Negaron la devolución de computadoras a Cardona Herreros

04/11/2019

Se trata del empresario de nacionalidad paraguaya sindicado como testaferro del ex gobernador Sergio Urribarri. La medida fue adoptada por el juez Mauricio Mayer en la causa donde se investiga al ex mandatario por enriquecimiento ilícito.

De la Redacción de Página Judicial

¿Se puede alterar información en una computadora que ya fue peritada? Ese fue el eje de la audiencia de este lunes en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto enriquecimiento ilícito de Sergio Urribarri.

El Ministerio Público Fiscal había apelado la resolución que adoptó el juez de Garantías, Mauricio Mayer, al dar cabida parcial a una petición hecha por el abogado Ignacio Díaz, defensor del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, sindicado como “testaferro” del ex gobernador. La misma significaba el secuestro de cinco computadoras en los allanamientos que se practicaron el año pasado en la sede de la empresa Relevamientos Catastrales SA -de Cardona Herreros el propio domicilio particular del empresario. Ambos domicilios en Buenos Aires.

La petición de devolución de los equipos había sido negada por el Ministerio Público Fiscal, representado por Gonzalo Badano. Mayer aceptó la devolución de un equipo, aunque insistió en retener las otras cuatro computadoras por contener material de prueba. El juez Mayer se pronunció a favor de mantener las computadoras en poder de la Justicia por tratarse de “instrumentos privilegiados” en el proceso de investigación. Fue lo que terminó resolviendo el juez Gervasio Labriola.

Un perito presente

En la audiencia de este lunes, Badano propuso interrogar a Guillermo Fritz, perito del Gabinete Informático Forense del Ministerio Público Fiscal, para evacuar dudas sobre el resguardo de archivos en las computadoras secuestradas y las posibilidades en que el material pueda ser manipulado.

El especialista explicó que cuando se trabaja con este tipo de prueba, fruto de un archivo informático, se hace una copia “idéntica” donde se utilizan “bloqueadores de escritura para resguardar la información”. No obstante, dejó en claro que al encender una computadora “se pueden perder archivos”. “Depende de cómo esté configurada se puede perder un archivo, porque el mismo puede estar infectado y es eliminado por el antivirus”, señaló. En varias oportunidades Fritz explicó las dificultades para borrar información.

Badano había machacado antes de proponer al perito sobre el peligro de entregar las máquinas y la destrucción de evidencias, a las que calificó “fácil de alterar”.  El fiscal también había advertido, para evitar que se devuelvan las computadoras, que la causa tiene a otros abogados que bien puede solicitar información y no contar con ellas “puede paralizar la causa”.

El abogado defensor de Cardona Herreros, Ignacio Díaz, apeló a las atribuciones del perito propuesto por entender que el mismo “no tiene incumbencia” para realizar este tipo de tareas. Acudió a normativas sobre la profesión de los ingenieros informáticos y a la supuesta violación de la privacidad de su defendido. Éste último punto fue contestado por Labriola al asegurar que la información revelada en el proceso no es otra que no tenga que ver con el delito investigado y que son “miles de correos”.

Relaciones

En la audiencia del 8 de octubre pasado se conocieron impactantes revelaciones que mostraron el tipo de relaciones que tenía Urribarri cuando ejercía el cargo de gobernador y Cardona Herreros, quien consiguió millonarios contratos con el Estado a cambio de pago de coimas. En esa oportunidad se leyó una serie de correos electrónicos y planillas de cálculos en los que Cardona Herreros habría llevado una puntillosa contabilidad de los gastos que costeaba a Urribarri y a su familia, incluidos viajes al Caribe, Cuba y a Venecia, y hasta el pago de su teléfono celular.

El material que la Justicia mantiene en custodia en las computadoras contiene 150 mil correos electrónicos entre Cardona Herreros  y Urribarri durante 7 años. Muchos de los gastos de la familia del ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados salían directamente de los fondos de la firma Relevamientos Catastrales SA. En resumen: una empresa contratada por el Estado entrerriano financió actividades privadas del ex titular del Ejecutivo y su grupo familiar.

Un ejemplo de la relación de confianza entre los dos en el siguiente correo: “Estimado Pato: Aprovecho para saludarte y preguntarte qué hacemos con los temas en cartera. No sé cómo seguir” (…) “Me gustaría saber si estás enojado conmigo. Necesito hablar con vos” (…) “Tengo que cerrar números con vos”.

Según el informe del Ministerio Público Fiscal hubo un incremento de 11 millones de dólares del patrimonio de los Urribarri, cuyos fondos son provenientes del empresario paraguayo. “Urribarri utilizó la infraestructura de Cardona Herreros para su crecimiento patrimonial. Este dinero que incorporó a su patrimonio, además, no encuentra registro en ningún organismo oficial. No está en la ATER ni en la AFIP, ni en ninguna declaración jurada”, dice el informe.

En esos 11 millones de dólares que se sospecha y que aparentemente pasaron a formar parte del patrimonio del ex gobernador a través de los pagos de coima de Cardona Herreros, no se trataba de dinero en efectivo sino del pago de un extenso listado de beneficios que incluían, además de los vuelos al exterior, la compra de departamentos con cuotas que se pagaban en dólares, la adquisición de vehículos a nombre de Urribarri y la compra de otros bienes que amablemente pagaba la empresa Relevamientos Catastrales SA.

En el informe no faltaron los viajes a Miami de la esposa de Urribarri Ana Lía Aguilera y a La Habana que Cardona Herreros le pagó a Mauro Urribarri.

El Ministerio Público Fiscal entiende que de esta manera se hacían efectivos los “retornos” a cambio de millonarios contratos de servicios de consultoría y de software que Relevamientos Catastrales proveyó al Gobierno de Entre Ríos entre 2007 y 2014. La causa se inició por una denuncia de los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet.