“Es relativa la responsabilidad de quien firmó los contratos”
31/10/2018
De la Redacción de Página Judicial Miguel Carlín integró los dos poderes que hoy están en una misma historia: los poderes Legislativo y Judicial. Fue senador por el justicialismo en el período 1987-1991 y luego pasó a ser fiscal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para terminar como vocal de la Sala Penal y de
De la Redacción de Página Judicial
Miguel Carlín integró los dos poderes que hoy están en una misma historia: los poderes Legislativo y Judicial. Fue senador por el justicialismo en el período 1987-1991 y luego pasó a ser fiscal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para terminar como vocal de la Sala Penal y de Asuntos Constitucionales. Tras jubilarse presidió el bloque justicialista en la Convención Constituyente de 2008.
El ex vocal dijo sentirse “sorprendido” por la causa que lleva adelante la Justicia y en la que se investiga el accionar de una asociación ilícita en el seno de la Legislatura. Para la Procuración General, se desviaron 1.200 millones de pesos desde el 2008 hasta la fecha a través de un sistema de contratación a personas que con sólo prestar su firma recibían entre 1.200 y 2.000 pesos, más el pago del monotributo, pero los contratos variaban entre 35.000 y 50.000 pesos.
Hace dos semanas la fiscal anticorrupción requirió a la Legislatura (Diputados y Senado) todos los contratos realizados desde 2008. La petición fue rechazada. Se solicitó especificidad en el pedido.
“Hay muchísimos precedentes a través del tiempo en que todos los pedidos deben estar fundados. Si algún pedido no está bien fundado hay una preliminar que hace que la Legislatura lo deniegue”, sostuvo el ex vocal en una entrevista con el programa Cinco Esquinas que se emite por FM Costa Paraná.
Una de las cuestiones que la Justicia pretende determinar es la responsabilidad de las autoridades de la Legislatura en la hacer las contrataciones. Los abogados defensores Guillermo Vartorelli y José Velázquez, que defienden a Gustavo Pérez (administrativo del Senado) Flavia Beckman (la mujer interceptada en el cajero del Bersa) sostuvieron que contratar a tal o cual persona es una decisión política, no administrativa.
Carlín hace otro aporte. “Es relativa la responsabilidad de quien firmó los contratos. Lo de los contratos es una situación muy peculiar. No puede colocarse a un presidente de una cámara en el lugar de censura a la responsabilidad de un legislador. Es decir que si un legislador dice que necesita un equipo y entra dentro de los montos que se han determinado para poder contratar, el presidente no puede decirle que se lo traigan que le quiere ver la cara”, apuntó Carlín. Y agregó: “Se presume que el presidente confía en la responsabilidad del legislador que fue elegido por el pueblo”.
El ex senador dijo no conocer “que haya pasado una cosa igual” en la Legislatura. No obstante, recordó que en la época en que fue senador “tuvo un fuerte impacto el caso de desvío de fondos cuando el presidente del Senado era Domingo Daniel Rossi. No es que me sorprenda, pero en este caso no tengo los elementos valorativos para tener conocimiento del caso”, se desligó.
Para poner como ejemplo la experiencia de contrataciones se refirió a su paso durante el proceso de reforma constitucional. “La Convención Constituyente dispuso que cada convencional tuviera un monto determinado para hacer las contrataciones que necesitaba. Dentro de ese monto podía contratar uno, dos, tres o diez. Qué ocurría con cada uno de nosotros y los contratados es otro cantar”, señaló.
Cuestionó la interpretación que se hace sobre la asociación ilícita, de la que “mal se hecha manos cuando se trata de atribuir cualquier conducta” y agreó: “La asociación ilícita es un grupo de personas destinado a cometer un indeterminado número de delitos en un indeterminado tiempo. No es para una cosa concreta en donde tal se cometió tal infracción en estos tres casos. Es una torpeza y una desnaturalización el criterio que ha tenido el codificador al establecer el delito de asociación ilícita”, cerró.
Los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro creen que el escándalo por las contrataciones en la Legislatura le habría generado un perjuicio al Estado que rondaría los 1.235 millones de pesos. Entre los imputados se cuentan los nombres de los senadores nacionales Pedro Guillermo Guastavino y Sigrid Kunath y el titular del Instituto del Seguro Juan Domingo Orabona. Los titulares de ambas cámaras, Sergio Urribarri y Adán Bahl, en tanto, presentaron abogado defensor.