Los defensores dijeron que Celis tuvo que vender cocaína por necesidad

17/12/2019

Los abogados reconocieron que Daniel Andrés Celis comercializaba cocaína mientras estaba detenido, y que lo hacía con la complicidad de Luciana Lemos, su pareja de entonces. En cambio, lo desvincularon de la avioneta. Se pidió la absolución de Hernán Rivero, Cristian Silva, Fernanda Orundes Ayala y Patricio Larrosa.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Dicen sus abogados que Daniel Andrés Celis ha sido estigmatizado, que es un “referente político” al que los medios de comunicación persisten en rotular como narcotraficante y eso construyó un “prejuicio social”.

Dicen que Celis celebró un acuerdo político con Sergio Varisco, aportó dinero y puso la estructura del Movimiento Vecinalista del Oeste a trabajar para la campaña y que “tal vez veía en ese acuerdo político una salida; quería trabajar pero ese acuerdo político no se cumplió y a Celis se le frustró el sueño”.

Dicen que “la Municipalidad no le cumplía con el acuerdo”, que eso le generó “problemas económicos y recurrió a lo que tenía a mano”: insertarse en el negocio de la cocaína, no como organizador ni financista sino en actividades de comercio, por eso pidieron un cambio en la calificación legal, que el tribunal tenga en cuenta que se involucró en el negocio “en un estado de necesidad” y que sea condenado a seis años de prisión.

Los abogados José Velázquez y Leopoldo Cappa, defensores de Celis, señalaron que “la acusación está fundada en las interpretaciones de las escuchas telefónicas” y que los investigadores policiales hicieron una “interpretación libre” de esas conversaciones.

También aseguraron que “no tuvo ninguna vinculación” con el operativo que concluyó con el aterrizaje de una avioneta cargada con 317 kilos de marihuana en un campo de Colonia Avellaneda, y pidieron su absolución por este hecho.

Del mismo modo lo hicieron los defensores de Hernán Rivero, Cristian Silva –señalados como lugartenientes de Celis en la organización–, su pareja Fernanda Orundes Ayala y Patricio Larrosa, todos acusados por el aterrizaje de la avioneta.

La interpretación de las escuchas

Velázquez insistió en que los investigadores hicieron una “interpretación libre” de las escuchas telefónicas y que “no existen elementos que coloquen a Celis como responsable de la bajada de la avioneta”.

El abogado admitió que Celis pudo haber visitado campos cercanos a Paraná en la búsqueda de un lugar donde montar una pista de aterrizaje, pero que cuando el operativo se concretó, ya estaba detenido y no tuvo ninguna responsabilidad en ello.

“Daniel Celis no tiene ninguna vinculación con la avioneta”, insistió Velázquez.

“Los verdaderos actos de ejecución para el aterrizaje de la avioneta comienzan en febrero de 2017. Hay una conversación directa en la que se habla de que el objetivo era bajar el avión. Pero Tavi Celis no participa”, agregó el abogado defensor.

En todo caso, explicó, la búsqueda de un campo para montar una pista constituye un acto preparatorio, y eso no es punible. “Pasar el dato no es un delito. Si Tavi Celis sabía lo que llegar a hacer su hermanos, tampoco estaba cometiendo un delito”, sostuvo el abogado.

Del mismo modo, la abogada Corina Beisel dijo que Hernán Rivero “es absolutamente inocente” y cuestionó “la endeblez probatoria que tiene la causa”.

En primer lugar, rechazó “que Celis hubiera puesto a Rivero al frente de la Unidad Municipal 2, sino que fue convocado por haber estado antes vinculado como asistente de (Fernando) Sibulofsky en la Municipalidad de Paraná, durante la gestión de Blanca Osuna”.

Según dijo, Rivero está sentado en el banquillo de los acusados “por haber recibido un llamado de Celis pidiéndole camiones sin GPS para trasladar unos muebles” y agregó: “Tal vez puede achacársele que un individuo de dudosa rectitud moral le pidió un camión para trasladar muebles cuando en realidad se trataba de drogas”.

