Los fiscales pidieron penas de cárcel para Torrealday, Vainstub y Rossi
26/09/2018
Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial “Estamos junto a Sabrina, buscando a su hermano, en una búsqueda que ya no es solo de ella; y vamos dejando miguitas en el camino para que el mellizo vuelva a casa, convencidos de que lo encontraremos y que habrá muchas memorias y gargantas que le
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
“Estamos junto a Sabrina, buscando a su hermano, en una búsqueda que ya no es solo de ella; y vamos dejando miguitas en el camino para que el mellizo vuelva a casa, convencidos de que lo encontraremos y que habrá muchas memorias y gargantas que le contarán cómo fue la lucha de Sabrina y de sus hermanos Sebastián y Matías… seguiremos luchando hasta que el mellizo se reencuentre con su propia vida”.
Con la voz entrecortada, interpelando a los imputados para que digan “a quién le entregaron al mellizo Valenzuela Negro”, concluyó su alegato el querellante Marcelo Boeykens, abogado de Sabrina Gullino, la hija de Raquel Negro y Tucho Valenzuela.
Fue una jornada intensa en la que fiscales y querellantes solicitaron fuertes penas de prisión para los médicos Miguel Alberto Torrealday, David Vainstub y Jorge Eduardo Rossi, propietarios del Instituto Privado de Pediatría (IPP) sobre su rol en la cadena que permitió el robo de bebés durante la última dictadura cívico-militar.
“Fueron cómplices”, resumió el fiscal José Ignacio Candioti, que junto a Carlos García Escalada, pidió que Torrealday sea condenado a doce años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena, como partícipe necesario de la cadena de sustracción, retención y ocultamiento de los mellizos y de la sustitución de su identidad.
En el caso de Vainstub y Rossi, los fiscales solicitaron que se les imponga una condena de nueve años de cárcel e inhabilitación absoluta, como partícipes secundarios de la cadena que posibilitó el robo de bebés.
La inhabilitación absoluta, en este caso, comprende la prohibición para el ejercicio de cargos y públicos, la privación del derecho electoral (elegir y ser elegido) y hasta la suspensión en el goce de su jubilación, cuyo importe sería percibido por los parientes que tengan derecho a pensión, aunque el tribunal no suele ser partidario en este aspecto.
Por su parte, los querellantes dijeron que la maniobra desplegada por los médicos del Instituto Privado de Pediatría fue parte del plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos, consideraron que Torrealday, Vainstub y Rossi debían ser condenados como autores del robo de bebés y pidieron penas de 15 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de la medicina por el mismo período de tiempo.
En tanto, los abogados Miguel Ángel Cullen y Andrés Bacigalupo, defensores de Vainstub, pidieron la absolución del médico por considerar que no se probó que supiera que los mellizos habían nacido durante el cautiverio de su madre. No obstante, consideraron que la pena solicitada por los fiscales y querellantes era “desmedida”, “arbitraria” y “desproporcionada” e incluso mencionó que es superior a la que recibió el ex militar Pascual Oscar Guerrieri, jefe de la patota que secuestró a Raquel Negro y Tucho Valenzuela, a quien se le impusieron 14 años de prisión.
El juicio continuará el próximo miércoles 3 de octubre, con el alegato de Walter Rolandelli y Franco Azziani Cánepa, defensores de Torrealday; y José Velázquez y Cristhian Panceri, en representación de Rossi. El veredicto se conocería a mediados de octubre.
Creatividad perversa
Raquel Negro y Tucho Valenzuela fueron secuestrados el 2 de enero de 1978 en Mar del Plata y trasladados a la Quinta de Funes, en las afueras de Rosario. Con ellos estaba Sebastián, el hijo de Raquel, que además estaba embarazada.
El parto en el Hospital Militar se habría producido el 3 de marzo, fue atendido por médicos que no pertenecían al nosocomio y tras el alumbramiento del varón, la madre lo arropó durante unos instantes hasta que unos hombres se lo llevaron; luego nació la nena.
Los mellizos estuvieron primero en la sala de terapia intensiva del Hospital Militar, porque supuestamente presentaban problemas respiratorios y cardíacos, y luego fueron derivados al IPP, adonde la nena ingresó el 4 de marzo y el varón el 10 de marzo. Ambos egresaron el 27 de marzo. La nena fue dejada esa misma noche en el Hogar del Huérfano, en las afueras de Rosario, y luego dada en adopción legal. Sabrina Gullino recuperó su identidad en diciembre de 2008. El varón continúa desaparecido.
Torrealday, Vainstub y Rossi están acusados por haber permitido el ingreso y permanencia de los mellizos en la sala de neonatología del IPP, donde estuvieron internados con nombre falso la niña (Soledad López) y sin nombre el varón (NN López); y por haber autorizado el egreso administrativo de los mellizos y su entrega a personas que no eran familiares ni ostentaban ningún poder legal sobre ellos sin dar aviso a un Juzgado de Menores.
Los fiscales resaltaron que hubo una “actuación coordinada” al punto de que los mellizos fueron retirados del Hospital Militar por un médico del instituto privado y en una ambulancia del mismo centro de salud.
