Una sorpresa en los pliegos para cubrir cargos de defensores

24/07/2019

El gobernador Gustavo Bordet remitió al Senado siete pedidos de acuerdo para cubrir vacantes de la justicia. Son cargos de defensores en materia penal que deberán ser analizados por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. Una sorpresa: faltó alguien.

De la Redacción de Página Judicial

 

El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Senadores siete pedidos de acuerdo para cubrir vacantes de la justicia entrerriana: se trata cuatro cargos de defensores penales de Paraná, Gualeguaychú y Gualeguay. Pero hay también una sorpresa.

El Gobernador propuso a Gaspar Ignacio Reca, Juan Hipólito Carlín, María Fernanda Álvarez e Ignacio José Mullor como defensores públicos con competencia penal de Paraná, siguiendo el orden de mérito que se estableció en el concurso ante el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos.

La sorpresa es que quedó en stand by un quinto cargo que se acumuló en el concurso. El quinto lugar en el orden de mérito del concurso lo ocupó Paula Montefiori, ex defensora pública entre septiembre de 2014 y abril de 2017, hasta que renunció en medio de un escándalo por el impacto de una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito de su esposo, Juan José Canosa. El problema es que ella también está siendo investigada y en su momento fue citada a designar abogado defensor en esa causa. Por eso se decidió evaluar con mayor detenimiento el caso antes de remitir el pliego del candidato, sea ella u otro, se indicó a Página Judicial. El tema se resolvería en las próximas semanas.

Montefiori obtuvo el puntaje más alto en las instancias de antecedentes y oposición (exámenes escrito y oral), pero quedó relegada tras la entrevista ante los integrantes del Consejo de la Magistratura, y pasó a ocupar el quinto lugar en el orden de mérito.

Por lo demás, el mandatario también envió los pliegos de Juan Ignacio Lazzaneo y Nicolás José Gazali como defensores públicos de Gualeguaychú; y postuló a Susana Eleonora Pompeya Alarcón como defensora penal de Gualeguay.

Los pliegos serán remitidos a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que preside Lucas Larrarte (PJ-San Salvador); y se publicarán los datos y antecedentes de los postulantes en el Boletín Oficial, en dos diarios y en la web del Senado.

Dentro de los diez días hábiles siguientes, se recibirán adhesiones y/u objeciones a cada postulación, que podrán ser presentadas por escrito por entidades o ciudadanos ante la comisión, fundamentando sus posiciones. También dentro de los treinta días, el presidente de la comisión podrá requerir informes complementarios sobre el postulante a organismos públicos y privados.

Cumplimentadas estas instancias, el presidente de la comisión fijará día y hora para las audiencias públicas donde los postulantes podrán ser interrogados por los miembros del cuerpo sobre sus antecedentes, su motivación para el cargo, la forma en que desarrollarán su función, sus valores éticos, su situación patrimonial y otros aspectos. Luego se elaborará un dictamen aconsejando la aprobación o rechazo de cada pliego, que será tratado por el pleno.