NARCOTRÁFICO
Los fiscales pidieron diez años de cárcel y que Varisco sea detenido
16/12/2019
El ex intendente fue acusado de financiar el narcotráfico, al igual que Griselda Bordeira y Pablo Hernández, para quienes pidieron que sean condenados a nueve años de cárcel. También acusaron a Daniel Celis y solicitaron una pena quince años de prisión. En cuanto a Luciana Lemos, su conducta resultó atenuada por haber colaborado con la investigación.
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
El ex intendente Sergio Varisco enfrenta sus horas más difíciles luego de escuchar a los fiscales solicitar que sea condenado a diez años de prisión, que se le imponga el pago de una multa de 250.000 pesos y que se disponga su inmediata detención, aunque en la modalidad domiciliaria, por haber financiado al narcotráfico.
Los fiscales señalaron que Sergio Varisco y Daniel Celis celebraron “un acuerdo espurio que excedía lo político” y que, en cambio, “había un acuerdo dinámico en torno al financiamiento de actividades de comercio de estupefacientes”. Incluso dejaron entrever que se habrían desviado fondos públicos para esa actividad ilícita, dado que “la contabilidad de la Municipalidad de Paraná no era clara y eso permitía un manejo incontrolable de los fondos”.
Los fiscales también solicitaron que Celis sea condenado a quince años de prisión y se le imponga el pago de una multa de 300.000 pesos como organizador y financiador de comercio de cocaína y marihuana en distintas localidades entrerrianas. “Era quien manejaba los hilos del negocio”, aseveraron.
Asimismo, pidieron condenas de nueve años de prisión y multa de 225.000 pesos para el ex concejal Pablo Hernández y la ex policía provincial y funcionaria municipal Griselda Bordeira, también acusados por el financiamiento de la organización narcocriminal, a quienes les enrostraron una mayor responsabilidad por su condición de funcionarios públicos.
En cuanto a Luciana Lemos, ex pareja de Celis, los fiscales solicitaron que sea condenada a cuatro años y seis meses de prisión y multa de 30.000 pesos por el delito de comercio agravado de cocaína. En su caso, morigeraron la acusación porque consideraron que su declaración sirvió para determinar el rol de Varisco, Hernández y Bordeira en la organización, como también identificó a los proveedores.
El acuerdo espurio entre Celis y Varisco
Durante siete horas los fiscales José Ignacio Candioti, Leandro Ardoy y Carlos García Escalada desmenuzaron esa apariencia estática que dan los expedientes judiciales y exhibieron la trama del negocio narco como una película que atraviesa la historia reciente de la ciudad.
Esta película, que es bien real, tiene como protagonistas a Sergio Varisco y a Tavi Celis, uno de los líderes del narcotráfico en Paraná, jefe de una banda de enorme capacidad económica y logística, dueño de un amplio territorio en la zona oeste y proveedor de varias organizaciones emergentes pero con un amplio desarrollo territorial.
En su alegato, detallaron minuciosamente el rol que tenía cada uno de los imputados en la organización y conectando todas las pruebas colectadas: pesquisas policiales, escuchas telefónicas, mensajes de texto, testimonios, indagatorias y documentos, principalmente los cuadernos de Luciana Lemos, para definir el modus operandi.
Dijeron los fiscales que el ex intendente “predispuso los medios para que Celis obtenga el dinero para adquirir el estupefaciente y luego volcarlo al comercio ilícito, con la colaboración de Hernández y Bordeira”.
Para ellos, hubo un “acuerdo espurio” que consistió en que “Celis aportó a la campaña y obtuvo el control de la Unidad Municipal 2 a raíz de esos aportes, hizo designar a Hernán Rivero al frente, también consiguió que su gente ingresara al municipio y esperaba que (un lugarteniente, Cristian) Silva obtuviera obras públicas”.
Pero ese acuerdo, consideraron, “trascendió lo político porque también hubo vinculaciones ligadas al narcotráfico”.