En ese sentido, el abogado Velázquez resaltó que tras la detección de esa llamada, la Policía Federal “dispuso un operativo con cámaras e hicieron seguimientos, pero no pudieron encontrar nada” y agregó: “Se puede pensar que Celis utilizó vehículos del Estado para fines particulares, y eso es reprochable. Pero se pensó que la intención era trasladar droga porque se partió de aquel rótulo de que Celis es narco”.

Velázquez también hizo referencia a las conversaciones que Celis mantuvo con Cristian Silva en la búsqueda de bidones y combustible de alto octanaje que, según los fiscales, se utilizaría para abastecer a la avioneta para el viaje de regreso a Paraguay. El letrado dijo que se trata de una “fábula” y que no se relaciona con el narcotráfico.

A su turno, el defensor Augusto Laferriere dijo que “Silva se dedica a correr en karting desde hace treinta años” y para eso era el combustible. “El uso de bidones es una forma de fraccionar el combustible y controlar para que no lo roben; no tiene ni pie ni cabeza pensar que los bidones y el combustible eran para el avión”.

Patricio Larrosa está sindicado como otro engranaje de la organización, como colaborador de Miguel Ángel Celis, brindándole asistencia personal en su traslado. Puntualmente, el día del aterrizaje de la avioneta habría trasladado a Titi hasta las inmediaciones del campo en su camioneta. Laferriere, su defensor, dijo que “solo le prestó la camioneta, pero quien la conducía era Miguel Celis, sin acompañante” y siguió con una pregunta: “¿Sabía con qué fines utilizaría el vehículo?”.

Luego atacó nuevamente la interpretación que se da a las escuchas telefónicas al señalar aquella en la que se menciona que Larrosa había sido invitado a viajar a Córdoba, donde Titi Celis concretó el pago de un cargamento de marihuana, se complementa con otra en la que Larrosa se contacta con Celis para pedirle dinero prestado y éste le responde que ya estaba de viaje, precisamente, a Córdoba. De modo que el abogado Laferriere se permite aseverar que “no hay un solo elemento probatorio que incrimine a Larrosa”.

El dirigente político Celis

Más adelante, el abogado Cappa insistió en la condición de “dirigente político” de Celis, se refirió al acuerdo que celebró con el entonces candidato Sergio Varisco, describió su función como la de “llevar votos a un partido determinado” y resaltó que “la militancia es organizada no es un delito, es un regalo de la democracia”.

En ese marco, dijo que “Celis no aportó un solo peso a la campaña de cambiemos. Sus aportes fueron en especies y después quería recuperar la plata que había invertido. ¿Está mal? No está mal aportar a la campaña. Celis hizo un acuerdo político”, insistió.

El abogado explicó que el incumplimiento de ese acuerdo político dejó a Celis en una mala posición económica: “La campaña lo dejó insolvente y eso lo llevó a Celis a cometer el robo en Diamante. Era el peor momento de la vida de Celis: quebrado y lejos de su familia”. Eso, dijo, lo llevó a incursionar en el negocio de la cocaína. Sin embargo, insistió en que “nadie financiaba a Celis, la modalidad era a consignación”.

Cappa afirmó que Luciana Lemos, entonces pareja de Celis, “era parte del negocio; ella disponía si se le pagaba o no a las mulas, por ejemplo”. Incluso indicó que “su declaración no es fidedigna” y cuestionó que los fiscales hayan atenuado su responsabilidad por considerar que aportó datos para desentrañar el modus operandi de la organización. Hasta pidió que se le conceda el mismo beneficio a Celis.

El letrado sostuvo además que la causa “tiene una connotación política muy grande” y cuestionó al juez de instrucción por haber excluido de la acusación a “dirigentes del PRO”, a pesar que Lemos mencionó al ex concejal Emanuel Gainza.

El constructor

El incumplimiento del acuerdo político también alcanzó a Cristian Silva, según dijo su defensor. En su caso, explicó, Varisco le habría ofrecido la ejecución de pequeñas obras que licitaría el municipio a cambio de su apoyo. “Eso no escapa a lo que hace cualquier dirigente político para ganar una elección, pero no tiene nada que ver el narcotráfico”, sostuvo Laferriere. Pero no le cumplieron, según ha dicho Celis.

Silva, según dijo, conocía a Celis y militaba en el Movimiento Vecinalista del Oeste; el abogado Laferriere reconoció que “no era empleado municipal pero colaboraba en la Unidad Municipal 2” e incluso admitió que “mantuvo reuniones políticas con Celis en la unidad penal” cuando estaban armando la lista para competir en el sindicato.

Laferriere destacó además que “no hay escuchas telefónicas de Silva con otros miembros de la organización ni con los organizadores”, “no hay ninguna prueba de Silva buscando pistas” y “tampoco se encontraron elementos relacionados con los tóxicos en el allanamiento realizado en su casa”, enfatizó.

Zapatos

La abogada Beisel resaltó la inocencia de Hernán Rivero, ex director de la Unidad Municipal 2 y dijo que “los fiscales, al formular su acusación, parten de una premisa errónea que los condujo a extravíos en sus conclusiones”.

“Si Rivero es condenado será un error judicial”, enfatizó.

Según dijo, “Rivero fue invitado por Varisco a participar de la campaña y que el material debía buscarlo en la casa de Celis y luego el mismo Varisco le preguntó a Celis si Rivero estaría en condiciones de asumir al frente de la Unidad Municipal 2”. En ese sentido, agregó que “Rivero militó para una agrupación política que llevó a Cambiemos a ser gobierno y así llegó a ocupar su cargo”.

También hizo referencia a un fallido negocio comprando un remanente de zapatos, vestimenta, artículos de bazar y regalería, junto con Cristian Silva, que éste había conseguido de un comerciante de la zona sur de la ciudad que liquidaba su stock agobiado por un problema de salud. La Policía sospecha que cuando hablaban de “zapatos”, en realidad, se referían a estupefacientes, algo que Silva y Rivero niegan de plano.

Beisel afirmó que “quedó demostrado que se trataba de un negocio” e incluso dijo que Rivero tuvo que vender un vehículo para concretarlo y “Silva aportó unos cheques”, diría luego el abogado Laferriere, que incluso agregó que “hay gente en Paraná que hoy está calzada con esas zapatillas”.

Lo que ambos dijeron es que el negocio finalmente no prosperó y se lo vendieron a Griselda Bordeira, la ex policía provincial.

La señora

El defensor oficial Alejandro Castelli, representante de María Fernanda Orundes Ayala, afirmó que “haber sido la pareja de Celis no parece suficiente” para sostener la acusación. En su caso, se la señala como la encargada de la recaudación que generaba la organización por la distribución y venta de droga a estructuras más pequeñas, también a partir de la interceptación de llamadas telefónicas.

En su alegato, Castelli dijo que “las escuchas telefónicas no son un medio de prueba autónomo sino un accesorio” en un proceso penal, y cuestionó que la acusación esté sostenida, principalmente, en la interceptación de las comunicaciones e incluso advirtió que hubo un “abuso de las intervenciones telefónicas” y “se les dio un sentido arbitrario”.

El defensor sostuvo que los fiscales solo establecieron “conjeturas”, pero “no probaron ningún grado de participación criminal de Orundes Ayala” en la comercialización de estupefacientes. Dijo que “no hay testigos ni pruebas que demuestren su participación” y agregó que “las escuchas no fueron comprobadas”.

Los fiscales habían mencionado una conversación que Orundes Ayala mantuvo con el condenado narcotraficante Víctor Fabián González, alias Cabeza de Fierro, coordinando el cobro de una deuda. Sin embargo, Castelli señaló que “no se probó que tuviera que ver con la venta de material estupefaciente” y le antepuso una escucha en la que Tavi Celis se queja ante otra persona diciéndole: “Fernanda no me da ni pelota con el tema de la droga”.

También dijo que en el allanamiento realizado en la casa de Fernanda Orundes Ayala no se encontró droga e insistió en que “ella no tuvo ningún vínculo con el resto de los imputados en cuanto a cualquier accionar delictivo”.