“El retiro del Estado permitió el avance del narcotráfico a gran escala”

13/12/2019

Los fiscales afirmaron que la organización encabezada por Daniel Celis es la más importante que haya sido juzgada en la provincia y que los funcionarios públicos conocían la actividad ilícita que desarrollaba el sindicado narcotraficante. El lunes harán los pedidos de pena.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

“Daniel Celis puso su estructura al servicio de un grupo político en tiempos de campaña, a cambio del manejo de la Unidad Municipal 2, contratos y dinero para financiar a su organización; y el retiro del Estado permitió el avance de una organización dedicada al comercio de estupefacientes a gran escala”.

En la descripción que trazaron los fiscales, se expresa la convicción de que el nivel de desarrollo territorial que había adquirido una organización narcocriminal no pudo darse sin la connivencia de políticos territoriales; ellos no podían desconocer la magnitud de un negocio que iba creciendo frente a sus narices. Y en ese escenario, una organización narcocriminal, la que encabezaba Tavi Celis, envenenó al gobierno municipal y penetró en las estructuras estatales hasta que estuvieron a su servicio.

Se trata, según su consideración, “de la organización dedicada a la comercialización de estupefacientes más importante que se haya juzgado hasta el momento” en la provincia de Entre Ríos, que tenía entre sus miembros a funcionarios municipales.

En esta relación tan particular, dicen los fiscales, “surge el evidente conocimiento que tenían Sergio Varisco, Pablo Hernández y Griselda Bordeira respecto a las actividades ilícitas de Celis” y lo ejemplificaron en aquel mensaje de voz que la ex policía provincial envió al concejal el 14 de febrero de 2018:
–Vos y Sergio (Varisco) metieron la droga en el partido, no te olvides.

De modo que “el acuerdo que aquí se intentó caracterizar como político, excedía largamente ese marco”, machacaron los fiscales José Ignacio Candioti, Leandro Ardoy y Carlos García Escalada.

El juicio discurre sobre dos causas que tienen como punto de contacto el nombre de Tavi Celis, que cayó, primero, cuando se desbarató una organización dedicada a la venta de marihuana el día que policías federales irrumpieron en un campo en el mismo momento en que estaban bajando trescientos kilos de droga de una avioneta; y, un año más tarde, por la caída de una nueva banda que lideraba el mismo Celis desde la cárcel, supuestamente, financiada con fondos públicos, pero que vendía cocaína.

La avioneta que traía a Papá Noel

Durante cuatro horas los fiscales fueron desentrañando datos de la investigación policial, escuchas telefónicas, testimonios y pruebas documentales que les permitieron reconstruir el funcionamiento de la organización y el rol que le asignan a cada uno de sus miembros.

En primer lugar, describieron la investigación que terminó cuando se desbarató una organización dedicada a la venta de marihuana, liderada por los hermanos Daniel y Miguel Ángel Celis, el día que policías federales irrumpieron en un campo en el mismo momento en que estaban bajando 317 kilos de droga de una avioneta.

Candioti resaltó que la capacidad de la organización era tal que “hay funcionarios municipales involucrados”, como Hernán Rivero y Miguel Carmelo Leguizamón, y que “Daniel Celis controlaba la Unidad Municipal 2”.

Eso le permitía a Celis resolver el problema de cómo trasladar la droga sin ser detectado, ya que lo hacía utilizando camiones recolectores de basura que no tuvieran sistema de rastreo satelital, como surge de una conversación en la que el sindicado líder narco le pide a Rivero un camión sin GPS para “trasladar unos ‘muebles’ San Benito”.

La organización se aprovisionaba, según dijeron, en Paraguay, donde tenían un contacto al que llamaban “Cacho” o “Cachito”.

Según el fiscal, primero a droga llegaba en vehículos, hasta que Tavi Celis comenzó a trazar la logística para el aterrizaje de avionetas cargadas con marihuana en campos cercanos a Paraná.

La organización era tal que había miembros de la banda encargados de detectar campos donde pudieran construirse pistas clandestinas y “en diciembre de 2016 empieza a hablarse en concreto” del descenso de una aeronave. Para ese momento, Tavi Celis ya estaba detenido y la tarea había quedado en manos de su hermano, Titi.

Por su parte, Tavi Celis le encomendó a Cristian Silva que consiguiera cien bidones para cargar combustible y reabastecer a la avioneta para el viaje de vuelta. En distintas conversaciones telefónicas, “primero le pidió nafta, después nafta de alto octanaje y al final le pidió aeronafta”, reseñó el fiscal Candioti.

El clima hizo demorar el operativo, la pista que habían acondicionado en un campo de María Grande se arruinó y la banda trasladó el aterrizaje a otro campo de Colonia Avellaneda, propiedad de los hermanos Omar y Raúl Ghibaudo, a instancias de Luis Céparo. Incluso ellos mismos acompañaron a Titi Celis a comprar el combustible y lo guardaron en un tanque en María Grande.

