Seguirán detenidos los contadores Pérez y Faure

20/02/2019

La justicia hizo lugar al pedido de los fiscales y dispuso la prórroga de la prisión preventiva por sesenta días de los imputados en la causa por las contrataciones irregulares en la Legislatura, por considerar que podrían entorpecer la investigación.

Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial

 

La jueza Marina Barbagelata dispuso prorrogar por sesenta días la prisión preventiva de los contadores Gustavo Hernán Pérez y Roberto Ariel Faure, imputados en la causa donde se investiga un desfalco millonario a través de contrataciones irregulares en la Legislatura entrerriana.

La magistrada hizo lugar al pedido efectuado por los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, quienes fundaron la solicitud en la existencia de riesgos procesales. Concretamente, afirmaron que en caso de quedar en libertad los contadores podrían ocultar pruebas –como ya lo han hecho, según dijeron– o intimidar a los testigos en virtud del rol preponderante que ostentaban en la organización delictiva.

La jueza consideró que la libertad de los imputados debe ser la regla a seguir en todo proceso penal, pero defendió la prisión preventiva de los contadores Pérez y Faure ante la posibilidad de que pudieran entorpecer el curso de la investigación. Dijo que se trata de una medida “razonable” teniendo en cuenta la complejidad de la causa y aludió a dos episodios que, a su criterio, fundamentan el encarcelamiento preventivo de ambos: la mudanza del estudio contable en el que trabajaba Faure tras los allanamientos que dieron origen a la pesquisa y una serie de mensajes de texto que Pérez cruzó con otro imputado orientándolo al ocultamiento de pruebas, tal como lo habían planteado los fiscales. De ese modo, sostuvo, “impidieron el acceso a evidencia que podría ser llevada al juicio”.

Los abogados Miguel Ángel Cullen, Guillermo Vartorelli –defensores de Pérez– y Leopoldo Cappa –defensor de Faure– apelaron en ese mismo momento la decisión de la jueza, a la vez que recordaron que está pendiente de resolución un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que en su momento consideró arbitraria la detención preventiva de otros imputados en la misma causa.

Dos peces gordos

Los fiscales consideran a Pérez y Faure como personajes relevantes dentro de la asociación ilícita que produjo el caso de corrupción más escandaloso de la historia entrerriana, un desfalco millonario a través de contrataciones irregulares en la Legislatura, entre 2008 y 2018, con la participación de funcionarios públicos y estudios contables.

Según dijeron, Pérez y Faure ostentaban una posición gravitante dentro de la estructura delictiva. Pérez fue director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores desde 2011, hasta que fue desplazado de su cargo en octubre de 2018 –su abogado dijo que renunció–, a raíz del escándalo de las contrataciones irregulares y, según dijeron, “era uno de los principales actores, como organizador de la maniobra de sustracción de fondos públicos, encargado de diagramar la forma en que se llevó a cabo ese mecanismo y determinante a la hora de ocultar el dinero”. Faure, por su parte, integraba uno de los estudios contables encargados de gestionar la situación impositiva de los falsos contratados, a la vez que él mismo también estaba contratado en la Legislatura entrerriana.

Yedro resaltó que “la investigación se desarrolla en tiempo real, hay personas que continúan en la función pública y están involucradas en esta maniobra; no solo Pérez y Faure entorpecieron la investigación sino que también los hicieron a través de interpósitas personas”; y Aramberry hizo hincapié en “la mecánica del ilícito cometido, la posición de los imputados dentro de la organización y los vínculos que crearon en el derrotero delictivo”.

Faure, según dijeron, era una especie de “nexo entre privados y funcionarios públicos”; revelaron que Sergio Cardoso, ex director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Diputados, declaró recientemente sobre “la intervención de Faure en la maniobra delictiva” y detalló que “Pérez llevaba y traía contratos y cheques, y que (Cardoso) recibió órdenes de las autoridades de la Cámara de Diputados para darle trato especial a Faure. Cuando se le preguntó qué autoridades le dieron esa orden, mencionó a los diputados (Leticia) Angerosa, (Juan Reinaldo) Navarro, (Daniel) Ruberto y (Juan Carlos) Darrichón. Pero ellos dijeron que no lo conocían y que no delegaron la gestión de sus contratos” y agregaron que “tampoco surge a qué autoridades se refiere Cardoso”.

Los fiscales aseveraron que ambos han ocultado pruebas y que persiste el riesgo de que pudieran entorpecer la investigación penal en caso de recuperar la libertad. “Estamos en plena etapa de recolección de evidencias y de ningún modo podemos afirmar que la investigación penal preparatoria esté terminada”, sostuvo la fiscal Yedro.

Anticipo de pena

Por su parte, los defensores de los imputados se quejaron de que no se habían especificado acciones concretas de entorpecimiento de la investigación; dijeron que los fiscales “no indican cómo se ha coaccionado a los testigos o cómo podrían hacerlo en caso de quedar en libertad” e insistieron en que no lo hicieron en el lapso en que estuvieron bajo arresto domiciliario, tras el habeas corpus que les concedió el STJ.

“No hay una sola situación que puedan contar de que haya habido entorpecimiento de la causa”, aseguró el abogado Cullen. ¿Cuál es la prueba que indique Pérez puede entorpecer la investigación?”, insistió.

Los defensores señalaron que la prórroga de la prisión preventiva es “desmedida” e inclusive denunciaron que se pretende utilizar el encarcelamiento cautelar como “un anticipo de pena” y solicitaron la inmediata excarcelación de Pérez y Faure.

Según dijeron, los motivos por los cuales fueron detenidos hace noventa días ya no constituyen un riesgo procesal y “no existe la posibilidad de prorrogar la prisión preventiva porque los fiscales no aportaron elementos novedosos”, a la vez que citaron el fallo del STJ en cuanto a que rechazó como argumento a la complejidad de la causa para sostener el encarcelamiento preventivo de los imputados.

Tras la resolución de prorrogar la prisión preventiva, los defensores apelaron inmediatamente la decisión, que ahora deberá ser revisada por un tribunal superior. Mientras tanto, esperan por lo que pueda resolver el STJ.