La “Fake Justice” local: la otra cara de la gran estafa

11/07/2019

El reconocido penalista se mostró muy crítico con el devenir de la causa de corrupción más escandalosa de las últimas décadas, como es el desfalco en el seno de la Legislatura. Ubica al procurador como el actor central de la trama.

Rubén Pagliotto (*)

 

“Ley pareja no es rigurosa”, es el piso republicano del constitucional principio de igualdad ante la ley, que pareciera olvidar por momentos el Procurador General.

Por estos días se habla copiosamente de las “fake news” (noticias falsas, aunque en rigor fue Donald Trump quien puso de moda el término) y ahora también, a partir del pretendido y muy sugestivo desdoblamiento de la causa de los contratos truchos de la Legislatura local, comenzará a utilizarse la expresión “fake justice” (falsa justicia)…

Veamos por qué.

Con mucha atención y preocupación he analizado el reportaje efectuado por el periodista Ricardo Leguizamón al procurador general Jorge García, hace algunos días, en el programa Puro Cuento (Radio Costa Paraná) del 13 de junio de 2019, en el que se refiere a los aspectos más importantes de la mayor causa de corrupción en Entre Ríos, al menos desde el advenimiento de la democracia, luego de lo cual me invadió la pavorosa sensación de que este caso pareciera encaminarse a uno paradigmático de “justicia falsa”.

“Reclamamos un fair play (juego limpio), un debate procesal que sea de los mejores argumentos en el marco del respeto”, expresó muy seguro de sí el Procurador General. “Creemos que lo que hacemos es absolutamente respetuoso de la ley”, dijo y agregó que la Procuración tiene como prioridad investigar los delitos de corrupción. Nosotros, los ciudadanos de a pie, los que todos los días trabajamos y contribuimos a través del pago de impuestos a sufragar, entre otros gastos, el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, necesitamos y exigimos una investigación profunda, seria, completa, severa y oportuna de todos los casos de corrupción, entre los que se cuenta el sucedido durante varias gestiones en la Legislatura de Entre Ríos.

El doctor García destacó en un pasaje de su entrevista, refiriéndose a la causa de los contratos simulados en la Legislatura, que: “Acá todo es ficticio, es una asociación ilícita de simulación, por eso el peculado se hace a través de una simulación: cobranza de cheques bancarios y explota cuando en esta última gestión se bancariza la maniobra. Los que cobraban los dineros tenían que ir con varias tarjetas para logar la cantidad de dinero que tenían que sacar”, explicó.

En este aspecto no puedo menos que coincidir con el Procurador General cuando expresó muy enfáticamente: “Creo que Argentina no tiene destino si la clase dirigente no abandona definitivamente las prácticas de corrupción para hacer política. Esto lo dicen las convenciones internacionales contra la corrupción”, concluyó el jefe de los fiscales. Pero luego, tras cartón, sobrevinieron otras reflexiones del titular del Ministerio Público Fiscal que sí provocaron en varios hombres del derecho un muy alto grado de perplejidad y desazón.

Afirmó, sin embargo, que “se está ante un conglomerado” que “culmina en su norma de competencia con los administradores contables y las autoridades de cada cámara vinculadas con lo contable y un Tribunal de Cuentas que miraba para otro lado”.

Se advierte cómo, de forma muy elíptica, acaso subrepticia pero deliberada, se introduce en el relato de la saga una división de responsabilidades y desde allí comienza a insinuarse un techo en el nivel de las mismas, de tal suerte que quienes hasta el momento aparecen como máximos responsables de esta suerte de asociación ilícita parlamentaria son algunos niveles administrativos de relevancia, pero ningún legislador, nadie con responsabilidad política relevante.

