Varisco niega que haya beneficiado a una mutual y pidió el sobreseimiento
13/09/2018
Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial El intendente de Paraná, Sergio Varisco (UCR), pidió el sobreseimiento en la causa donde está acusado por haber firmado un decreto para pagar un adelanto por descuentos futuros a empleados municipales a favor de la Mutual Modelo. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial
Juan Cruz Varela
De la Redacción de Página Judicial
El intendente de Paraná, Sergio Varisco (UCR), pidió el sobreseimiento en la causa donde está acusado por haber firmado un decreto para pagar un adelanto por descuentos futuros a empleados municipales a favor de la Mutual Modelo.
En rigor, el abogado Rubén Pagliotto, defensor de Varisco, pidió que se disponga el sobreseimiento por atipicidad, es decir, considera que el jefe comunal no cometió ningún delito cuando firmó un decreto para disponer un adelanto de 1,5 millones de pesos para “paliar la situación financiera” que atravesaba la entidad crediticia. De hecho, el pago no llegó a concretarse, enfatizó el letrado.
Varisco está acusado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y fraude en perjuicio de alguna administración pública y en el escrito de remisión de la causa a juicio la fiscal Patricia Yedro adelantó que pediría una condena de tres años de prisión condicional para el intendente.
Por el mismo hecho están acusados Walter Rolandelli, secretario Legal y Técnico de la Municipalidad; y Ángel Emilio Miguel Picazzo, el titular de la Mutual Modelo. También respecto de ellos se pidió el sobreseimiento. Incluso la querellante Rocío Rivero lo hizo respecto del funcionario municipal en la audiencia de este jueves.
Pero además los defensores de los acusados solicitaron que se declare la nulidad del escrito de remisión de la causa a juicio por considerar que la imputación estaba planteada de manera confusa, lo que acarreaba una violación de principios constitucionales y del derecho de defensa en juicio.
Esto fue rechazado por la fiscal Patricia Yedro, quien manifestó que “el hecho tiene una descripción clara, precisa y circunstanciada”, como lo establece el Código Procesal Penal de Entre Ríos, y “los imputados en ningún momento manifestaron no entender” cuál es la imputación.
El juez Ricardo Bonazzola anunciará el 1 de octubre su resolución. Podrá decretar la nulidad del escrito de remisión de la causa a juicio, dictar el sobreseimiento de los acusados –o de alguno de ellos– o rechazar los planteos defensistas y avanzar en la elevación a juicio.
La acusación
En la audiencia, la fiscal Yedro insistió con el pedido de remisión de la causa a juicio.
De acuerdo con la acusación, el 22 de enero de 2016, Varisco firmó un convenio por 1,5 millones de pesos con la Mutual Modelo, en concepto de adelanto de cuotas por saldos no cubiertos de los créditos otorgados por la entidad a empleados municipales. El convenio era para “paliar la situación financiera” que atravesaba la entidad crediticia, “originada por los saldos no cubiertos por los agentes municipales”.
Previo a la firma del convenio, apuntó la fiscal, Rolandelli, emitió un dictamen recomendando el otorgamiento del adelanto a la mutual, ello a pesar de las observaciones realizadas por el contador general del municipio, Eduardo Campedsuñé; y enseguida se emitió una orden de pago a favor de la mutual, que terminó siendo anulada porque la propia entidad crediticia inició otro expediente, al cual se le dio un trámite distinto para sortear la objeción administrativa.
De ese segundo expediente surgió la firma de un convenio fechado el 4 de febrero, por el cual se dispuso el anticipo de 1,5 millones de pesos, pero fue nuevamente objetado por el Contador General de la Municipalidad, en virtud del riesgo que existía para el recupero de los fondos.
Tampoco ahí se concretó el pago porque el 7 de julio de 2017, luego de que el diputado provincial Gustavo Guzmán (Frente para la Victoria-Paraná) denunciara la maniobra, se emitió un decreto disponiendo la desafectación de la partida de dinero.
