Los fiscales quieren llevar a Urribarri a juicio este año

13/11/2019

El Ministerio Público Fiscal hizo un pedido formal para que se fije nueva fecha para el juicio por el direccionamiento de pautas publicitarias. El escrito sugiere críticas al tribunal que suspendió por segunda vez el debate.

De la Redacción de Página Judicial

 

El Ministerio Público Fiscal solicitó que se fije una nueva fecha para el inicio del juicio que tendrá en el banquillo al ex gobernador Sergio Urribarri y al ex ministro Pedro Báez por el direccionamiento de pautas publicitarias a favor de la imprenta que se le atribuye a Juan Pablo Aguilera, cuñado del ex mandatario.

En el escrito presentado ante la Oficina de Gestión de Audiencias, que es el organismo encargado de fijar la agenda de los tribunales provinciales, los fiscales señalaron que si se trabajara con premura el juicio podría comenzar antes de fin de año o, en su defecto, a comienzos de 2020.

El juicio, que debía comenzar el 20 de noviembre, quedó suspendido luego de que los abogados de varios imputados plantearan una superposición de trabajo por el desempeño que tienen como defensores en la causa donde se investigan vínculos de funcionarios municipales con el narcotráfico y que tramita en el fuero federal.

En su escrito, los fiscales destacaron que se trata de la segunda suspensión que tiene este juicio y que, en este caso, “los motivos no fueron sobrevinientes”, en una crítica que parece dirigida al tribunal, ya que también señalaron que los defensores “generaron las consecuencias buscadas”, es decir, la postergación del inicio del juicio.

Lo cierto es que en la nota dirigida a la oficina de gestión de audiencias plantearon que resulta “indispensable que la fijación de la fecha de debate no quede latente a que cierre de la etapa de recepción de pruebas en la causa federal”, como sugirió el tribunal, sino que se determine ya mismo una nueva fecha, ya que “la prolongación de los plazos sin que la misma se encuentre fijada, alentará probablemente la existencia de nuevos conflictos de agenda y, casi con seguridad, nuevas solicitudes de reprogramación, pudiéndose ver afectado el derecho de algunos imputados a la realización del juicio en tiempo oportuno”.

De hecho, uno de los diez acusados, ha manifestado públicamente su interés en que se realice prontamente el juicio, indicaron los fiscales.

Además, los fiscales advirtieron que la demora en la realización del juicio podría afectar “los principios de legalidad (deber de hacer cumplir la ley) y seguridad, en particular en el área de la corrupción pública, de especial interés del Estado argentino (…) y los deberes de investigación y juzgamiento asumidos con la suscripción de la Convención Interamericana contra la Corrupción y Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.