El espía que se reveló al pedir un aumento de sueldo

15/07/2019

Desentrañar el rol de los agentes civiles de inteligencia durante la dictadura es una cuenta pendiente de la justicia entrerriana. Los hubo empleados públicos, profesionales y también hay quienes tienen un kiosco. Aquí la historia de Raúl Ernesto Sciascia.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Que un espía se devele como tal debe ser, probablemente, su vergüenza más grande, tal vez una deshonra, una humillación o algo peor. Es que se supone que nadie puede conocer el trabajo de un espía, ni su familia ni sus amigos, nadie; el secreto es obligatorio para ellos.

¿Qué se dirá entonces de aquel que por sí mismo se revela?

Entre 1976 y 1983, durante la última dictadura cívico-militar, los agentes civiles de inteligencia eran colaboradores indispensables del engranaje cotidiano de la represión ilegal: andaban por los bares, caminaban facultades, visitaban pensiones de estudiantes y reportaban a “la casa”, como se llamaba a la base operativa del aparato de inteligencia.

Es el caso de Raúl Ernesto Sciascia, el protagonista de la historia que aquí se cuenta, el hombre que terminó de confirmar su pertenencia al Batallón 601 el día que se presentó en los tribunales federales para reclamar el reconocimiento de sumas fijas no remunerativas establecidas en los sueldos militares que no alcanzaban al personal civil de inteligencia.

Sciascia nació en Rosario el 1 de julio de 1939; tiene 80 años y ha pasado la mayor parte de su vida en Paraná. Su pertenencia al escuadrón de agentes civiles de inteligencia se conocía desde el día que el Archivo Nacional de la Memoria hizo público el listado de quienes habían reportado al Batallón 601 durante la dictadura.

Sciascia revistaba como “agente de reunión de información” en la Sección de Inteligencia Paraná del Destacamento de Inteligencia 122, que tenía sede en Santa Fe. Fue su hermano Oscar Raúl Sciascia, que era sargento ayudante del Ejército y reportaba para “la casa”, quien lo presentó ante el mayor Eduardo Andrés Álvarez, entonces jefe del área.

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Los PCI –acrónimo utilizado en la jerga castrense para referirse al personal civil de inteligencia– se infiltraron en diversos espacios sociales (empresas, sindicatos, universidades, colegios secundarios, diarios, oficinas públicas) y marcaron “los blancos” del accionar represivo.

La justicia no les adjudica (a la mayoría de ellos) una participación directa en los crímenes de la dictadura, pero está claro que la represión no habría sido tan sórdidamente eficaz sin el trabajo de los agentes que obtenían información, redactaban informes para los destacamentos y señalaban los posibles “blancos” de los grupos de tareas.

A tal punto reconocía la dictadura la tarea de Sciascia que le asignaba en su recibo de sueldo una “bonificación” del 10 por ciento de su salario por “actividad riesgosa”.

En Paraná, la justicia federal archivó en el año 2013 una investigación sobre el rol que les cupo a los agentes civiles del Batallón de Inteligencia 601 durante la dictadura porque el entonces fiscal Mario Silva consideró que no había elementos para imputarles la comisión de delitos de lesa humanidad y nunca abrió causa. El mismo decreto que expuso a quienes habían reportado al Batallón 601 relevaba a los agentes del secreto, pero Sciascia –como el resto de los PCI– ni siquiera fue citado a declarar; la justicia decidió prescindir de la información que tal vez podría aportar: ¿Dónde trabajaba? ¿Quién y cómo lo reclutaron? ¿Qué tareas desempeñó durante la dictadura? ¿Ante quién se reportaba? ¿Tiene alguna información sobre la represión ilegal? Nadie se lo preguntó.

Documentos oficiales, a los que accedió Página Judicial, revelan que Sciascia se incorporó al Batallón 601 el 1 de junio de 1978, se desempeñó en el Mercado Concentrador El Charrúa y presentó su renuncia el 31 de enero de 1986. Unos días antes, el 25 de diciembre de 1985, en el Boletín Reservado del Ejército (BRE) 5082 se había dictaminado la disolución del Batallón de Inteligencia 601, con sede en Viamonte y Callao de la Ciudad de Buenos Aires.

Empleado público reciclado

Luego de su paso por El Charrúa, y tras renunciar al Ejército, el 25 de enero de 1988 Sciascia ingresó como empleado de la Secretaría de la Producción de la provincia, desempeñándose en el Instituto de Comercio Interior, Exterior y Relaciones Internacionales, que a parir de 2006 se reconvirtió en la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, hasta su jubilación por edad avanzada en el año 2009.

En ese período también se recibió de técnico en control bromatológico de la Facultad de Bromatología de la UNER: rindió su trabajo final justo un 24 de marzo, el 24 de marzo de 1997.

En el año 2012 sufrió lo más parecido a un reproche por su actuación durante la dictadura: el congreso provincial de la Central de Trabajadores de Argentinos (CTA) Entre Ríos decidió su expulsión por haber sido agente civil de inteligencia. La misma suerte corrieron Rafael Ramón Andrés Julián y Carlos Luis Carlevaro, otros espías que se reciclaron en la planta de trabajadores estatales y estaban afiliados al sindicato.

Sciascia, de 80 años, sigue viviendo en la misma casa, frente al Parque Berduc.

La autorrevelación de su condición de espía la hizo cuando presentó una demanda contra el Estado por una errónea liquidación de sus haberes, reclamando el blanqueo de códigos que perciben los militares en actividad pero que no llega al haber de los PCI. La demanda le salió a su favor.

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