El plan del Gobierno para cambiar el sistema de control de fumigaciones

29/05/2019

El fallo que limita las fumigaciones provocó un tembladeral político. En la búsqueda de soluciones, el Gobierno pretende generar un nuevo sistema de control, no en función de las distancias, sino a través de la medición de derivas. El plan del INTA.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Entre Ríos es una de las provincias más fumigadas del país, sobre todo a partir de la intensificación del uso agrícola de la tierra que se ha dado en los últimos años. Es, por ejemplo, la cuarta productora de soja y he ahí su principal actividad productiva.

En la provincia hay, además, 1.030 escuelas en zonas rurales y de islas que están expuestas a las fumigaciones en los campos que las rodean.

Tal vez por eso el fallo que establece un límite de mil metros alrededor de todas las escuelas rurales para las fumigaciones terrestres de y 3 mil metros para las pulverizaciones aéreas ha provocado un tembladeral político.

Entonces, lo que se propone el Gobierno para salir del brete es generar un nuevo sistema de control, no en función de las distancias, sino mediante un sofisticado equipamiento que permite medir el recorrido que hacen las partículas de plaguicidas en el aire, lo que se llama “deriva” y poner énfasis en la responsabilidad de los productores en el uso de los productos y no en la toxicidad de los pesticidas. Para ello, el gobernador Gustavo Bordet anunció que se trabaja en la búsqueda de consensos para la confección de un nuevo decreto que luego debería ser ratificado por la Legislatura. El plan, sin embargo, no parece sencillo.

La clave en todo este entuerto es dónde está el límite para el uso de agroquímicos.

Dicen las entidades agropecuarias que el límite establecido por la justicia para poder fumiga jaquea no solo a los productores, sino a gran parte de la sociedad rural que en algún momento pensó a las escuelas agrotécnicas como un factor de desarrollo. También dicen algunas barbaridades, como el exabrupto de quien planteó que “conviene sembrar las trescientas hectáreas y cerrar la escuela” y otras en el mismo tono.

Dicen las organizaciones ambientalistas que no se pretende frenar la producción en las zonas donde rige la prohibición, sino que se puede realizar cualquier actividad que no incluya el uso de agrotóxicos.

En el medio también opinó el Presidente Mauricio Macri, aunque con una fallida declaración en la que criticó el fallo, pero terminó confundiendo un decreto con una ley, una ley con un fallo judicial y un fallo judicial con una ley.

Para salir del entuerto, el Gobierno se propone “cambiar el sistema de control” por un sistema diferente al establecimiento de distancias de prohibición. “Las distancias son un modo inapropiado como sistema de control; hay que establecer unidades de control con otra tecnología y hacer el seguimiento del producto que se va a aplicar”, explicó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.

Rodríguez Signes sostuvo que “establecer medidas restrictivas, cualquieras sean, es un tanto arbitrario o no es una forma idónea de establecer la restricción” y, en cambio, propone “algo mucho más complejo, que es crear unidades de control de la aplicación de la ley de plaguicidas”.

Este sistema surge a partir de una propuesta que la estación experimental agropecuaria del INTA en Paraná le presentó a la Secretaría de la Producción y consiste en la elaboración de un plan por etapas para “evaluar la distancia de transporte y depositación de gotas provenientes de pulverización fuera del área de tratamiento”. Para ello se utilizaría un equipo que permite recolectar datos de las derivas, como se denomina al recorrido que hacen las partículas de plaguicidas, en el momento en que se están aplicando y según las condiciones de aplicación, factores meteorológicos (velocidad y dirección del viento, por ejemplo) y demás variables. Los resultados se conocerían al cabo de 17 meses.

En proyecto del INTA –al que accedió Página Judicial– se plantea la necesidad de contar “con un sistema de monitoreo del alcance de plaguicidas en aire que permita aportar datos científico-técnicos para dar soporte a la toma de decisión sobre la dimensión de áreas de resguardo de la población escolar, y que permitan el desarrollo del sector agroproductivo entrerriano”.

El proyecto destaca que “la ausencia de mediciones de contaminación del aire por plaguicidas debido a la inexistencia de un sistema de monitoreo conduce al establecimiento de distancias de restricción de uso arbitrarias”.

Entonces se propone “la compra de tres muestreadores de aire de alto volumen móviles para cuantificar plaguicidas en fases vapor y particulado en aire”, que no se comercializan en la Argentina y cuyo costo se estima en 2 millones de pesos, con los cuales “se realizarán mediciones de deriva de plaguicidas en el aire y en depositación atmosférica de pulverizaciones cubriendo diferentes dimensiones de áreas de resguardo de escuelas” y luego “se analizarán los resultados con especialistas en distintas disciplinas”.

Los técnicos del INTA estiman que la implementación del proyecto en las distintas etapas, que incluye el análisis de muestras por especialistas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y una contraprueba de resultados por técnicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), insumiría una erogación total de 3.705.000 pesos.

El plan prevé, además, que una vez con los resultados en la mano, “se confeccionarán protocolos para la medición de plaguicidas en aire” y “se realizarán reuniones para la discusión con organizaciones públicas y privadas de la provincia para adecuar estrategias técnicas y recomendaciones agronómicas y guías para la delimitación de áreas de resguardo”, lo que, en buen romance, significa reeditar el manual de buenas prácticas agrícolas, que no es otra cosa que una recomendación sobre cómo hacer que la gota de plaguicida caiga en el blanco y no se vaya más lejos de la planta.

El plan, sin embargo, lejos está de entusiasmar a las entidades ambientalistas. La abogada Aldana Sasia, del Foro Ecologista de Paraná, ha dicho que “la deriva es incontrolable” y que las sustancias “persisten en un territorio, después se vuelven a esparcir con el agua de lluvia, de manera que no es una cuestión de distancias ni de deriva, sino que hay que prohibir los venenos”.

Así las cosas, el asunto parece de difícil resolución y esta historia promete nuevos capítulos.