“Esta es la primera parte de la causa”, reconoció García, y planteó que si siguieran investigándose las responsabilidades de tipo imprudente por parte de los legisladores la causa se “elevaría en 2030”. “Esta causa que está absolutamente probada es la que elevamos a juicio. Una vez obtenida la condena veremos la responsabilidad de otras personas”, manifestó. Y hete aquí la segunda gran falacia con entidad disruptiva, quizás la más grosera expresión de la politización de la causa en función de lograr la impunidad de los máximos y verdaderos responsables y beneficiarios del mecanismo de saqueo de fondos públicos asignados a ambas cámaras de la Legislatura.

No sólo que ni el más ingenuo de los ciudadanos se cree que habrá un segundo capítulo de esta causa, sino que desde el punto de vista procesal es una aberración, un auténtico disparate –máxime viniendo de un alto magistrado con pretensiones de jurista–, escindir un solo hecho –continuado en el tiempo, es cierto, pero caracterizado por responder a una modalidad (matriz) o sistema operativo– y conformar varias causas, siendo que los jefes o responsables máximos fueron mutando a través de las distintas gestiones, aunque manteniéndose inalterable el modus operandi, desde el inicio hasta el mismísimo momento en que se puso al descubierto la maniobra, en los últimos días de septiembre de 2018.

Quizás para quienes no conocen nada de derecho, y menos aún de derecho penal, que el Procurador se haya referido a la “investigación de responsabilidades de tipo imprudente de los legisladores”, sea un detalle que no llama la atención ni signifique nada al respecto; empero para quienes algo, poco quizás, conocemos de estas cuitas, esa expresión salida de la boca del fiscal mayor no es neutra ni mucho menos inocente. Todo lo contrario. Se pretendió –falazmente– insinuar que los legisladores, todos ellos, pero sobre todo quienes fueron autoridades de cada una de las cámaras en cada período (con o sin extravío, robo o incendio de libros y demás documentación respaldatoria, no importa), en el peor de los supuestos, actuaron con imprudencia, negligencia o fueron indolentes al no ejercitar los controles con la enjundia y el rigor que la situación ameritaba, pero que no hubo de su parte intención deliberada alguna de sustraer fondos públicos ni beneficiarse con ellos, y la diferencia no es menor, desde ya.

Entonces, a esta altura, ya podemos colegir dos elementos destinados a eximir de responsabilidades penales –al menos de aquellas que acarrean penas gravosas a sus autores responsables– a los máximos responsables políticos de las cámaras, es decir, a los legisladores (vicegobernadores incluidos, desde ya), tales como poner un techo en determinado nivel de responsabilidades administrativas de sendas cámaras y luego, por si fuera poco y algún osado fiscal –sobre todo después de que García se acoja a la jubilación– decidiera investigar a todos, poner el límite de la culpa y excluir el dolo (intención) en función de minimizar el grado de reproche del injusto (delito o conducta disvaliosa tipificada en el Código Penal) que le cabría.

Digamos la verdad, toda la verdad: si esta causa se divide en dos o más etapas (así lo sugiere el Procurador) y en un tiempo sólo se remiten a juicio los que llamo personalmente niveles gerenciales de la supuesta empresa delictiva, no habrá segunda parte o capítulo, y con una nueva configuración de poder en la República Argentina sólo habrán de llegar a juicio y sufrir condenas los niveles medios y bajos de la supuesta organización, pero nunca quienes fueron los reales responsables y mayores beneficiarios de los millonarios fondos ilegítimamente detraídos del erario público.

Prueba irrefutable del plan de impunidad urdido son las expresiones del Procurador –al referir a si habría una causa Contratos 2–, que afirmó sin ambages: “Es probable, pero lo que tenemos que verificar primero es que logremos la condena en Contratos 1. Estamos terminando, puliendo los detalles probatorios para no dejar ningún flanco débil a las defensas que van a hacer su tarea, como vienen haciendo”.

