El inconveniente postulante para prevenir la tortura

01/08/2019

Sebastián Etchevehere es uno de los postulantes para integrar el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros tratos inhumanos y degradantes. En la Justicia fue denunciado por dos empleados que trabajaron 38 años en uno de sus campos en situación de extrema precariedad.

Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial

 

La comisión Bicameral de Derechos Humanos se reunió este miércoles y recibió las postulaciones de organizaciones sociales para integrar el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros tratos inhumanos y degradantes.

De esos nueve postulantes saldrán los elegidos para ocupar los tres cargos del comité que deben ser cubiertos por miembros de las organizaciones de la sociedad civil. Uno de los requisitos es que las mismas tengan como objetivos estatutarios los derechos humanos en general y las personas privadas de la libertad en particular.

La conformación del comité es la primera tarea a la que se abocó la Bicameral. Este ámbito se constituirá como un ente autárquico y autónomo en el ejercicio de sus funciones y no recibirá instrucciones de ninguno de los tres Poderes del Estado. Estará integrado por siete miembros remunerados. Tres a propuesta de las organizaciones de la sociedad civil; otros tres, por el Poder Legislativo; y un miembro a propuesta de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia.

La nómina de candidatos comprende a Lucía Tejera, por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader); Gretel Ana Schneider, por la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); Elías González Berdesegar, por Madres de Plaza de Mayo de Gualeguaychú; José Enrique Morales, por Asociación Pensamiento Penal; Emiliano Tomé Piérola, por Asociación Civil Hijos; José Rodolfo Iparraguirre y Marcelo Javier Boeykens, por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre; y Jorge Cura y Sebastián Etchevehere, del Foro de Políticas Públicas de Entre Ríos.

La postulación de este último llama poderosamente la atención por el conocido desprecio en lo que respecta a los derechos humanos. Etchevehere fue denunciado ante la Justicia, junto a buena parte de su familia, por la explotación laboral de peones y su reducción a la servidumbre en la estancia La Hoyita, propiedad de su familia, en la localidad de Rosario del Tala. Aparece mencionado en la causa el otro integrante del clan, el secretario de Agricultura, Luis Miguel. La investigación está en pie.

La denuncia del caso fue realizada por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) en 2014 tras una inspección realizada. Los hermanos Sergio y Antonio Cornejo, explotados por la familia Etchevehere, ratificaron ante el fiscal Samuel Rojkin el cuadro de situación con el que se encontró el organismo nacional. La reducción a la servidumbre es un delito contra la libertad de las personas, cuya pena va desde los cuatro hasta los 15 años según el artículo 140 del Código Penal.

Los hermanos narraron en sede judicial que ingresaron a trabajar en el campo en junio de 1976 y que durante 38 años vivieron en condiciones de extrema precariedad, sin luz, agua ni acceso a un baño. Una lectura por las testimoniales provoca escalofrío. Además de indignación.

Rodeado

Las relaciones familiares no deben utilizarlas para hostigar a una persona en particular. Pero si el dicho popular “Dios los cría y el viento los amontona” existe, va una viñeta.

Sebastián Etchevehere, uno de los propietarios de El Diario, está casado con Isabel Rodríguez Varela, hija de Alberto Rodríguez Varela, ministro de Justicia de la Nación designado por el genocida Jorge Rafael Videla, en 1978.

Sebastián e Isabel se casaron el 31 de mayo de 1996. De la fiesta participó el dictador, seguramente invitado por la familia política de Etchevehere. Sería injusto apuntar contra el postulante, entonces, por ese hecho.

Jorge Zorreguieta, el padre de la reina Máxima de Holanda, no pudo participar de un acontecimiento que pudo haber sido inolvidable en su vida: el casamiento de su hija y la conversión en reina de un país. Fue en febrero de 2002.

El parlamento holandés determinó que Zorreguieta no viajara a la boda luego del reclamo de organismos de derechos humanos, por haber sido secretario de Agricultura y Ganadería durante la última dictadura militar. Precisamente, Holanda había recibido a exiliados políticos a partir de marzo de 1976. El Parlamento, incluso, había llegado a expresarse en contra del casamiento, pero finalmente se logró acordar la realización de la ceremonia.

Las normas éticas, o a la ética a solas, no solo rigen para las instituciones, sino fundamentalmente para las personas. Está en uno celebrar su boda y brindar con un genocida.