La fiscal Yedro sostuvo en su escrito de remisión de la causa a juicio que el anticipo financiero para la Mutual Modelo “encubría una simple detracción de fondos públicos para favorecer a un particular (la mentada mutual)” y advirtió que en los convenios celebrados entre el municipio y la mutual no se consignaban “las fechas de pago de la devolución del dinero prestado (ni) intereses –en el primer contrato y decreto suscriptos– o estableciendo una tasa sumamente preferencial en la segunda fase de la ejecución”. De hecho, el segundo convenio fija un interés del 0,25 por ciento mensual y remite a la tasa establecida por el Banco Nación para los plazos fijos. Pero la fiscal advirtió que el mismo Banco Nación tenía una tasa de interés del 55 por ciento para los préstamos que otorgaba, por lo que se pudo haberse generado un perjuicio para las arcas públicas municipales.
En cuanto al rol del intendente, planteó que tuvo “un notorio y denodado interés en beneficiar a la Mutual Modelo, a través de su presidente, Ángel Emilio Miguel Picazzo, a partir del otorgamiento de un anticipo de fondos (préstamo), cuyo fundamento o motivo, no guardaba relación alguna con la finalidad que persigue la Municipalidad de Paraná, ni con los supuestos beneficios que aquella brindaría a los empleados municipales”.
En la consideración de la fiscal, hubo una “grosera incompetencia funcional” luego de que el contador Campedsuñé realizara observaciones al primer convenio y se inició “un nuevo expediente en el cual se pretendió evitar todo control administrativo” y, sobre todo, la intervención previa del contador municipal. Para ello, dice, Rolandelli emitió un dictamen “en el que se aportaban elementos falsos pero tendientes a responder a las objeciones obrantes en el primer trámite, dándole de tal manera continuidad a aquel primer intento de lograr obtener los fondos de manera totalmente irregular”, concluyó.
Un adelanto no es un préstamo
Los defensores solicitaron que se declare la nulidad del auto de remisión de la causa a juicio y, en caso de que el magistrado rechace ese planteo, que se dicte el sobreseimiento de los tres implicados en la maniobra por considerar que no cometieron ningún delito. Señalaron además que la Municipalidad le adeudaba alrededor de seis millones de pesos a la Mutual Modelo y que el fallido convenio no pretendía un préstamo de dinero sino de un adelanto de esos fondos.
El principal cuestionamiento de los defensores versó en la calificación legal escogida por la fiscalía: “Si hay negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, estamos ante un negocio lícito; pero si se trata de un fraude a la administración pública, estamos ante un negocio ilícito. Son figuras contrapuestas”, explicó Miguel Ángel Cullen, defensor de Picazzo. “Es un planteo esquizofrénico”, agregó.
El abogado Rubén Pagliotto, defensor de Varisco, dijo al respecto que “se realiza una defensa en las sombras: uno no sabe de qué defenderse” y cuestionó que si el Ministerio Público Fiscal considera que hubo un delito no hubiera formulado una acusación contra los ex intendentes José Carlos Halle y Blanca Osuna que, según dijo, hicieron las mismas operaciones.
Respecto de Rolandelli, los defensores se quejaron de que “está imputado de un delito por haber emitido un dictamen, que es para lo que ha sido designado”. Su defensor, Damián Petenatti, señaló que “el dictamen, en este caso, es facultativo y, por lo tanto, no es vinculante para la autoridad que lo solicita”, por caso, el intendente.
El mismo funcionario hizo una breve manifestación en la audiencia en la que se declaró inocente, dijo estar “tranquilo de espíritu”, aunque “preocupado” por estar acusado de un delito penal, y le pidió al juez que dicte su sobreseimiento.
Del mismo modo, Cullen consideró que había una falta de claridad en el hecho imputado y eso genera una vulneración del derecho de defensa: “¿Cómo me defiendo si el hecho que se imputó es haber realizado una presentación ante el municipio o haber firmado un convenio, todas cuestiones que son legítimas y válidas? ¿Dónde está lo ilegal?”, se preguntó el letrado, respecto del rol que se le atribuye a Picazzo.
En tanto, Emilio Fouces, también defensor de Picazzo, sostuvo que “la Fiscalía habla de adelanto y de préstamo. En realidad, cuando la Mutual Modelo efectúa el pedido de adelanto de fondos, era acreedora de la Municipalidad por casi seis millones de pesos; de modo que no hubo un perjuicio económico para el municipio”, aseguró.