La violencia machista también en el trabajo

08/03/2019

Menos del 1 por ciento de los expedientes que tramitan por violencia de género pertenece a caso de violencia en el ámbito laboral. Una mirada entre el miedo a denunciar y el vacío legal.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

La violencia laboral hacia la mujer es un tipo de violencia machista. Se llama mobbing. Pero es violencia de género, una violencia asociada al miedo, ese que impide a la mayoría de las mujeres denunciar esa violencia por temor a perder su puesto de trabajo o a las represalias que los agresores puedan ejercer contra ellas.

Eliana Berón eligió romper esa barrera y denunció a agresor.

El agresor era su jefe, Gabriel Fernando Ramón Abelendo, director en representación de los trabajadores en el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), a quien denunció por un padecimiento de muchos: agresiones verbales, abuso de poder, maltrato psicológico permanente y amenazas.

“Las presiones empezaron a través de comentarios como que le debía la vida, que había puesto la firma para que yo estuviera donde estoy; después comenzó a involucrarse en actividades de control a los empleados y se hacía cada vez más presente en la oficina haciendo ese tipo de comentarios, llamándome a los gritos, hablando de manera grosera”, relató la joven en diálogo con el programa 5 Esquinas, que se emite por Radio Costa Paraná.

Eliana venció al miedo y denunció a su agresor ante las autoridades del organismo. Otras mujeres la acompañaron y también denunciaron a Abelendo. Pero del otro lado solo hubo silencio. “Tuve que dejar de trabajar porque me generó problemas de salud y corría riesgo mi embarazo; pero no hubo ninguna acción de apoyo de las autoridades del Iafas, yo planteaba lo que estaba viviendo y nadie hacía nada”, aseveró.

Abelendo, por su parte, fue más allá y denunció a Eliana por injurias; ella incluso fue sometida a un juicio en el que dos años después resultó absuelta. Sin embargo, su agresor no recibió ningún tipo de sanción y continúa en el cargo.

Eliana reconoce que al principio “pasaban cosas que no identificaba como situaciones de violencia laboral” y reflexiona acerca de que “antes de hacer la denuncia había vivido situaciones que no tomaba en cuenta porque, lamentablemente, como empleados, tenemos bastante naturalizadas alguna cuestiones y estamos expuestos a que gente que tiene un poco de poder nos haga sentir que le debemos y que estamos para responderles a ellos. Con esa idea que te van plantando uno termina siendo sumiso, trabajando mal y haciendo cosas que no quiere”.

Eliana, sin embargo, es apenas un botón de muestra.

Un problema sin solución

La violencia de género en el ámbito laboral es una realidad que millones de mujeres viven constantemente en todo el mundo, aunque muy pocas se animan a denunciarlo.

Según datos del Registro Judicial de Causas y Antecedentes de Violencia de Entre Ríos (Rejucav), que funciona en el ámbito del Poder Judicial, menos del 1 por ciento de los expedientes que tramitan por violencia de género pertenece a caso de violencia en el ámbito laboral y que la mayoría de ellos corresponde a casos en los cuales quien denuncia se encuentra en una relación laboral de menor nivel jerárquico.

Las estadísticas muestran además que la mayoría de las víctimas de violencia laboral son mujeres que denuncian casos de maltrato psicológico y, como se dijo, los agresores resultan ser hombres de una jerarquía superior.

Si se consideran las denuncias del último año, la mayoría son mujeres que denuncian violencia psicológica y los señalados como acosadores hombres de una jerarquía superior.

En la actualidad no hay vigente una ley específica contra la violencia laboral a nivel nacional, aunque la problemática tiene reconocimiento en la Ley de Protección Integral a las Mujeres, que la define como “aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo”.

El Estado entrerriano como empleador reguló la violencia laboral desde un concepto amplio a través de la creación de la Oficina del Programa Defender, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, que aborda esta temática, tiene establecido un protocolo de intervención para estos casos e incluso asegura un asesoramiento jurídico gratuito.

Sin embargo, en la provincia existe un vacío legal en cuanto a qué procedimiento se debe seguir cuando se producen casos de violencia de género en el ámbito laboral y en la Legislatura se encuentra demorado el tratamiento de un proyecto de ley –presentado por el senador Ángel Giano (PJ-Concordia)– que propone modificar el Código Procesal Laboral para allanar la vía judicial a las víctimas.

En la actualidad, si una mujer es víctima de violencia laboral debe primero agotar la vía administrativa, pero si no cesara la situación de violencia debería iniciar un engorroso camino judicial: ante un caso de violencia laboral hay que recurrir a una instancia civil, pero el juez civil no tiene competencia para resolver relaciones laborales; y el juez laboral no tiene competencia para resolver situaciones de violencia de género en el trabajo. Ese vacío es el que busca llenar el proyecto.

Mientras tanto, para acceder a la justicia, las víctimas de este tipo de violencia deben atravesar distintos obstáculos; cuando no terminan ellas mismas revictimizadas.