El negocio de la prostitución que funciona entre Paraná y Santa Fe

22/07/2019

Las organizaciones que luchan contra la trata de personas advierten con preocupación que el túnel subfluvial funciona como un corredor para la prostitución forzada de mujeres en situación de vulnerabilidad.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

El automóvil se detuvo en una esquina y de la parte trasera bajaron cuatro mujeres jóvenes. Visten polleras de no más de treinta centímetros, musculosas y blusas escotadas, botas de caña alta y plataformas con tacos, medias de red; caminan con aire seductor hacia la esquina de enfrente, y ahí se quedan, como esperando a que pase algo.

En el Fiat Siena de color verde identificado con un letrero de “EXPRESS REMÍS”, así en letras mayúsculas, se quedan dos hombres y una mujer.

Es la madrugada de un miércoles cualquiera de algún abril cercano, pero la escena se repite desde varios días atrás en la esquina de Avenida Ramírez y Almirante Brown, justo enfrente de las oficinas del organismo recaudador, como una triste paradoja.

María tiene 25 años y vive de la prostitución para poder criar a sus hijos. Cruza a diario el túnel subfluvial a bordo del remís de color verde agua y todas las noches se para en esa esquina o camina por la zona de la terminal buscando clientes con los que mantiene relaciones sexuales a cambio de dinero. Valeria, de 24 años, y Marina, de 22, desde niñas arrastran situaciones de vulnerabilidad familiar y afectiva, son pobres; no han podido terminar su educación básica formal porque, dicen, debían contribuir a la economía familiar y tampoco tienen trabajo. Jésica, de 17 años, ni siquiera ha alcanzado la mayoría de edad y vive una situación parecida. La necesidad de sobrevivir las empujó a la calle. Son jóvenes, marginadas y vulnerables.

La escena transcurre a la vista de todos, en una de las denominadas zonas rojas de Paraná: las cuatro jovencitas, de veintipico (y menos), cruzan la avenida, se paran en la esquina, se muestran, se ofrecen, se venden; mientras los del auto controlan cada movimiento.

Hasta que alguien se siente interpelado por la situación y una andanada de mensajes de texto sacude la modorra en el teléfono celular de la División de Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos. El primer mensaje decía: “Acá enfrente de La Peruana hay un remís de Santa Fe con gurisitas, haciéndolas laburar, pueden fijarse”. Le siguió otro: “La licencia de remís es 529, andan dos fiolos arriba del remi, verde agua es”. Y otro más: “Por qué no vienen. Estamos filmando porque lo vamos a pasar a Canal Once, porque ustedes no hacen nada y esas mujeres son de Santa Fe, y están con fiolos”.

Pocos minutos tardó el móvil policial en llegar y constatar la explotación a que eran sometidas las cuatro jóvenes.

Las personas en el remís funcionaban como una mini-organización que operaba entre Santa Fe y Paraná, con escaso nivel de profesionalización, pero con una clara determinación de roles: María Cristina González, alias Luciana, captaba a las mujeres, organizaba los viajes, les daba indicaciones sobre cómo ofrecer los servicios sexuales y les propiciaba seguridad; Adrián Rubén Fernández conducía el remís en el cual eran trasladadas las jóvenes y, a la vez, oficiaba de custodio, por una suma de 150 pesos por cada viaje, que debían afrontar las mismas mujeres prostituidas; y Félix José Godoy era quien ofrecía a las chicas a sus potenciales clientes. Los tres sacaban una tajada de la explotación.

Jésica, la menor de 17 años, vive desde hace dos como si fuese pareja de Godoy:
–Me cuida y cuida mi cuerpo –dice ella.

Ella se dice enamorada, pero una de sus compañeras contó que al principio Godoy se presentó como su primo, no como su pareja.

No tiene contención familiar, ha crecido en una situación de vulnerabilidad afectiva y social; tiene 17 años pero una madurez intelectual y emocional inferior a su edad y su vocabulario es limitado; tampoco reflexiona sobre lo que acaba de pasarle: no se considera explotada sino que naturaliza el ejercicio de la prostitución como un trabajo que desarrolla en la calle desde los 14 años.

El caso concreto es apenas un botón de muestra sobre el entramado a través del cual grupos de delincuentes generan ganancias mediante la explotación sexual de mujeres, la mayoría de ellas nacidas en la pobreza y en la marginalidad.

El 18 de noviembre de 2014 el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a Fernández y Godoy en un juicio abreviado en el que admitieron su responsabilidad y fueron condenados a cinco años de prisión por trata de personas con fines de explotación sexual.

La reclutadora, González, no llegó a ser juzgada en ese momento porque estaba prófuga. Fue detenida recién en 2018, en la provincia de Buenos Aires, y hace algunas semanas también ella resultó condenada. Recibió una pena de cuatro años y tres meses de prisión, como partícipe del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en la modalidad de captación, agravado por haber mediado abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, por el número de víctimas y por haber formado parte de una organización.

Las víctimas coinciden en que era Luciana quien organizaba los viajes a Paraná. Primero establecieron la parada sobre Avenida Almafuerte, pero “no pasaba nada y se fueron para el centro”, contó una de las víctimas. Ella, en cambio, dijo que las chicas trabajaban por su cuenta, que no había ninguna organización detrás.

Ahora bien, ¿cómo funcionaba la organización?

Godoy se presentaba como el “marido” (proxeneta) de Jésica y Fernández era quien trasladaba a las víctimas en su remise desde Santa Fe a Paraná para que ejercieran la prostitución en la calle. Era también el que recibía el dinero y lo repartía, primero con Luciana y luego con las demás víctimas. González, alias Luciana, era quien captaba a las mujeres, organizaba los viajes, daba órdenes e instrucciones y las “retaba” –como dijeron las víctimas– cuando se excedían en el horario o no cobraran la tarifa acordada por sus servicios sexuales.

Eso revela, pues, que los tres ejercían sobre ellas una autoridad total, sustentada, fundamentalmente, en sutiles mecanismos de control, dado que les imponían restricciones económicas; eran ellos mismos quienes hacían los traslados y les cobraban por ello una especie de pasaje; también implicaba un mayor control el hecho de que la explotación se consumaba en una ciudad ajena a las víctimas y que cada uno de sus movimientos estuvieran vigilados en todo momento por los integrantes de la organización.

Está claro, pues, que este cuadro de desamparo y sometimiento –en razón de su edad, género, circunstancias sociales y económicas– en la que se encontraban las cuatro jóvenes santafesinas, se erige como factor que contribuyó a su explotación.