La causas de los contratos truchos y la ATER

26/09/2019

Millones de pesos que se van desde las arcas del Estado a través de cooperativas delictivas conducidas desde seno del propio Estado. La Justicia, las dilaciones y lo que les conviene a todos.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

¿Quién recuerda la causa ATER? La investigación de la estafa a través de compensaciones truchas que se inició en 2014 aún no ha sido elevada a juicio. A través de las compensaciones cientos de contribuyentes defraudaron a la Administradora Tributaria de Entre Ríos en 50 millones de pesos.

El expediente –que tramita bajo el viejo sistema – tiene 128 nombres entre ex empleados del organismo recaudador  un ex funcionario, empresarios, contadores y contribuyentes que habrían participado de una maniobra por la cual se produjo el millonario desfalco.

Empleados jerárquicos de la ATER como Estrella Martínez de Yankelevich, Abelardo Daniel Gaggión, Darío Fabián Barreto, Fabrizio Dayub y Daniela Romina Miño, fueron –según la Justicia – quienes manejaron la botonera del sistema para llevar adelante el desfalco durante años. Cuando la causa ocupaba los principales espacios de los medios se decía alrededor de Plaza Mansilla esa maniobra delictiva viene de años, sólo que ahora había explotado. Esa versión se naturalizó tanto que los entonces diputados María Ema Bargagna y Jorge Monge hicieron presentaciones para que la investigación llegue hasta el 2004.

Cuando saltó el escándalo, el entonces tesorero de la provincia, Gustavo Gioria, tuvo que renunciar por haber sido contador asesor de una empresa que estafó al Estado. En resumen: estaba de los dos lados del mostrador.

Las compensaciones tributarias están regladas por el artículo 75 del Código Fiscal, para aquellos casos donde el proveedor del Estado acredita la tenencia de créditos líquidos y exigibles ante un organismo, los que una vez aprobados por la Tesorería y la Contaduría General de la provincia, pueden ser compensados por impuestos mediante una resolución del Ministerio de Economía.

A cinco años del escándalo el expediente está en trámite de remitir a juicio según supo Página Judicial. De los más de 300 imputados al inicio, sólo 28 imputados enfrentarán el proceso oral y público. Los representantes letrados, durante todos estos años, acudieron a todas las herramientas y apelaciones para que la historia sea interminable.

Julio Federik, abogado de contribuyentes, lanzó una incógnita: “Dónde está el dinero, quién se lo llevó los 50 millones, porque todos los contribuyentes pagaron en su momento y ahora tuvieron que volver a pagar”. Durante el proceso, el Estado recuperó buena parte de esos impuestos que se escurrieron s través del sistema ilícito que se había montado.

Largo peregrinaje

Cuando Página Judicial reveló el escándalo de los contratos truchos, a los pocos días, este cronista mantuvo una charla informal con Julio Rodríguez Signes. En aquel momento, Fiscalía de Estado no era parte. La primera consideración que tuvo el funcionario ante la consulta fue: “Acá hay que revisar los contratos uno por uno y ver cuál era irregular”. Ese procedimiento Rodríguez Signes, ahora ya como representante del Estado en el legajo, la mantiene.

Entreverados por la objetividad de una pericia que fije cuál fue el monto desviado del presupuesto de la Legislatura en los últimos 10 años, la causa se encamina a un largo peregrinaje de apelaciones. ¿De los cientos de contratados, quiénes prestaban servicios en el ámbito legislativo y quiénes no? ¿Quiénes tenían tareas asignadas? ¿Quiénes autorizaban esos contratos? ¿Las responsabilidades son sólo administrativas? ¿No hay responsabilidades políticas?

Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro tienen pruebas suficientes que describen un sistema por el cuál se sustraía dinero público a través de contrataciones. Es decir de gente a la que se contrataba por 50 mil pesos pero solo se quedaba con el beneficio de pertenecer a una obra social.

Los abogados defensores también acudirán a todos los vericuetos procesales para dilatar la elevación a juicio.  La dilatación en el tiempo no solo beneficia a los imputados, ninguno de ellos responsables de ejecutar el presupuesto de un poder del Estado como el Legislativo, sino también a los operadores del sistema para que la culpabilidad no salte el cerco de lo conveniente.

En la causa de los contratos truchos aparece otra vez la misma pregunta, molesta, para los fiscales, que saben pero no se animan a empezar a probar: ¿dónde fueron a parar los 2 mil millones de pesos sustraídos durante una década desde el seno de las Legislatura? ¿Se pueden verificar en bienes, inversiones y viajes de los 25 imputados?

El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Emilio Castrillón, dio entrevistas la semana pasada en la que intentó en uno de sus tramos plantear una paritaria, por caso con el fiscal de Estado. En una de sus intervenciones periodísticas refirió a la causa de los contratos truchos y la necesidad de “ir para arriba”. No fue atractiva, aparentemente, esa parte. En Casa de Gobierno y en la Procuración General se agradece.