El fiscal describió fotografías en las que se ve a Miguel Celis acompañado de dos personas de nacionalidad paraguaya, que serían los encargados de hacer el aterrizaje, según él mismo lo refirió en el juicio ante el tribunal oral.

“Papá Noel”, como le decían, descendió el 28 de mayo de 2017 y los policías federales que los estaban esperando irrumpieron en el campo a los pocos minutos. Veintitrés personas fueron detenidas, en su mayoría familiares de los hermanos Celis.

El fiscal hizo también una mención que podría colocar a Griselda Bordeira en el escenario. La ex policía provincial asegura que intentó un fallido negocio comprándole a Silva un remanente de zapatos, vestimenta, artículos de bazar y regalería, que éste había conseguido de un comerciante de la zona sur de la ciudad que liquidaba su stock agobiado por un problema de salud. La Policía sospecha que los “zapatos” eran en realidad estupefacientes, algo que Silva, Rivero –que también participó del negocio– y Bordeira niegan de plano. Ahora el fiscal reveló el contenido de una escucha telefónica que podría complicarlos:
–Te propongo el negocio de tu vida, es como que llegue Papá Noel –le dijo Silva a Rivero.

La continuidad del negocio

Pero Tavi Celis siguió activo aun en prisión y la investigación tomó un nuevo curso a partir de la detección de comunicaciones que indicaban que Celis había relanzado su organización a partir de un acuerdo político con el intendente Varisco.

“Hubo una suerte de continuidad y un ahondamiento en los nexos que los narcotraficantes tenían con funcionarios públicos de la Municipalidad de Paraná”, señaló el fiscal Ardoy.

El fiscal citó uno de los primeros informes elaborado por la Policía Federal donde se aseguraba que “desde el Gobierno municipal no sólo se permitió el ingreso de personas vinculadas con el narcotráfico, sino que parte de los funcionarios integraban la banda y llevaban adelante actividades ilícitas”.

En el nuevo esquema de la organización, Bordeira y Hernández oficiaban como intermediarios y eran los encargados de transmitir mensajes de Varisco al agente de tránsito Alan Viola y/o Luciana Lemos, y éstos al detenido Celis, aseguran los fiscales.

Celis reconvirtió su estructura y comenzó a dedicarse al tráfico de cocaína, que adquiría en Buenos Aires y llegaba a la casa de Lemos, en calle Don Segundo Sombra y República de Siria, a través de mulas que viajaban en colectivo o por un ciudadano de nacionalidad peruana, Wilber Figueroa Lagos.

Según los fiscales, los funcionarios municipales financiaron a Celis en sus actividades de narcotráfico: “Celis operaba desde la cárcel y recibía el aporte de los funcionarios”, aseguró Ardoy en un tramo de su alegato.

Eso ha sido negado de plano por Varisco, Bordeira, Hernández y el propio Celis, aunque todos admiten haber celebrado un acuerdo político durante la campaña electoral e impulsar la candidatura de Varisco.

Sin embargo, el fiscal Ardoy enfatizó que “el acuerdo que aquí se intentó caracterizar como político, excedía largamente ese marco” y detalló conversaciones en las que “Celis le preguntaba a Viola en que estaba lo suyo, refiriéndose al dinero que los funcionarios tenían que darle, y Viola le respondió que a eso lo estaban manejando Hernández y Varisco”.

También mencionó que unos días antes de la caída definitiva de la organización, Luciana Lemos recibió 10.000 pesos de Bordeira y 30.000 pesos de manos de Hernández que, según los fiscales, eran parte del acuerdo que tenían para financiar la compra de cocaína.

En la casa de Luciana Lemos también se secuestraron dos cuadernos con anotaciones en los que aparecen mencionados los nombres de Varisco, Hernández y Bordeira y del también concejal Emanuel Gainza –que luego terminó sobreseído–, cada uno sucedido por una letra enmarcada con un círculo y una operación aritmética que se corresponderían con operaciones de compra y venta de cocaína.

Los fiscales destacaron que “Celis le daba específicas indicaciones a Luciana Lemos sobre el comercio de estupefacientes” y en algunas conversaciones mencionan a los funcionarios públicos. “Lemos no inventó el nombre de Hernández y lo anotó en el cuaderno, sino que ellos hablaron de Hernández. Lemos no inventó nada”, enfatizó el fiscal. “Existen menciones previas sobre la participación de Hernández en el negocio”, insistió.

Aludieron a una conversación que mantuvieron el 5 de abril de 2018 en la que, aseguran, Lemos y Celis hablan de Hernández:
–¿Recibiste las cosas? –le pregunta Celis.
–Sí, sí, me la trajeron, lo controlamos todo –responde Lemos.
–¿Estaba todo bien?
–Sí.
–¿Y la pudiste ubicar? –se inquieta Celis.
–Eeeh, sí, ahora el Pablo va a venir a la tarde, a ver si ya consigue la plata, y se lo va a llevar él.
–¿Quién?
–Pablo…
–¿Qué Pablo? –duda Celis.
–El que vos ya sabés –responde Lemos.
–Ah, ¿la va a llevar él?
–Sí.