Eliminan el examen oral para la selección de jueces

02/05/2019

El Senado aprobó un proyecto que establece cambios en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. No habrá más exámenes orales y habrá que pagar un arancel para concursar y también para apelar las decisiones de los jurados. El proyecto y la explicación.

De la Redacción de Página Judicial

 

La Legislatura se apresta a modificar el proceso de selección de magistrados en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos: los aspirantes a ocupar cargos judiciales tendrán que pagar para inscribirse en los concursos, ya no habrá examen oral y también será arancelado cualquier pedido de los postulantes para que se revisen los puntajes asignados.

El proyecto supone cambios en la ley que fija las pautas en que deben realizarse los concursos para la selección de jueces, fiscales y defensores en el Consejo de la Magistratura. Había sido presentado por el diputado Juan Reynaldo Navarro (PJ-Tala) y tenía media sanción de la Cámara de Diputados, pero el Senado el introdujo una serie de modificaciones que deberán ser ratificadas.

“Se han notado algunas desviaciones en utilización de la normativa que estaba vigente y por eso se justifican las modificaciones que se proponen”, explicó el senador Lucas Larrarte (PJ-San Salvador), en diálogo con el programa 5 Esquinas que se emite por Radio Costa Paraná.

La modificación más importante es la que propone eliminar el examen oral en el desarrollo de la prueba de oposición que deben realizar todos aspirantes a ocupar un cargo judicial, de modo que solo realizarán un examen escrito que “consistirá en el planteo a cada concursante de uno o más casos reales para que cada uno de ellos proyecte por escrito una resolución, sentencia, dictamen, requerimiento o recurso, como deberá hacerlo estando en el ejercicio del cargo para el que se postula”, algo ya establecido en la ley.

El senador Larrarte explicó en este sentido que “actualmente hay dos instancias de evaluación a los candidatos: una prueba escrita y la segunda que es oral. Lo que se hace es eliminar la instancia oral para preservar también el anonimato, algo que es esencial para la evaluación de los candidatos en este tipo de concursos”.

El jurado en cada concurso está integrado por “tres expertos” elegidos por sorteo entre abogados y magistrados, según la especialidad; y la prueba escrita se tomará en una sola sesión, con una duración máxima de siete horas y será anónima, por lo que cada aspirante recibe es identificado con un código alfanumérico que desconoce el jurado. En el formato actual el anonimato se rompe al momento del examen oral. “Lo que se pretende es que nadie pueda poner una nota en función de quién es el aspirante al cargo, sino en función de su mérito y conocimiento técnico y jurídico. Eso se logra preservando el anonimato de quien está haciendo el examen”, explicó el senador Larrarte.

En la actualidad, la prueba de oposición otorga hasta cincuenta puntos en la calificación de los aspirantes, de los cuales corresponden hasta cuarenta puntos al examen escrito y diez puntos al examen oral. El proyecto no modifica el puntaje.

Se paga para concursar

También habrá que pagar. ¿Cómo es eso? El proyecto establece que “un arancel de inscripción” para los concursos en el Consejo de la Magistratura, “con un valor equivalente a cinco jus previsionales”, una medida para calcular los servicios profesionales. Ese valor, actualmente, es de 530 pesos.

El objetivo de esta medida, según Larrarte, es evitar la especulación porque “en los últimos concursos se detectó que se inscribían indiscriminadamente los mismos postulantes para distintos cargos y eso generaba que hubiera una multiplicidad de aspirantes sin importar la materia o la territorialidad del juzgado al cual aspiraban, con lo cual se ponía en marcha todo un andamiaje burocrático y administrativo del Consejo de la Magistratura que genera tiempo y gastos y después terminaban presentándose menos del 40 por ciento de los postulantes a los exámenes”, explicó el legislador.

“El arancelamiento se fijó en un monto que disuada a aquel que se inscriba a muchos concursos porque sí, pero que al mismo tiempo no sea excesivamente costoso para que quien no tenga las condiciones económicas pueda acceder a un concurso”, aclaró.

También habrá que pagar para apelar las decisiones del jurado del concurso, aunque en este caso se estableció un arancel equivalente a la mitad de la inscripción, “porque se ha visto que en todos los recursos había cuestionamientos muy vagos e imprecisos, lo que también generaba actividad innecesaria por parte del organismo”, explicó Larrarte.

El proyecto prevé que el dinero se utilizará para “cubrir los gastos operativos, de inversión, de capacitación y de productividad del personal” del Consejo de la Magistratura.

Otro aspecto que se modifica en el reglamento de los concursos es que “quien sea designado en el cargo no podrá presentarse nuevamente a concurso hasta tanto no transcurran dos años de asumido el mismo, excepto que el cargo que se pretenda concursar sea de mayor jerarquía o se corresponda a un fuero distinto para el que fue designado”.