Ordenan ampliar la pericia para determinar si hubo sobreprecios en la Cumbre del Mercosur

11/10/2019

La jueza Marina Barbagelata dispuso que se habilite una instancia de reformulación de los puntos de pericia tendientes a determinar si efectivamente se pagaron sobreprecios, de la que participen los fiscales, defensores, peritos oficiales y peritos de parte.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

La jueza Marina Barbagelata dispuso que se debe realizar una amplia pericia contable para determinar si se pagaron sobreprecios por la ejecución de obras y la provisión de bienes y servicios para la Cumbre del Mercosur, que se realizó en Paraná, en diciembre de 2014.

En rigor, la magistrada hizo lugar a un reclamo de la defensa de los empresarios Miguel Marizza, Néstor Iván Szczech, Rubén Grasso y Daniel Hereñú para habilitar una instancia de reformulación de los puntos de pericia, con participación de los fiscales, defensores, peritos oficiales y peritos de parte, a fin de determinar si efectivamente se pagó de más para la organización del encuentro de presidentes latinoamericanos.

El Ministerio Público Fiscal ha determinado que el Estado pagó 17 millones de pesos de más a un grupo de empresas constructoras que tuvieron a su cargo las obras para la realización de la Cumbre del Mercosur; pero los abogados defensores pretenden que esa cifra sea refrendada por un perito contable del Superior Tribunal de Justicia (STJ), como lo establece el Código Procesal Penal de Entre Ríos.

Si bien hay acuerdo en la necesidad de realizar una pericia, la discusión está centrada en los aspectos sobre los que cada parte pretende que se expida la contadora Diana Rossi, designada para hacer el estudio. En su momento, las partes presentaron los puntos sobre los que debería trabajar la contadora, pero ésta advirtió la demora que le llevaría realizar el informe por la complejidad del análisis que se le requería. Lo que sucedió entonces es que el fiscal Juan Malvasio, que primero había aceptado los puntos propuestos por la defensa, luego los rechazó por considerarlos impertinentes, inútiles y sobreabundantes.

La jueza Barbagelata consideró que si bien es la fiscalía quien debe determinar qué se pretende conocer mediante una pericia contable, e incluso les reconoció a los fiscales que son ellos y no un perito quienes determinan qué puntos son útiles y pertinentes, cuestionó que Malvasio primero haya consentido los puntos propuestos por la defensa y luego decidiera rechazarlos porque la perito advirtiera sobre el tiempo que le insumiría realizar el trabajo.

“Si los puntos de pericia propuestos por la defensa no eran útiles y pertinentes debió decirlo en el plazo de tres días posteriores a que los presentara la defensa”, resaltó la magistrada.

La crítica al Ministerio Público Fiscal fue más allá incluso porque le advirtió a Malvasio que “cuando la perito (Rossi) planteó la complejidad de la tarea que le habían encomendado, debió avisar a la defensa, en lugar de rechazar los puntos que había propuesto”.

Lo cierto es que este trámite, la realización de la pericia, ha insumido ¡catorce meses! y todavía está sin responder la pregunta sobre si se pagaron sobreprecios para la organización de la Cumbre del Mercosur.

En ese sentido, la jueza volvió a cargar las tintas sobre el Ministerio Público Fiscal: “Es incomprensible la demora”, dijo. En su criterio, corresponde al fiscal, en este caso Malvasio, designar al perito y éste tiene obligación de aceptar el cargo, “salvo que tuviere un grave impedimento”, e incluso el fiscal debería obligarlo o disponer la detención de un perito si se negare a asumir la responsabilidad. No deja de llamar la atención esa consideración porque los peritos están bajo la órbita del STJ, mientras que el Ministerio Público es un órgano autónomo que no tendría injerencia sobre ellos.

Millones en danza

De acuerdo con las planillas que el Poder Ejecutivo remitió al Tribunal de Cuentas y a la Legislatura, la Cumbre del Mercosur le costó al Estado provincial unos 152 millones de pesos. De ese total, la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción administró unos 46 millones de pesos que fueron distribuidos mayoritariamente entre cuatro empresas: Caballi SA, de Miguel Marizza, percibió 11.722.585 pesos; a Szczech & Szczech, de Néstor Iván Szczech, se le adjudicaron obras por 9.066.678,40 pesos; Construcciones Electromecánicas y Civiles (Cemyc), de Rubén Grasso, efectuó trabajos por 13.307.506 pesos; y Organización Integral Constructora SA (Oicsa), de Daniel Hereñú, efectuó obras por 5.784.289 pesos.

Estas empresas constructoras, a su vez, subcontrataron las tareas que eran ajenas a su rubro, por ejemplo, la colocación de flores y plantas; la provisión de servicios de audio y video, tapizado de sillas o el suministro de sistemas contra incendios, entre otras.

El sobreprecio estimado surge de la comparación entre los montos que se pagaron a las empresas subcontratadas para realizar las obras y proveer bienes y servicios y los valores que las empresas constructoras le facturaron al Estado provincial.

Los empresarios –y la actual titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y ex coordinadora general de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur, Alicia Benítez de Feltes– están imputados por el delito de fraude a la administración pública.