni siquiera estuvo en posesión del cargamento de marihuana: “No hay comercio porque no logró hacerse del material. Cuando compra, no está comerciando; pero si la compra es comercio, en este caso es un acto fallido, porque tampoco llegó a concretarse”, aventuró. En su consideración, la conducta de Titi Celis debe calificarse como de tentativa.

Por lo demás, resaltó que tampoco se probó que hubiera una organización dedicada al comercio de estupefacientes: “No hay una sola foto ni escuchas ni filmaciones donde se adviertan actos de comercio expreso”, insistió.

Celis, en su declaración, involucró a José Marcial Caballero y Luis Orlando Céparo como sus colaboradores en el operativo de la avioneta.

Noelia Quiroga, la defensora de ambos, pidió reconsiderar la acusación y un mayor beneficio por haber colaborado con la investigación. Dijo que Caballero “no era el encargado de transportar el tóxico”, sino que tenía una participación “fungible, secundaria” en el operativo, e incluso resaltó que “aportó datos de los proveedores que si se seguían podía permitir llegar más arriba en la organización”.

En cuanto a Céparo, dijo que “no hubo tareas de inteligencia que lo vinculen con acciones de venta (de estupefacientes); solo facilitó el lugar para que otros introduzcan la droga en el circuito de la comercialización” y apuntó contra los hermanos José y Omar Ghibaudo, los dueños del campo donde aterrizó la avioneta: “No tiene lógica la explicación de que fueron engañados por Céparo y que pensaban que la avioneta tenía agroquímicos si ellos estaban en el lugar cuando se produjo el aterrizaje”.

Por su parte, la defensora oficial Gisela Cancillieri también pidió la absolución de Marcos Javier Velázquez, acusado de haber buscado campos donde se pudiera montar una pista de aterrizaje para la avioneta. La letrada consideró que “su actuación quedó en la fase de los actos preparatorios” porque los terrenos que le ofreció a la organización no fueron utilizados, más aún, “ni siquiera fueron puestos a disposición porque no se llegó a ningún acuerdo”. Por eso consideró que su conducta era atípica, es decir, no cometió delito.

Los eslabones más pequeños

Otro eslabón de la cadena lo constituyen, de acuerdo con la acusación, los vendedores minoristas a los que abastecía la banda de los hermanos Celis.

Según los fiscales, Yamila Corradini tenía como función informar sobre la disponibilidad de droga a los encargados de la distribución y venta. Pero la abogada Cancillieri consideró que el motivo por el cual está sentada en el banquillo de los acusados por haber sido pareja de Titi Celis: “Por las relaciones familiares se deduce que Corradini tiene vinculación con actividades de comercio de estupefacientes”.

La defensora resaltó que la Policía Federal no encontró elementos de interés en las conversaciones interceptadas entre Miguel Celis y Corradini y “no hay ningún elemento que indique que en su casa se comercializaban estupefacientes”.

“Hay que analizar el fenómeno del narcotráfico desde una perspectiva de género: aquí se imputa a una mujer, no por lo que hizo sino por relación de convivencia con una persona a la que se vincula con el narcotráfico”, denunció Cancillieri.

También se pidió la absolución de María Laura Zurita, señalada como vendedora al menudeo para la organización de los hermanos Celis. En su caso, Cancillieri solicitó que se declare la nulidad de la intervención de su teléfono porque se dispuso por el único motivo de haber mantenido una conversación de sesenta segundos con Fernanda Orundes Ayala, pareja de Daniel Celis, pero que en los meses siguientes no se obtuvieron pruebas de cargo.

En el mismo escalón se ubica a Miqueas Julio Córdoba, aunque en su caso la abogada Quiroga pidió un tratamiento atenuado porque, según dijo, “era un simple empleado que acataba las órdenes que le daba Miguel Celis: Celis mandaba y Córdoba obedecía”, insistió.

En cuanto a Julio César Vartorelli y Jonatan Iván Romero, también señalados como revendedores, la abogada Cancillieri hizo una defensa común. En las escuchas telefónicas ellos hablan de “pintura blanca” y “pintura verde” que los policías califican como eufemismos para referirse a cocaína y marihuana, pero “no se les secuestraron estupefacientes” y “nunca se detuvo a nadie por haber comprado el material que ellos vendían”, ironizó la defensora pública.

Por su parte, Gastón Storero, defensor de Gastón De la Fuente, cuestionó a los fiscales porque “han dado por cierto hechos de comercio de estupefacientes previos al aterrizaje de la avioneta que no existieron” y puso como ejemplo un pedido de Celis a Hernán Rivero, entonces director de la Unidad Municipal 2, para que le consiguiera camiones sin GPS para trasladar unos “muebles”. “No hay nada que pruebe eso”, dijo el abogado.

Según la acusación, De la Fuente tenía contacto con una persona en la República del Paraguay que podría ser proveedor de la organización, “pero esos hechos no están probados ni comprobados”, insistió Storero.

El defensor consideró que “existe una enorme cantidad de hechos no probados que se dan por ciertos para poder calificar la conducta como de comercio, porque el comercio debe ser habitual y sostenido en el tiempo”, reiteró el letrado.

En cuanto a De la Fuente, señaló que ha admitido que estuvo en la casa de Miguel Celis en los días previos al aterrizaje de la avioneta, pero “el hecho de que su vehículo estuviera en Colonia Avellaneda (en los momentos previos a la llegada del cargamento) no prueba para nada su intervención en ese hecho” e incluso indicó que “no tuvo ninguna interacción con los hermanos Ghibaudo ni con el resto de las personas que intervinieron en el hecho” y si acaso recorrió campos donde montar posibles pistas de aterrizaje, “se trata de un acto preparatorio y, por lo tanto, irrelevante”.

Foto: APF.