El primer indicio que mencionaron los fiscales fue un mensaje de texto que Celis envió a Fernanda Orundes Ayala, su ex pareja, el 5 de septiembre de 2017, estando ya detenido:
–Por fin una buena, arreglé con el intendente –decía el mensaje que luego borró.
A criterio de los fiscales, el mensaje contradice algo que Varisco dijo ante el tribunal respecto de que conocía a Celis, pero que no tuvo contacto con él luego de que cayera preso, en agosto de 2016. “Celis lo contradice”, dijeron.
Los fiscales también consideraron como una prueba central de la acusación a los cuadernos hallados en la casa de Luciana Lemos, donde constaban lo que serían operaciones de compra y venta de estupefacientes. “Allí estaban los apellidos de Varisco, Bordeira y Hernández (y Gainza) y también había anotaciones que decían ‘40 municipal’, ‘30 municipio’ y ‘30 muni’”, que serían montos de dinero que le habrían entregado los funcionarios públicos en el marco de aquel acuerdo político.
Los fiscales insistieron en que “en ese cuaderno había números, cifras, cantidades” y “las anotaciones tienen su correlato con las escuchas telefónicas”, es decir, aquello que los miembros de la organización discuten por teléfono luego se refleja en las operaciones que Luciana Lemos registra en sus cuadernos.
En ese sentido, Candioti reseñó una conversación del 5 de abril de 2018 en la que Celis y Lemos parecen estar controlando las operaciones de reventa de estupefacientes:
–Pablo tiene que conseguir la plata –le dice Lemos.
–Bueno, con eso nos manejamos bien –se entusiasma Celis.
La secuencia sigue al otro día:
–¿Qué te dijo Pablo Hernández, te dio, te dio? –insiste Celis.
“Las anotaciones de Lemos tienen su correlato con las escuchas telefónicas y los mensajes de texto”, resaltaron los fiscales. “Las anotaciones y lo que decía Lemos tenía corroboración con lo que iba sucediendo”, insistieron más adelante.
También mencionaron anotaciones que el propio Varisco llevaba con sus gastos diarios, donde constan cuatro entregas de dinero que le hizo a Pablo Hernández entre el 6 de diciembre de 2017 y el 12 de enero de 2018, por una suma total de 44.000 pesos, “una cifra superior a la que ganaba como intendente y que ni Varisco ni Hernández pudieron explicar de manera convincente a qué correspondía”.
En el mismo sentido, mencionaron las entregas de 10.000 y 30.000 pesos que Bordeira y Hernández le hicieron a Lemos el 27 de abril de 2018, unos pocos días antes del allanamiento en su casa, y que ella habría registrado en el cuaderno como “40 municipal”.
Otro indicio de la relación entre Celis y Varisco es un intercambio de mensajes que el sindicado narcotraficante mantiene con Alan Viola, un agente de tránsito que está acusado de ser intermediario en la relación entre ambos: “Estuve con Varisco en el auto”, le avisa primero. “A lo tuyo lo están manejando Pablo y Varisco”, completa unos días después.
“Eso también cierra el círculo y va demostrando el conocimiento de la ilicitud: los funcionarios sabían que ese dinero que le entregaban a Luciana Lemos le permitía que consiguieran el estupefaciente en Buenos Aires y lo trajeran a Paraná”, aseveraron.
Mencionaron también la declaración de Luciana Lemos, en la que “involucra directamente a Varisco en el ilícito: dice que el acuerdo excedió lo político, que Celis aportó 2 millones de pesos (durante la campaña electoral), una parte en dinero en efectivo y otra parte en mercadería, que eran bolsones y cocaína para ser entregada en la campaña; a cambio, Celis iba a quedarse con la Unidad Municipal 2”, insistieron los fiscales.
Según los fiscales, Griselda Bordeira también confirma el “acuerdo espurio” a través de un mensaje de texto que le envió a Pablo Hernández: “Vos y Sergio metieron la droga en el partido”, le escribió la iracunda ex policía provincial.
En el final de la película, los fiscales pidieron que Luciana Lemos también sea condenada, a cuatro años y seis meses de prisión y el pago de una multa de 30.000 pesos, es decir, una pena atenuada por la colaboración que dio para desentrañar esta historia.
Narcoavioneta
Los fiscales detallaron que los hermanos Daniel y Miguel Ángel Celis lideraban una organización que se dedicaba a la venta de marihuana al menudeo y en el aprovisionamiento a otras pequeñas bandas, que fue desarticulada el 28 de mayo de 2017, cuando policías federales irrumpieron en un campo de Colonia Avellaneda y sorprendieron a varias personas en el momento en que descargaban un cargamento de 317 kilos de marihuana desde una avioneta.
En ese momento la banda quedó prácticamente desarticulada.
Los fiscales, ahora, solicitaron para Miguel Celis una condena de doce años de prisión y multa de 18.500 pesos por haber sido, junto con su hermano Tavi, organizador y financiador de aquel cargamento y de las actividades de comercio de estupefacientes.
También pidieron condenas para los otros integrantes de la estructura, en su mayoría familiares: para Miguel Carmelo Leguizamón pidieron ocho años de prisión y multa de 15.000 pesos; para su esposa, Miguela Valde, madre de los hermanos Celis, solicitaron una condena de seis años de prisión y 6.000 pesos de multa; al igual que para María Fernanda Orundes Ayala; mientras que para Yamila María José Corradini, ex pareja de Miguel Celis, pidieron cinco años de cárcel y 5.000 pesos de multa. En tanto, no formularon acusación contra Renzo Bertana, hijo de una ex pareja de Celis, que será absuelto.
Del mismo modo pidieron que Cristian Javier Silva, un hombre de extrema confianza de Celis, que le manejaba el dinero y administraba sus bienes, sea condenado a ocho años de prisión y multa de 15.000 pesos; para Hernán Jesús Rivero solicitaron una condena de seis años de prisión y multa de 6.000 pesos.
En tanto, pidieron que Gastón de la Fuente y Sergio Marcelo Baldi sean condenados a ocho años de prisión y multa de 15.000 pesos; para Julio César Vartorelli solicitaron una pena de siete años de cárcel y multa de 10.000 pesos; para Marcos Javier Velázquez, Jonatan Iván Romero, Miqueas Julio Córdoba y María Laura Zurita pidieron condenas de seis años de prisión y multa de 6.000 pesos; y para Patricio Facundo Larrosa pidieron que sea condenado a cinco años de prisión y multa de 5.000 pesos.
En cuanto a los hermanos Omar y José Ghibaudo, los dueños del campo donde aterrizó la avioneta, pidieron que sean condenados a ocho años de prisión y multa individual de 15.000 pesos. En cambio no formularon acusación contra María Esther Márquez, una vidente a la que consultaban los hacendados, por lo que será absuelta.
En cuanto a Luis Orlando Céparo y José Marcial Caballero, pidieron que sean condenados a cuatro años y seis meses de prisión y el pago de una multa de 4.000 pesos, una pena atenuada por haber colaborado con la investigación que dio para desentrañar esta historia.
También pidieron el decomiso de automóviles, camionetas, la avioneta por haber sido utilizados para cometer el delito, como también el dinero en efectivo.
Narcomunicipio
Aquella investigación, como ya se dijo, se retomó a partir de la detección de comunicaciones que indicaban que Celis había relanzado su organización en septiembre de 2017 a partir de un acuerdo político con el intendente.
En ese marco, pidieron que Eduardo Humberto Celis –hermano de Tavi–, Juan Manuel Gómez y Jonathan Jesús Heintz sean condenados a siete años de prisión y multa de 120.000 pesos; mientras que para para Nahuel Jonatan Eduardo Celis pidieron una condena de cinco años de cárcel y multa de 75.000 pesos.
También pidieron que sea condenado Wilber Figueroa Lagos, un ciudadano de nacionalidad peruana que oficiaba de nexo entre Celis y su proveedor, para quien solicitaron una condena de ocho años de prisión y multa de 125.000 pesos.