Candioti resaltó que “no solo el ingreso fue irregular, sino que también la permanencia de los mellizos en la sala de neonatología fue clandestina: ellos permitieron que estuvieran semanas sin una identificación verdadera, sin sus padres, alejados de sus familiares; no hicieron nada para tratar de ubicar a su madre, a su padre, a sus tíos; después autorizaron el egreso administrativo y les entregaron los bebés a personas extrañas, permitieron que se los llevara la patota que tenía secuestrada a Raquel Negro” y agregó que en ningún momento dieron aviso a un juez de menores ni al Consejo Provincial del Menor.
El fiscal se planteó si a los médicos no les pareció irregular que nadie fuera a visitar a los mellizos ni se preocupara por ellos durante su estadía en el IPP, y se preguntó: “¿A quién le daban el parte médico mientras los bebés estaban internados, a (Walter) Pagano?”, en referencia al integrante de la patota que secuestró a Raquel Negro y sería uno de los que dejó a Sabrina Gullino en el Hogar del Huérfano.
García Escalada habló de la “creatividad perversa” que significó el plan sistemático de apropiación de menores y dijo que los propietarios del IPP “brindaron las condiciones necesarias para la sustracción y sustitución de identidad” de los mellizos, incluso, “percibiendo una remuneración por tan espurios aportes y servicios”.
En este escenario, Torrealday, según lo refieren médicos y enfermeras, “tenía un rol esencial en el gerenciamiento del instituto y en el funcionamiento de la sala de neonatología”, consideró Candioti.
Que rompan el silencio
El querellante Boeykens repasó minuciosamente las acciones desarrolladas en la búsqueda del mellizo, las pistas que se siguieron, cada una de las pruebas genéticas que se realizaron y que tuvieron resultado negativo y hasta los estudios biométricos que se repiten cada seis meses, para concluir con un reclamo a los médicos para “que digan a quién le entregaron al mellizo Valenzuela Negro” y “que rompan el silencio”.
A su turno, Irene Esquivel, representante de Sebastián Álvarez, el hijo mayor de Raquel Negro, sostuvo que los médicos del IPP conocían el origen de los mellizos, “sabían que eran hijos de ‘terroristas’ o ‘subversivos’, como les decían” y que provenían del Hospital Militar.
La querellante mencionó dos reuniones en las que Torrealday reveló la presencia de los mellizos en IPP: en 2000 recibió a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y le exhibió por primera vez el “Libro de Producción” en el que se consigna el ingreso y egreso de los bebés, provenientes del Hospital Militar, la registración de ambos con nombres falsos y el varón como NN; y en 2013 le dijo a Sabrina Gullino, en una reunión que mantuvieron en la clínica, que a los bebés “se los llevaron los mismos que los trajeron” y que el mellizo “salió vivito y coleando” del IPP.
En otro tramo del alegato, los querellantes plantearon dos cuestiones centrales que surgen del análisis del libro: que el único NN registrado es el que provino del Hospital Militar e ingresó el 10 de marzo de 1978 y que recién en noviembre de ese año comienza a registrarse el pago de honorarios a terceros, lo que desvirtuaría, según dicen, la versión de los imputados de que el IPP funcionaba como una “institución abierta” en la que cualquier médico internaba a sus pacientes en la clínica privada.
En cuanto al ingreso de los mellizos al IPP, Sofía Uranga, abogada de Hijos Regional Paraná, resaltó que “el traslado desde el Hospital Militar lo hizo un médico del IPP, en la ambulancia que ellos tenían y con una incubadora portátil del instituto privado”; e hizo hincapié también en los seis días que pasaron entre el ingreso de la nena, el 4 de marzo, y del varón, el 10 de marzo: “Dónde estuvo el mellizo en esos seis días es algo que nos falta conocer y son los imputados quienes tienen esa respuesta”, dijo.
De todas maneras, destacó que durante su estadía en la sala de neonatología del IPP la atención de los mellizos corrió por cuenta exclusivamente de los propietarios de la clínica: Torrealday, Vainstub, Rossi y el fallecido Ángel Schroeder. “Eran ellos quienes realizaban las guardias y quienes estaban a cargo del tratamiento de los pacientes”, sostuvo.
Lucía Tejera, abogada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, reforzó este punto al señalar que “no es relevante si el IPP era una institución abierta en la que cualquier médico podía internar a sus pacientes, porque en todo sistema abierto hay un médico de cabecera y un médico de guardia y, en este caso, no surge que hubiera otros médicos que hicieran guardia más allá de los imputados”, de modo que ellos debieron atender a los mellizos durante su estadía en el IPP.
Respecto de la salida de los mellizos, la querellante aseguró que “no fue un egreso, fue una entrega” y citó una frase de Torrealday, cuando le dijo a Estela de Carlotto que quienes retiraron a los bebés “pagaron y se fueron”, para preguntarle “quién pagó” y “a quién le pagaron”. La abogada concluyó: “No cabe la posibilidad de que estos médicos no sepan quién se llevó a los mellizos”.
En tanto, Santiago Bereciartua, de Abuelas de Plaza de Mayo, aseguró que “los imputados sabían que las Fuerzas Armadas estaban llevando a cabo una represión feroz”, explicó que la dictadura instrumentó un plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos y resaltó que “la inclusión del IPP era necesaria para el plan, que era la apropiación de los mellizos, y sin la intervención del IPP ese plan no podría haberse llevado a cabo”.
Nota en proceso…