Los médicos del IPP clamaron su inocencia y esperan la sentencia

03/10/2018

Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial –Este juicio me ha provocado un enorme, enorme, enorme daño; pero he concurrido en busca de justicia y sabiendo que soy inocente. No tiene Miguel Alberto Torrealday la locuacidad de hace unos años, pero igualmente se proclamó inocente en el cierre del juicio que lo tiene


Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial


–Este juicio me ha provocado un enorme, enorme, enorme daño; pero he concurrido en busca de justicia y sabiendo que soy inocente.

No tiene Miguel Alberto Torrealday la locuacidad de hace unos años, pero igualmente se proclamó inocente en el cierre del juicio que lo tiene sentado en el banquillo como acusado por el robo de los mellizos de Raquel Negro y Tucho Valenzuela.

También Jorge Eduardo Rossi, otro de los socios del Instituto Privado de Pediatría (IPP), sostuvo su inocencia manifestando su ajenidad con los hechos que se le atribuyen, que es haber integrado la cadena de sustracción y sustitución de identidad de los mellizos.

Con distintas estrategias, los defensores de los médicos solicitaron que sean absueltos. Cabe recordar que los fiscales habían solicitado penas de doce años de prisión para Torrealday y nueve para Rossi y David Vainstub; mientras que los querellantes pidieron que sean condenados a quince años de prisión.

No estuvo David Vainstub, el otro profesional acusado. Su defensa había solicitado la absolución y este miércoles el médico presentó un certificado pidiendo que se lo exima de participar por problemas de salud y el juez irá a su casa el próximo lunes 8 de octubre a escuchar lo que tiene para decir antes de que se dicte sentencia.

El juez Roberto López Arango adelantó que la sentencia se conocería el 24 de octubre.

El aporte de Torrealday

Los abogados Walter Rolandelli y Franco Azziani, defensores de Torrealday, pusieron en duda que los mellizos hubieran pasado por el IPP, como antes lo había planteado la defensa de Vainstub.

Se sabe que Raquel Negro dio a luz a mellizos en el Hospital Militar de Paraná y que al día siguiente ambos fueron derivados hacia otro centro asistencial. En los registros del instituto privado se consignó el ingreso de la nena como “López, Soledad” el 4 de marzo de 1978 y del varón como “López, NN” el 10 de marzo, ambos procedentes del Hospital Militar.

Sin embargo, para Rolandelli, la presencia de los mellizos en el IPP es apenas “una hipótesis” o “un relato que se ha armado y que lo ha creído todo el mundo: los fiscales, los querellantes, los periodistas”, a pesar de que esa circunstancia quedó acreditada en el juicio que terminó con la condena a la patota del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, como le recordaría luego el fiscal José Ignacio Candioti, quien incluso resaltó que las enfermeras del IPP refirieron haber escuchado comentarios que hacían los médicos sobre la presencia de bebés que eran hijos de una “guerrillera” o “terrorista”.

Rolandelli rememoró que fue el propio Torrealday quien puso en conocimiento de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, sus “dudas” respecto a que los mellizos hubieran estado en el IPP, cuando le exhibió el “Libro de Producción”, destacó que lo hizo “porque Torrealday también quiere encontrar al mellizo” y agregó que “a partir de ahí surge todo este derrotero que termina inculpando a Torrealday por haber mostrado ese libro, porque quería saber qué había pasado”.

De todas maneras, y a pesar de ello, insistió en que “no hay una sola prueba ni un solo testimonio de que los mellizos hubieran pasado por el IPP”.

El defensor dijo además que “el ‘Libro de Producción’ era un libro de contabilidad, un libro administrativo, que no tiene ningún dato exacto ni contenía las historias clínicas; de modo que este libro no es prueba de nada y menos para acusar a estos médicos”.

En otro tramo de su alegato Rolandelli sostuvo que “no se ha probado que Torrealday tuviera ninguna relación con los militares ni con el Hospital Militar; Torrealday odiaba a los militares porque vivió en carne propia ver a su padre preso”. La referencia es para Miguel Ángel Torrealday, padre del médico imputado, que fue vicegobernador de la provincia durante el gobierno de Felipe Texier, entre 1952 y 1955, y fue derrocado y detenido por la autodenominada Revolución Libertadora.

En ese sentido, Azziani acotó que “no se probó que hubiera una connivencia previa entre el instituto privado y los militares porque existió”.

Asimismo, el defensor rechazó que Torrealday hubiera tenido preeminencia en la toma de decisiones por sobre los otros médicos, como lo sugirieron algunas enfermeras durante el juicio y aseguró que los propietarios del IPP “no tenían otra finalidad que salvar vidas, que era lo que su profesión les indicaba”.

El contexto de la época

En cambio, los abogados Cristhian Panceri y José Velázquez, defensores de Rossi, en cambio, no pusieron en duda el paso de los mellizos por el Instituto Privado de Pediatría, sino que aseguraron que “no le cabe ninguna responsabilidad penal”.

La crítica principal esbozada por los defensores de Rossi fue que se pretenda analizar los hechos desde el presente en lugar de hacerlo en el contexto en que se produjeron y, en ese sentido, Velázquez ejemplificó que “consignar a un bebé como NN o la procedencia del Hospital Militar tienen hoy una connotación distinta a la que tenían en ese momento”.

Plantearon también que los protocolos de actuación en neonatología surgieron muchos años después y que en el momento en que los mellizos Valenzuela Negro estuvieron en el instituto privado “todo se hacía a partir del principio de prueba y error”. De todas maneras, destacaron los defensores que “sin que existieran protocolos estos médicos actuaron muy prudentemente, registrando todo en el ‘Libro de Producción’, que era un libro de registros internos” y aseguraron que “en ningún momento formaron parte de un plan sistemático de apropiación ilegítima”.

Velázquez sostuvo además que “el varón no estaba registrado como NN sino como NN López, de manera que no había una intención de omitir u ocultar” su presencia. No obstante, puntualizó que “Rossi no tenía ninguna responsabilidad en la registración de los pacientes”, sino que esa era una tarea que realizaban las enfermeras.

En otro tramo de su alegato, Velázquez admitió que los médicos atendieron a los mellizos durante su paso por el IPP: “Cumplió con su función de médico”, dijo. “¿Pero qué hizo para favorecer a la comisión de un delito?”, se preguntó enseguida.

Sin embargo, advirtió que los registros revelan que Rossi no cumplió tareas de guardia ninguno de los días en que ingresaron los mellizos Valenzuela Negro, “no fue médico de cabecera y, por ende, tampoco pudo haberles dado el alta médica ni administrativa”. También dijo que las guardias de los socios eran pasivas, es decir, sin presencia permanente en el IPP –algo que luego sería refutado por la querellante Sofía Uranga–. Incluso apuntó que el 4 de marzo estaba de guardia Ángel Luis Schroeder, el otro socio del instituto, fallecido, de acuerdo con las constancias del “Libro de Producción”.

También consideró que “no se puede imputar a Rossi por un hecho ajeno ni se lo puede condenar por el solo hecho de haber sido socio del instituto privado” y consideró que “no se ha probado que Rossi supiera que los menores habían sido sustraídos ilícitamente”.