Prorrogaron las preventivas. La filtración de testigos, otro tema
19/10/2018
Federico Malvasio De la Redacción de Página Judicial En audiencia de este viernes, la Procuración General decidió prorrogar las prisiones preventivas para los cuatro sospechosos en la causa que reveló Página Judicial y en la que se investiga un supuesto sistema de recaudación fraudulento a través de contrataciones irregulares en el seno de la Legislatura.
Federico Malvasio
De la Redacción de Página Judicial
En audiencia de este viernes, la Procuración General decidió prorrogar las prisiones preventivas para los cuatro sospechosos en la causa que reveló Página Judicial y en la que se investiga un supuesto sistema de recaudación fraudulento a través de contrataciones irregulares en el seno de la Legislatura.
La fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche e Ignacio Aramberry consiguieron que Flavia Marcela Beckman, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, Hugo Mena y Alfredo Bilbao continúen en prisión preventiva, medida que cumplen en las unidades penal 1 y 6 de Paraná. María Victoria Álvarez quedó afuera. Tenía prisión domiciliaria.
La medida – de cuatro meses cuyo vencimiento es el 19 de febrero de 2019 – fue avalada por la jueza de Garantías es Marina Barbagelata, según supo Página Judicial.
Los abogados José Velázquez y Humberto Franchi defienden a Bekman, Scialocomo y Álvarez. Mientras que Bilbao es defendido por Iván Vernengo. Ariel Faure, el socio de Bilbao, pero que no está en prisión es defendido por Leopoldo Cappa. La otra noticia – supo Página Judicial – es que en la jornada de este viernes se presentaron espontáneamente Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli en representación de Gustavo Pérez, ex director general de Administración del Senado, que fue eyectado del cargo por pedido de Adán Bahl.
Por fuera de la audiencia, Velázquez y Franchi presentaron una nota manifestando preocupación por la filtración de una supuesta lista de testigos que próximamente serían convocados en carácter, incluso, de imputados.
En la presentación solicitaron que se inicie “una investigación a los efectos de desentrañar la filtración de listas de testigos”. Se mencionan tres medios gráficos. Peor aún, este domingo, el tema será abordado en el programa de Jorge Lanata.
El procurador general, Jorge García, fue quien conocido los supuestos nombres de posibles testigos e imputados salió en defensa del organismo que preside al decir que “las informaciones publicadas en medios locales sobre pruebas o medidas procesales constituyen meras especulaciones, propias de la libertad de expresión, que no se fundan en datos fidedignos de la causa ni reflejan la postura del Ministerio Público Fiscal”.
Fue una maniobra que llevó tranquilidad a las dos costas de la Plaza Mansilla. En Casa de Gobierno habían visto en esa publicación mala fe por parte de la Justicia. En tribunales porque se estaría ante una irregularidad cuando la causa está, se sabe, bajo secreto de sumario.
Este último apartado viene bien para precisar alguna duda sobre el trabajo de la prensa y lo que García reconoció en materia del derecho de la libertad de expresión. Lo que respecta al trabajo periodístico, en este caso judicial, se suele acudir sólo a los tribunales para obtener información. Pero esta causa tiene un cúmulo importante de actores (abogados, dirigentes, contadores y funcionarios), lo que abre la posibilidad de tener a mano información fehaciente de fuentes externas.