Ordenan reponer en el Tribunal de Cuentas a un contador imputado

28/05/2019

Se trata de Gustavo Tórtul, que está sospechado en la causa donde se investiga el desvío de fondos públicos para instalar la frustrada candidatura presidencial de Sergio Urribarri en 2015. Su designación había sido promovida, precisamente, por el ex gobernador.

De la Redacción de Página Judicial

 

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná ordenó que se permita asumir a un funcionario que había sido designado como secretario contable del Tribunal de Cuentas, a quien el organismo de control se negaba a tomar juramento bajo el argumento de que su nombramiento era inconstitucional

Se trata de Gustavo Javier Tórtul, que además está imputado en la causa donde se investiga su responsabilidad en la sustracción de 28,4 millones de pesos de una partida presupuestaria destinada a cubrir las erogaciones generadas por la organización de la Cumbre del Mercosur y aplicarlos al pago de avisos publicitarios para instalar la frustrada candidatura presidencial de Sergio Urribarri durante el año 2015.

Tórtul es empleado de planta permanente del Tribunal de Cuentas, pero durante la gestión de Sergio Urribarri se desempeñó como director del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación. En septiembre de 2015, a poco de dejar su cargo, Urribarri emitió el Decreto Número 1.907, designando a Tórtul como secretario contable del organismo de control.

Sin embargo, Tórtul no llegó a asumir en el cargo porque el presidente del Tribunal de Cuentas se negó a tomarle juramento. Federico Tomas sostuvo que la designación era inconstitucional y fundamentó su decisión a través de la Resolución Número 679/17, en la cual explicó que si bien la ley orgánica del organismo establece que el Poder Ejecutivo es quien designa por decreto al Secretario Contable, la Constitución Provincial, reformada en 2008, otorga autonomía al Tribunal de Cuentas para ejecutar su propio presupuesto y designar y remover a su personal.

Esa postura había tenido acogida en primera instancia, pero ahora fue revocada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El tribunal declaró la nulidad de la resolución del Tribunal de Cuentas y ordenó cumplir con lo dispuesto por el decreto del Poder Ejecutivo.

Que vaya por otra oficina

La jueza Gisela Schumacher consideró que el decreto debía ejecutarse. Según la jueza, no se produjo la caducidad de la designación, como alegó Fiscalía de Estado por el dictado de otro acto que lo puso al frente de la Dirección General del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación, función que desempeña en la actualidad y para la que cuenta con una licencia otorgada por el Tribunal de Cuentas, donde revista como auditor.

Al declarar la nulidad de la resolución del Tribunal de Cuentas, la magistrada marcó que el Tribunal de Cuentas debió promover una acción de conflicto de poderes, pero que no estaba habilitado a dejar de cumplir con la designación del funcionario. En todo caso, dijo, el organismo debió plantear la inconstitucionalidad del decreto. La Fiscalía de Estado, en representación del Tribunal de Cuentas, “no ha sido coherente en utilizar las herramientas que la institucionalidad entrerriana ha construido tanto desde la Constitución y la ley, como desde la propia jurisprudencia (…) cuando tiene a su alcance figuras que llevan años de desarrollo en la tradición legal y jurisprudencial de esta provincia”, acotó.

Por su parte, el juez Hugo González Elías adhirió al voto de Schumacher pero sumándole aportes “complementarios”. Dijo que “el conflicto se resuelve con responder estas cruciales preguntas: ¿Qué órgano es el competente para designar al secretario contable del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos? ¿Es el gobernador o es el propio Tribunal de Cuentas?”; pero resaltó que no es competencia del tribunal dilucidar esa duda, sino que la interpretación de la Constitución “es exclusiva del Superior Tribunal de Justicia, y de allí que el sistema procesal público entrerriano haya previsto mecanismos idóneos y específicos a disposición tanto del Tribunal de Cuentas como del Estado provincial para que los graves vicios opuestos para justificar la negativa a cumplir con el acto administrativo invocado por Tórtul sean revisados y sin embargo –e inexplicablemente– no han sido articulados”.

No se puede sin concurso

Por el contrario, el juez Marcelo Baridón planteó que se debía rechazar la demanda y declarar la inconstitucionalidad del decreto de designación de Tórtul, por entender que la Constitución de Entre Ríos diseñó un sistema en el cual los organismos controlados, en este caso el Poder Ejecutivo, no designan el personal de los organismos de control.

En ese sentido, resaltó que “el organismo controlado carece de competencia para designar funcionarios en el organismo controlante” y “viola la lógica que animó a la Constitución entrerriana al diseñar y ubicar a los organismos de control fuera de las órbitas de los organismos controlados. No hay control efectivo si el controlado le designa el secretario al controlante”, enfatizó.

Baridón destacó además que el Tribunal de Cuentas tiene facultades para designar y promover a su propio personal, como planteaba la resolución del organismo, “a través de concursos públicos, instancia a la que Tórtul no se sometió”. También eso, a criterio del juez, era inconstitucional.

Por último, recordó la vigencia en la Argentina de la Convención de Naciones Unidas sobre lucha contra la Corrupción, que obliga a promover en cargos sensibles a la corrupción, como el de Secretario Contable del Tribunal de Cuentas, a funcionarios de intachable antecedentes y por concurso público.

Una designación polémica

Tórtul está imputado en la causa donde se investiga el desvío de fondos públicos para la frustrada campaña presidencial de Sergio Urribarri en 2015, a la que llamó el sueño entrerriano.

Concretamente, está acusado por la contratación que se hizo con la productora Nelly Entertainment SA por un monto de 28,4 millones de pesos en el marco de la Cumbre del Mercosur, que se desarrolló en Paraná en diciembre de 2014. Hugo Félix Céspedes, ex coordinador de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur; y Tortul, que fue coordinador contable de esa comisión especial, están acusados por las contrataciones de publicidad y los fiscales adelantaron que pedirán condenas de cuatro años de cárcel para ellos.

En ese momento, el Gobierno contrató la difusión de spots por redes sociales y a través de la plataforma Youtube para dar a conocer cuatro videos, de los cuales tres no tenían absolutamente nada que ver con el encuentro de presidentes.

En la causa también están imputados el propio Urribarri y el ex ministro Pedro Báez. En tanto, el empresario Jorge Corcho Rodríguez, que también estaba imputado, acordó la suspensión del juicio a prueba por un año y el pago de un resarcimiento al Estado de 150.000 en doce cuotas iguales y consecutivas. También debe realizar campañas de bien público en beneficio del comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos, a modo de canje, a través de la cuenta de Instagram de la conductora Verónica Lozano, su pareja, y también en el programa Cortá por Lozano, que se emite por Telefe.