Se triplicó la cantidad de presos en diez años

27/03/2019

La provincia tiene más de 2.500 personas privadas de la libertad, lo que pone al sistema penitenciario al límite de su capacidad. Los números y los motivos que explican el exponencial crecimiento.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

El Gobierno nacional declaró la emergencia en materia penitenciaria a raíz de la superpoblación en las cárceles federales de todo el territorio. Entre Ríos no tiene una cárcel federal pero tampoco es ajena a la situación que se vive en el país.

Desde el Servicio Penitenciario reconocen que las unidades penales de la provincia están al límite de su capacidad debido al notable incremento de la población penal registrado en los últimos años. En diciembre de 2008 las cárceles entrerrianas albergaban a 805 internos, mientras que al día de hoy el número trepó a 2.537 personas, lo que representa un aumento del 315,1 por ciento en estos diez años y poco.

Es justo decir también que del mismo modo se ha incrementado la capacidad de los establecimientos penitenciarios y, según datos oficiales, las cárceles entrerrianas podrían albergar hoy a unos 2.700 internos.

El incremento de presos se atribuye, principalmente, a la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal de Entre Ríos que, según dicen en el Poder Judicial, privilegia la oralidad y acelera los plazos de resolución de las causas. La intensificación de procedimientos por narcomenudeo también ha sido un factor determinante. Además, el director del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez, advierte sobre los cambios en las modalidades delictivas como otro elemento a considerar, ya que “antes entraban una o dos personas por la comisión de un delito y ahora se registra el ingreso de cinco, seis y hasta diez personas involucradas en una misma causa”.

No obstante, Sánchez aseguró que la situación en la provincia “está bastante lejos de llegar a la emergencia”, aunque en diálogo con el programa 5 Esquinas, que se emite por Radio Costa Paraná, reconoció que “la población carcelaria se ha incrementado”.

Como se dijo, las estadísticas revelan un incremento en la población penitenciaria. De las 2.537 personas que actualmente se encuentran privadas de la libertad, hay 2.009 condenados (79,2 por ciento) y 528 internos que están con prisión preventiva, procesados a la espera de un juicio o han sido condenados pero su sentencia no está firme (20,8 por ciento). Hay otras 70 personas que se encuentran bajo arresto domiciliario pero con una tobillera electrónica.

A su vez, de las 2.537 personas que se encuentran alojadas en las cárceles entrerrianas, 1.959 (77,2 por ciento) se encuentran a disposición de la justicia provincial y 578 (22,8 por ciento) están a disposición de la justicia federal.

Los números le dan la razón a aquellos que destacan la celeridad del sistema procesal que rige en la provincia, ya que 1.795 detenidos a disposición de la justicia provincial tienen sentencia (91,2 por ciento); mientras que la tendencia es inversa respecto de los presos federales, ya que 364 detenidos son procesados con prisión preventiva (63 por ciento) y 214 son penados con sentencia firme (37 por ciento).

Sánchez señaló que “la mayoría de los detenidos están acusados por infracción a la ley de drogas, a lo que se agrega ahora el narcomenudeo; y también hay un número importante de personas acusados por delitos contra la integridad sexual”.

Un asunto pendiente en materia penitenciaria es la separación de penados y encausados. La Constitución Provincial establece que “en ningún caso la simple detención ni la prisión preventiva se cumplirá en las cárceles públicas destinadas a penados”; y el Código Procesal Penal prevé que “quien sufra prisión preventiva será alojado en establecimientos especiales, diferentes de los que se utilizan para los condenados a pena privativa de libertad, o, al menos, en lugares separados de los dispuestos para estos últimos, y tratados en todo momento como inocentes”. Esto fue motivo de debate en los tribunales.

En ese sentido, el director del Servicio Penitenciario explicó que “desde hace un tiempo se viene trabajando para aumentar el cupo de alojamiento, con un plan a mediano plazo que está en ejecución y pretende aumentar la capacidad en 320 plazas, modificando algunos sectores y creando otros, para cumplir con la premisa de separar a los penados de los procesados, tal como lo establece el Código Procesal Penal”.