La jueza resuelve las apelaciones por compensaciones truchas en ATER

19/02/2019

La jueza Carolina Castagno tiene veinte días para resolver si confirma el procesamiento de 128 imputados por el millonario desfalco al fisco a través de un mecanismo de compensaciones truchas.

De la Redacción de Página Judicial

 

La investigación de la estafa a través de compensaciones truchas está en la etapa final en la justicia, a partir de que la jueza Carolina Castagno resuelva las apelaciones de los más de cien imputados que tiene la denominada megacausa.

Hace unos días los defensores expusieron los argumentos para la apelación del auto de procesamiento dictado hacia finales de 2017 por la jueza Marina Barbagelata por los delitos de simulación dolosa de pago, adulteración dolosa de registros, cohecho y fraude a la administración pública.

La lista de imputados tiene 128 nombres entre ex empleados de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), un ex funcionario, empresarios, contadores y contribuyentes que habrían participado de una maniobra por la cual se produjo un millonario desfalco a través del mecanismo de compensaciones.

El volumen de la estafa se calcula en más de 50 millones de pesos y lo que ha quedado claro a partir de la investigación judicial es que la maniobra fue pergeñada y ejecutada desde el interior del organismo recaudador, por un grupo de empleados que, con la connivencia de Gustavo Gioria, entonces tesorero general de la provincia, registraban fraudulentamente como pagadas, en el sistema informático del fisco provincial, deudas tributarias impagas de ciertos contribuyentes, simulando su pago por compensación, como si el contribuyente hubiese sido titular de un crédito contra el Estado.

El sistema de compensaciones tributarias está previsto en el Código Fiscal, para aquellos casos donde un proveedor del Estado acredita la tenencia de créditos líquidos y exigibles ante un organismo. Una vez aprobados por la Tesorería General y la Contaduría General de la provincia, esas acreencias pueden ser compensadas por impuestos mediante una resolución del Ministerio de Economía, que luego se publica en el Boletín Oficial.

Entre los beneficiados por este mecanismo había empresarios y contribuyentes particulares, pero algunos de ellos cuales ni siquiera eran proveedores del Estado; y otros aseguran haber sido estafados por los propios perpetradores del desfalco: Estrella Martínez de Yankelevich, Abelardo Daniel Gaggión, Darío Fabián Barreto, Fabrizio Dayub y Daniela Romina Miño, todos ex empleados de ATER.

En la audiencia ante la jueza Castagno, los defensores, esencialmente, cuestionaron que no se hubiera practicado una pericia para determinar si el sistema informático de ATER había sido manipulado externamente; plantearon que no existió un acuerdo entre los contribuyentes y los empleados de ATER para defraudar al fisco; y, a su vez, los empleados, apuntaron hacia arriba en la cadena de responsabilidades, es decir, contra Estrella Martínez de Yankelevich, que era jefa de despacho de ATER.

El abogado Julio Federik, defensor de un grupo de contribuyentes imputados, explicó que “la mayoría pagó los impuestos a través de compensaciones” y detalló el procedimiento: “Les daban el dinero a sus contadores; ellos les entregaban recibos y después les llegaban los recibos y las boletas con firmas, sellos y membretes de ATER. Pero el pequeño detalle es que ese dinero nunca entró a la Tesorería General de la Provincia”.

La denuncia fue presentada en 2014 por el entonces titular de ATER, Marcelo Casaretto, y la investigación avanzó en la responsabilidad de unas 350 personas, entre empleados y funcionarios, pero también respecto de contribuyentes que se habrían beneficiado con la maniobra ya que pagaban un porcentaje menor de la deuda.

Con el tiempo, algunos fueron sobreseídos –el Ministerio Público Fiscal decidió no sostener la acusación respecto de aquellos contribuyentes que hayan compensado fraudulentamente deudas por impuestos por un monto total inferior a los 15.000 pesos– y otros recibieron la probation. En todos los casos tuvieron que pagar la deuda.

“La Provincia, que fue perjudicada y perdió esos 50 millones de pesos, los está recuperando, porque les hace pagar nuevamente a los contribuyentes; de manera que los que fueron realmente perjudicados, porque los estafaron y debieron pagar dos veces, son los contribuyentes que cayeron en esta red de delincuencia; fueron engañados y pagaron con este sistema que en realidad es legítimo, pero la plata no ingresó a la provincia”, insistió Federik en diálogo con el programa 5 Esquinas, que se emite por Radio Costa Paraná.

El letrado resaltó que “la Fiscalía atacó a los contribuyentes; lo que se espera es que haga la investigación que corresponde respecto de todos los funcionarios que tuvieron algo que ver con esto, porque los únicos funcionarios que fueron indagados son los que figuran firmando los papeles que se entregaron a los contribuyentes; pero acá el poncho no aparece: los contribuyentes pagaron, les dieron sus recibos, la documentación de que se había iniciado el trámite y resulta que después no aparecieron los expedientes, no salió la resolución ministerial que aprobara las compensaciones y menos se publicó en el Boletín Oficial. Evidentemente los contribuyentes pusieron el dinero, pero la gran pregunta es dónde está ese dinero, porque a la Provincia no ingresó y si no ingresó es porque alguien se lo quedó y no son estos funcionarios, porque a ellos se los investigó a ver si habían mejorado su fortuna y ni la heladera habían cambiado”, ironizó Federik.

Entonces, Federik lanzó una incógnita: “Dónde está el dinero, quién se lo llevó, porque todos los contribuyentes pagaron y de los 50 millones que desaparecieron a los contribuyentes les hicieron pagar de nuevo”.

Por la complejidad de la causa, la voluminosidad del expediente y la cantidad de imputados, la jueza Castagno tiene veinte días para resolver si confirma el procesamiento de los imputados o hace lugar a las apelaciones y dicta el sobreseimiento o falta de mérito de algunos de ellos. El plazo, no obstante, es flexible. En cualquier caso, la megacausa va camino a un megajuicio oral.