Probation para cuatro profesionales por el fraude en el Círculo Médico

26/02/2019

Tres ex integrantes de la comisión directiva y el ex contador de la institución acordaron la suspensión del juicio a prueba en la causa que los tenía como imputados por irregularidades en el manejo de fondos. Harán un resarcimiento millonario a la entidad.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

Podría decirse, como el refrán popular, que el agua no llegó al río: la jueza Marina Barbagelata dispuso la suspensión del juicio a prueba para cuatro profesionales que estaban imputados por el vaciamiento del Círculo Médico de Paraná.

Se trata de los médicos Raúl Francisco Rodríguez, Justo José Uranga y Carlos Otaño –ex integrantes de la comisión directiva– y el contador Lucio Figueroa, acusados por administración fraudulenta a raíz de una serie de irregularidades, toma de créditos y desvío de fondos que derivaron en una severa crisis financiera de la entidad.

Los imputados deberán cumplir tareas comunitarias durante dos años y, además, acordaron un resarcimiento de 4,2 millones de pesos a favor del Círculo Médico de Paraná, que es equivalente a un crédito con garantía hipotecaria que pesaba sobre el inmueble de calle Urquiza 1135. Según se indicó, el dinero se acreditó en diciembre del año pasado y la entidad levantó la hipoteca. A su vez, las actuales autoridades, que en su momento promovieron la denuncia, desistirán de futuras acciones penales y/o civiles contra los acusados.

Los defensores aclararon que la probation no implica ningún tipo de reconocimiento de culpanilidad ni confesión.

La jueza Barbagelata homologó los acuerdos en la misma audiencia, aunque puso de resalto que “hay evidencias de que hubo una administración fraudulenta y no una mala administración” de parte de las autoridades del Círculo Médico de Paraná.

En una audiencia celebrada este martes la magistrada también decretó el sobreseimiento de Ignacio Uranga y Alejandro Karavokiris, ex integrantes de la comisión directiva, a instancias de los defensores José Velázquez e Iván Vernengo y Damián Petenatti, respectivamente, y con el consentimiento de las fiscales y de los querellantes Santiago Halle y Mariano Churruarín, por considerar que ninguno de ellos participó de la maniobra delictiva.

Zapatero a su zapato

La denuncia había sido presentada por Alfredo Angarola, Luis Aníbal Ríos y Eduardo Vesco, en representación del Círculo Médico de Paraná. Entre otras cuestiones, se consignaba que la institución había constituido un fideicomiso para construir un barrio médico –algo que está fuera de su objeto social– y las deudas originadas por los incumplimientos en la administración y ejecución del contrato de la empresa constructora fueron afrontadas por la entidad. También se denunciaron irregularidades en la compra a familiares de integrantes de la ex comisión directiva del terreno donde se construirían las viviendas. Además, se falsificaron documentos de la entidad para solicitar un crédito bancario que le permitiera afrontar las deudas provocadas por la construcción de viviendas y hasta se pidieron préstamos a prestamistas y con intereses de usura.

La historia se remonta al 7 de marzo de 2012, cuando el Círculo Médico de Paraná firmó un contrato de fideicomiso para la construcción de viviendas en lo que sería un barrio médico, algo que estaba fuera de los estatutos de la entidad.

De acuerdo con el contrato, el Círculo Médico, a través de la comisión directiva, sería administrador del fideicomiso en forma gratuita, en carácter de fiduciario, y asumía la obligación de adquirir el predio donde se construiría el denominado Barrio Médico II. Para ese momento el terreno ya había sido adquirido a la familia Uranga –parientes de Justo e Ignacio Uranga, que integraban la comisión directiva de la institución–, pero la escritura recién se confeccionó el 12 de septiembre de 2012, es decir, con posterioridad a la constitución del fideicomiso. Por el terreno se pagaron 433.848,96 dólares y luego otros 600.000 pesos por un juicio de usucapión que tenían pendiente los dueños originales.

La gestión fue un fracaso y el Círculo Médico terminó haciéndose cargo de las deudas contraídas por el fideicomiso, como parte de los “acuerdos de reparación de daños” con los fiduciarios y sin siquiera consultar a los asociados.

Concretamente, el Círculo Médico asumió las deudas del fideicomiso con comercios proveedores de materiales, profesionales y contratistas. Para ello, echaron mano a distintas cajas, por ejemplo, se tomaron fondos correspondientes a los honorarios; se pidieron préstamos a la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), mutuales e incluso también a parientes de empleados de la institución; y se llegó al punto de tomar créditos con prestamistas, en términos absolutamente informales, con intereses usurarios y, otra vez, sin autorización de los asociados.

Como si esto fuera poco, la empresa que ejecutaba la obra, Constructora del Norte SRL, quebró en 2014.

En medio de la crisis, y buscando salvar la situación, la comisión directiva intentó vender la histórica sede de la institución, inaugurada a fines de 1971, lo que fue impedido por los socios en una asamblea extraordinaria celebrada el 22 de diciembre de 2014.

Caída esa posibilidad, se fraguó el acta de una asamblea general extraordinaria que se había realizado el 21 de mayo de 2014. Uno de los puntos a discutir en esa asamblea era la toma de “créditos necesarios para financiamiento a cargo del Círculo Médico de Paraná, incluyendo constitución de garantía necesaria”. Pero no se resolvieron especificaciones que cualquier banco requiere a la hora de conceder un crédito, como los alcances del endeudamiento y las tasas de interés a pagar, por lo que las autoridades de entonces terminaron fraguando el acta original de esa asamblea y generando una copia certificada por escribano público, para ser presentada en el Nuevo Banco de Entre Ríos (Bersa) con el objetivo de solicitar un crédito con garantía hipotecaria de 4 millones de pesos, que se tomó en marzo de 2015.

Al cabo de dos años de investigación, y luego de intensas gestiones que los defensores agradecieron a las fiscales Matilde Federik y Paola Farinó, este martes se presentaron los acuerdos para la suspensión del juicio a prueba de los ex integrantes de la comisión directiva del Círculo Médico.

Rodríguez, ex presidente de la entidad, se comprometió a dar charlas de concientización sobre la donación de órganos, bajo condiciones que deberá fijar la Oficina de Medios Alternativos (OMA), que también será encargada de controlar su cumplimiento.

En tanto, Justo Uranga, que también fue presidente del Círculo Médico, y Carlos Otaño deberán cumplir tareas comunitarias a favor de instituciones de bien público a razón de 96 horas durante dos años, en un lugar que determine la OMA.

Por su parte, Lucio Figueroa, histórico contador de la entidad, presentó un certificado médico donde se deja contancia de que padece una depresión profunda, por lo que su abogado pidió que se lo exima del cumplimiento de las tareas comunitarias. En cambio, ofreció realizar un aporte mensual durante dos años de 4.000 pesos o el equivalente en latas de leche en polvo. La jueza Marina Barbagelata dispuso que sea a favor del Hospital Materno Infantil San Roque, aunque podría destinarse a algún centro de salud.

Los cuatro imputados acordaron, además, un resarcimiento de 4,2 millones de pesos a favor del Círculo Médico, lo que fue homologado por una asamblea de socios de la institución.

Otros dos ex integrantes de la comisión directiva resultaron sobreseídos: Ignacio Uranga y Alejandro Karavokiris. Los defensores resaltaron que no participaron de la maniobra delictiva: ambos ocupaban cargos de escasa relevancia institucional, no intervinieron en la firma del contrato de fideicomiso para la construcción del barrio médico, tampoco en la recepción y distribución del dinero ni en la confección del acta falsificada a los efectos de obtener el crédito hipotecario. “No tuvieron un rol protagónico en la toma de decisiones”, resumieron los defensores. En cambio, los testigos los señalan como actores centrales en la tarea de contención de los profesionales estafados por las obras inconclusas en el barrio médico.

Las fiscales Federik y Farinó acompañaron el pedido de sobreseimiento, del mismo modo que el querellante Santiago Halle, que representaba al Círculo Médico. “No se pudo acreditar la intervención de ninguno de ellos en el hecho”, coincidieron.