Lamentablemente esta causa, al poco tiempo nomás de su apertura, comenzó a obscurecerse, a contaminarse y a perder transparencia y probidad. Y ello ocurrió cuando se descubrió que existía una relación comercial de años entre la Procuradora Adjunta, devenida en responsable de la Fiscalía Anticorrupción, y uno de los imputados (de los pocos que no sufrieron encierros preventivos a pesar de su incidencia operativa en la causa por sus conocimientos especiales como contador público), ya que ambos compartían dos inmuebles (no la parte de uno que le habría comprado la fiscal al contador imputado, como “incompletamente”, refiere el doctor García en la entrevista radial).

En definitiva, podríamos estar en la puerta de ingreso a una nueva estafa, mucho mayor quizás que la misma causa que se investiga… Y aparece en escena, ominosa e impúdicamente, la tercera falacia argumental del Procurador General, en abono de su tesis acusatoria tan sui géneris y sugestiva: “Ahí hay una confusión, a veces interesada. Es una falacia muy común, que en latín se dice ‘tu quoque’, que quiere decir ‘tú también o tú más’. Por ejemplo, que alguien diga ‘no me pueden condenar a mí por homicidio porque Videla mató a 30 mil personas’. Esto es lo que circula en el lenguaje político y quizás a veces en los medios”.

Nadie dice que los delitos precedentes de los demás exculpan los míos propios. Todo lo contrario. Se reclama que en la investigación por los contratos apócrifos de la Legislatura entrerriana, el juzgamiento y las eventuales condenas, en caso de caber las mismas, sean aplicadas a todos, sin excepción. Así de simple, pero así de justo y reparador.

En rigor, el culto y cultivado Procurador, está utilizando una falacia de la falacia (falacia ad ignorantiam) para argumentar sobre algo que en sí mismo es casi imposible. Ningún defensor ha osado pedir que sus pupilos no sean juzgados en virtud de que muchos otros, incluso de mayor nivel y jerarquía que ellos, hubieran hecho lo mismo. Lo que algunos defensores sostienen en sintonía fina con una inmensa mayoría de conciudadanos, es que todos los que han participado del botín sean juzgados, no algunos, y menos aún solamente del nivel medio hacia abajo.

Un “argumentum ad verecundiam” (argumento de autoridad) o “magister dixit” es una forma de falacia, y no es lo esperable de quien representa o dice representar el interés del colectivo social.

Esta causa es, sin dudas, la más importante, por varios motivos. Pretender segmentarla para diluir las responsabilidades de los peces gordos del sistema político provincial y dejarlos fuera del juicio constituye una enormísima estafa, acaso mucho mayor, mil veces más significativa y deslegitimante que la que se investiga.

Ojalá esté muy equivocado y haya malinterpretado las expresiones del señor Procurador General, o quizás no haya sido él muy claro y otra cosa distinta haya querido significar. Me inclino a pensar que sus explicaciones no fueron bien interpretadas, tal vez, porque le faltó claridad y muchas veces el lenguaje de la toga es confuso y hasta anodino.

Tengo para mí, en grado de convencimiento inalterable, que la ciudadanía exige y espera que se haga justicia en el sentido de Domicio Ulpiano (año 211 DC), como la continua y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde.

Lo contrario, aunque impensable, sería una suerte de estafa muy canalla, que ahondaría aún más la crisis de credibilidad sobre nuestro vapuleado servicio de justicia, generando un grado de responsabilidad ineludible al señor Procurador o quien hiciere sus veces, y ahí sí, “vos can quoque judicandus” (tú también puedes ser juzgado) por mal desempeño funcional, con casi seguras posibilidades de destitución ante tan reprobable comportamiento.

Justicia para todos, sin cortapisas ni mentiras ni fingidos olvidos. Esta provincia no tolera un acto más de impunidad, y algunos serán más responsables que otros si así sucediera.

No digan después que no avisamos.

 

(*) Abogado penalista, docente universitario, ex presidente del Colegio de Abogados Seccional Paraná, ex fiscal de Investigaciones Administrativas.